Bonino, a la derecha de la imagen. El hombre que se encuentra al lado de la ministra Fernanda Alosno.
En un parte de prensa oficial confirmaron que el abogado Maxmiliano Corroinca fue despedido por hacer planteos divergentes con las políticas estatales y señalar que en algunos casos no se atendían las vulneraciones de derechos provocadas por el mismo estado.
El escrito de prensa dice que «el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, explicó los motivos por los cuales se le rescindió el contrato al abogado que prestaba servicios en la Subdirección de Protección de Derechos, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia».
El comunicado le llama «servicios» a un contrato precario por el cual negrean a los trabajadores por medio de la presentación de facturas como monotributistas, una práctica que se supone terminaría con la ley 2.871 y que el actual gobierno prometió no volver a utilizar.
Ante los reclamos de delegados de ATE, prosigue el escrito oficial, por la situación, Bonino sostuvo que el profesional había sido contratado, hace 11 meses, como locación de servicios profesionales (Decreto 911/13) y que “por situaciones estrictamente laborales, que fueron advertidas por los funcionarios del área, es que se determina rescindir el contrato”.
Según Bonino, «algunos de los motivos por los cuales se toma esta decisión fueron las dificultades que presentaba para adaptarse a las directivas o lineamientos de trabajos propuestos desde la Subdirección y Dirección. Además, presentaba disconformidad con el rol del Estado en los procesos de protección de derecho, sin reconocerse como parte del mismo al desarrollar su ejercicio profesional en la Dirección».
El subsecretario hizo referencia a las declaraciones del profesional y sin querer polemizar el tema, dijo: “ha sido, desde el comienzo de la gestión, uno de los ejes y líneas de acción, la de no ocultar ninguna situación de vulneración de derechos de la que se pudiera tener conocimiento. Línea que fue respetada y cumplida por cada uno de los miembros de los equipos y profesionales que trabajan en estas áreas. El equipo de trabajo de la Subsecretaría tiene una amplia trayectoria trabajando en el abordaje de estas políticas en pos de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”. En este párrafo, el parte oficial se refiere a las denuncias por inacción ante violaciones de derechos que hizo el abogado.
En relación a una persecución ideológica o gremial, Bonino recordó que al momento de contratarlo se lo evaluó, únicamente como profesional, “todos los que trabajamos diariamente en la Subsecretaría lo hacemos motivados por mejorar la situación de la infancia en nuestra Provincia, sin pre conceptos de ningún tipo y mucho menos ideológicos”.
Corroinca es además de abogado, integrante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y del Desayunador de Villa Germinal, dos organizaciones que denuncian las violaciones de derechos en las que incurre el estado y que han señalado a la policía provincial como una de las instituciones que más vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes.
Una segunda lectura del comunicado de prensa deja en evidencia que el funcionario estaba descontento con los dichos del abogado, que avisaba que se vulneraban derechos de niños, niñas y adolescentes, sin que el estado hiciera algo para evitarlos y repararlos.
