El legislador por la UCR, Daniel Kroneberger, señaló la importancia de la sesión donde se amplió la noción que se tiene sobre las víctimas en el proceso.
“Es un cambio de paradigma en lo que es el proceso penal. Hubo un gran acuerdo político, para avanzar en el derecho a que los familiares de las víctimas tengan la posibilidad de tener un patrocinio por parte del Estado”, dijo.
“Estamos reparando desde el punto de vista legislativa, una deuda que tenía el Estado, al vacío que existía en la búsqueda de justicia, verdad y con celeridad. Estamos reconociendo una serie de derechos a las víctimas, como son que se le reciba la denuncia en forma inmediata, el recibir un trato digno, el derecho a intervenir como querellante en particular o actor civil en el procedimiento penal, y el derecho a requerir medidas de protección de seguridad a sus familiares”, añadió.
“Esta nueva norma modifica el Código de Procedimiento Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Estamos reforzando el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa, estamos haciendo operativo el derecho de asistencia y patrocinio jurídico a la víctima del delito”, enfatizó.
Como se recordará, el proyecto surgió de la marcha realizada en octubre bajo la consigna “Para que no te pase”, que juntó a víctimas de sucesos emblemáticos, como Carolina Píparo -baleada en una salidera bancaria- y María Luján Rey -madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que fallecieron en la tragedia de Once.
Una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos –con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.
También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.
A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.
El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.
