El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez disertará el viernes 26 de mayo y abordará los fallos polémicos de la Corte Suprema, el que aplicó el «2×1» a un represor condenado por delitos de lesa humanidad y el que condenó a periodistas.
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam informó que el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez disertará el viernes 26 de mayo en la jornada «Análisis de los fallos Fontevecchia y Muiña en el marco del Estado constitucional y convencional del Derecho argentino». Durante la charla, el experto abordará dos polémicos fallos de la Corte Suprema, el que aplicó el «2×1» a un represor condenado por delitos de lesa humanidad y el que condenó a periodistas.
La actividad que comenzará a las 18 horas y es abierta a todo público es organizada por la Facultad a través del Observatorio de Derechos Humanos, con colaboración del Centro de Estudiantes. Las inscripciones se pueden realizar vía Internet.
El docente de la Facultad, experto en la materia, presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación del derecho de las víctimas” del terrorismo de Estado, al aplicar la Corte Suprema el 2×1 a un represor. La denuncia de Gil Domínguez fue la primera que se presentó ante la CIDH, luego de que la Corte Suprema resolviera beneficiar con la aplicación de la Ley del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2013 a 13 años de prisión por cinco casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.
En un fallo dividido, los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aplicaron la Ley del 2×1, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, que computa dos años por cada año preso sin condena judicial, por ser la ley más benigna y ya que los delitos de lesa humanidad son delitos que continúan en el tiempo. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda plantearon su voto en disidencia y sostuvieron que ese beneficio no es aplicable a delitos de lesa humanidad.
En el fallo Fontevecchia, del año 2001, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra periodistas quienes habían sido denunciados en 1995 por el entonces presidente Carlos Menem por haber hecho pública información sobre su hijo. Los periodistas agotadas las instancias del poder judicial local, recurrieron al sistema interamericano porque la decisión de la máxima instancia argentina era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Luego de un largo proceso internacional la CIDH, en 2011, dictaminó que, efectivamente, el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión y que, entre otras medidas, la sentencia debía ser dejada sin efecto. En un voto por mayoría, la Corte Suprema decidió en 2011 que no lo hará.
