El Colegio de Magistrados del Poder Judicial de La Pampa y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial se solidarizaron con el fiscal agredido en el ejercicio de su funciòn.
El fiscal Fernando Cartasegna, que había denunciado amenazas policiales, fue atacado, atado y herido en su despacho oficial. El funcionario judicial estuvo atado con la manos atrás en un silla y con signos de agresión física por espacio de media hora en su despacho.
Ante ese hecho el Colegio de Magistrados del Poder Judicial de La Pampa y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, expresaron “su más enfático rechazo contra todo acto que atente contra los Magistrados y Funcionarios judiciales en el ejercicio legítimo de su función” y expresaron “su más profunda preocupación por las agresiones sufridas por el Fiscal Fernando Cartasegna”.
Además adhirieron “en todo a lo expresado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”.
Esa organización expresó:
Quienes pretenden obtener impunidad por la vía de la violencia deben recibir una respuesta contundente por parte de los tres Poderes del Estado. No puede minimizarse el creciente número de agresiones que sufren funcionarios y magistrados, originados en el cumplimiento de las responsabilidades que les fueran confiadas por los ciudadanos.
Para construir una sociedad más pacífica es imprescindible que, junto con la persecución de los violentos, se ejerza la responsabilidad al momento de evaluar públicamente las decisiones funcionales y jurisdiccionales. La liviandad con la que muchas veces se echa sombra sobre esas actuaciones, sin cabal conocimiento de los fundamentos que las motivan, contribuyen a crear un clima de descrédito institucional y de desasosiego social.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires invita públicamente a los representantes de los poderes del estado a coordinar esfuerzos para revertir el deterioro de la percepción pública del desempeño de las instituciones que integran el sistema de administración de justicia y para jerarquizar a sus operadores, que han sido seleccionados y son controlados por los ciudadanos a través de sus representantes.
