La CTA Autónoma La Pampa, repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplica el llamado beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña condenado por delitos de lesa humanidad, dejando expedita la vía para idéntico beneficio a otros genocidas.
«Expresamos nuestro mas enérgico rechazo al fallo de la CSJ de la Nación que determina el llamado beneficio 2 x1, en este caso a un represor probadamente responsable de delitos de lesa humanidad y que con toda seguridad será extendido al resto de los condenados por genocidio durante la última dictadura militar», señala el encabezado del texto que exige Memoria, Verdad y Justicia.
A nivel nacional, el secretario de Derechos Humanos de la Central, Hugo Blasco, expresó a través de un documento, que desde la asunción del gobierno del presidente Macri se vienen sucediendo una serie de hechos que atentan contra la política de Derechos Humanos basadas en la Memoria, la Verdad y la Justicia. «Lo editorializó La Nación oportunamente planteando la necesidad del cambio en las políticas en esta materia y que mereciera el valiente repudio de los trabajadores de ese diario», recordó.
«Organismos que aportaban a la investigación para aportar al avance de las causas judiciales fueron desmantelados, se intenta instalar fuertemente la teoría de los dos demonios, definiendo al Terrorismo de Estado como consecuencia de la guerra sucia, se cuestiona el número de los desaparecidos mientras se obtura toda posibilidad de investigar a fondo los crímenes de la dictadura», denunció la Central.
Asismismo, remarcó que el fallo se centra «en el criterio de la ley penal más benigna, cuando de lo que se trata no es de delitos comunes sino de crímenes de lesa humanidad y de un genocidio».
Como bien sabemos la justicia es muy veloz para adecuarse a los nuevos tiempos políticos y este fallo va en esa dirección.
Paralelamente la Iglesia aporta lo suyo llamando a la reconciliación cuando en realidad debería dar explicaciones a la sociedad argentina acerca del rol de la institución durante el período dictatorial.
Más allá de las cuestiones jurídicas el Estado tiene la obligación indelegable de investigar con todos los medios a su alcance sobre el genocidio ocurrido en la Argentina en aquellos años.
No llegan a dos mil los procesados y son muchos menos los condenados cuando para llevar adelante semejante plan de exterminio hicieron falta decenas de miles de partícipes.
Repudiamos el fallo y la política de DDHH del Gobierno. Y respecto a la Iglesia decimos que no puede haber, para los creyentes que representan, reconciliación posible cuando no ha habido ni justicia del Estado ni arrepentimiento de los culpables.
