Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocan a activistas e integrantes de organizaciones feministas, LGBT, sociales y políticas a participar de las actividades rumbo al 28 de septiembre, fecha en que se articulará, sobre todo en América Latina y el Caribe, la demanda por el derecho al aborto en los diferentes países.
Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, darán a conocer mañana en el anexo del Congreso, una campaña global rumbo al 28 de septiembre.
Esta manifestación, grito global organizado, dará a conocer a la sociedad las diferentes situaciones de vulneraciones del derecho a la salud y a la educación a las que se ven sometidas las mujeres; visibilizará la demanda política de respeto a la soberanía sobre nuestros cuerpos territorios; y elevará nuestras propuestas para la despenalización y legalización del derecho al aborto en América Latina y el Caribe.
En nuestra región solo 3 países (Cuba, Uruguay y Guyana) y un distrito (Ciudad de México) cuentan con legislación y políticas públicas que garantizan y reconocen en la interrupción voluntaria del embarazo el derecho a la salud integral de las mujeres. Sin embargo, en el resto de los países: “los Estados siguen persiguiendo, condenando y siendo responsables de que el aborto inseguro sea la principal causa por la que mueren las mujeres gestantes”, manifiestan desde la Campaña.
Sostienen que “Despenalizar y legalizar el derecho al aborto es una cuestión de salud pública. En Argentina por ejemplo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos. El 15% de esas interrupciones son de embarazos en niñas y adolescentes menores de 20 años (ya que en promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud a parir), mientras que aproximadamente la mitad es de mujeres de entre 20 y30 años. Por eso, cuando el Estado argentino decide sostener la punición discriminatoria sobre una decisión soberana de las mujeres y a partir de la omisión de sus responsabilidades institucionales, no resolver esta problemática, ¿a quienes criminaliza? Es claro, las que corren riesgos en su salud, las que van presas, las que sufren tratos degradantes y las que mueren son las desprotegidas: las jóvenes y pobres”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, indican que “El aborto practicado en condiciones de salubridad es menos riesgoso que un parto. En más del 95% de los casos es efectivo con pastillas y es una práctica que, cuando se realiza de forma idónea, no pone en riesgo futuros embarazos, no causa cáncer, ni infertilidad, ni afecta la salud mental. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito insta a los gobiernos de la región y a los poderes e instituciones a despenalizar y legalizar el derecho al aborto y garantizar el acceso en los sistemas de salud públicos y privados el acceso a la educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Para garantizar efectivamente la salud de las mujeres, derecho humano básico, el gobierno nacional debe implementar la provisión universal de los servicios de anticoncepción (Ley 25.673), el cumplimiento de los abortos legales (art.86 inc. 1 y 2 del CP), así como el derecho y acceso a la educación sexual integral en todas las escuelas y niveles (Ley 26.150)”.
Exigen al Congreso de la Nación que “en defensa del derecho a la salud de las mujeres ponga en debate y sancione nuestro Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que viene siendo postergado desde hace más de una década. Y en América Latina y el Caribe elevaremos la demanda ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, articulando la potencia feminista desde la coordinación de la Campaña 28 de Septiembre”.
