Tras dos instancias judiciales en las que se ratificó su culpabilidad, la jueza Florencia Maza resaltó que la continuidad como ministro depende de “una decisión política”. Los actores principales con poder de decisión, en el Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué van a hacer?
Juan Carlos Tierno fue condenado a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en primera instancia y fue ratificado ayer por el Tribunal de Impugnación Penal. Antes de ello recurrió a cuanta chicana judicial pudo para evitar el juicio y hasta se declaró en rebeldía por considerar que los jueces no estaban a su altura por tratarse de sustitutos.
Finalmente, y luego de pasar un fin de semana en la Alcaidía, Tierno fue sentado en el banquillo de los acusados y condenado en diciembre de 2014. Hasta ese día, desde enero de 2008, frenó el accionar de la justicia.
Tras la sentencia, recurrió todo lo que pudo recurrir para evitar que el fallo quedara firme y tuviera que cumplir con la sanción. Eso le permitió ejercer el cargo de ministro y, si quiere seguir apelando, podrá continuar frente a la cartera de Seguridad.
Condenado por abuso de autoridad al atribuirse las funciones del Concejo Deliberante de Santa Rosa para sancionar un presupuesto en su breve paso por la municipalidad, Tierno tomó una decisión que sabe, de manual, que no podía tomarla. Acá, en la provincia, y el país, el presupuesto, es una potestad del Poder Legislativo.
Por una estrategia electoral para mellar las posibilidades de Oscar Mario Jorge (quien renunció ante de la contienda y lo sucedió Raúl Ortiz) en la intendencia de Santa Rosa y de Fabián Bruna en la interna por la gobernación, Carlos Verna lo llamó a él y a Luis Larrañaga para ofrecerles que a la cabeza de sus listas llevaran la fórmula a la gobernación que luego sería ratificada en las generales y lo colocara a él y a Mariano Fernández en los dos principales cargos de La Pampa.
El armado fue todo un éxito y las colectoras le permitieron achicar la distancia con el candidato del jorgismo e imponerse por el amplio margen que obtuvo en General Pico. En ese resultado, la alianza con Tierno, fue crucial. A cambio, le creó el Ministerio de Seguridad y lo nombró al frente.
El actual ministro, además de estar condenado, acumuló al menos una decena de pedidos de informes del Poder Legislativo, ese que le gusta no respetar, por denuncias de apremios, represión y brutalidad policial.
Solo tras el asesinato de un cazador, los oficialistas comandados por Espartaco Marín cedieron a su interpelación en una puesta en escena de un personaje de una comedia trágica, donde se burló de todos los que no estaban dispuestos a salvarle la ropa y hasta se dio el lujo de hacer la pantomima de pedirle perdón al joven diputado que conduce el bloque del PJ, a quien había llamado drogadicto, sin privarse de deslizar que el marinsimo era el cómplice del narcotráfico en la provincia.
Hasta ahora, nada importó. La policía despliega su impunidad bajo las órdenes de Tierno y la padecen las y los jóvenes empobrecidos y los atrevidos a reclamar que se respeten las garantías y derechos esenciales.
El fallo del Tribunal de Impugnación Penal de ayer agrega un elemento más en esta historia. Con un escaso número de juicios que se volvieron a hacer, y cuya sentencia se revirtió, el poder político tiene a su cargo la determinación de permitirle que siga vulnerando la Constitución Nacional y sus instituciones, o la de ponerle un freno tardío.
En la Legislatura, los peronistas alineados con la conducción del gobernador que en los últimos tiempos ha dado la mayor muestra de ordenamiento interno y de liderazgo partidario, dicen que Verna lo puso y Verna lo puede sacar. Es cierto, pero los diputados, y aquí la responsabilidad ya no es de uno sino de toda una bancada, también lo pudieron hacer y no quisieron.
Vale preguntarse si un ciudadano o ciudadana común que cometa un delito tiene las mismas posibilidades de escaparle a la justicia y cuenta con tanto apoyo corporativo. Presionada por la prensa, ávida de saber las implicancias del fallo, Florencia Maza lo dijo en pocas palabras: “Tierno puede recurrir a organismos internacionales, pero cuando se agoten las instancias nacionales, no podría ejercer cargos públicos. De todas maneras, lo que vaya a ocurrir ahora es una decisión política”, dijo.
Y la decisión política la tiene el Ejecutivo donde los principales funcionarios y referentes del peronismo pueden tener su influencia en la determinación. Condenado, ratificado y con una gestión que tiene hasta un muerto, ¿qué van a hacer?, ¿lo mismo de siempre?
JJB
