Foto: Gastón Borasio
Jorge Bovenhí solicitó para el intendente de Lonquimay, el subcomisario y el dueño del cabaré de Lonquimay la pena de 5 años de prisión. Para el hermano de este último, Eduardo Fernández, y para Brian Saxs pidió 2. Las defensas solicitaron la absolución.
Este lunes se escucharon los alegatos en el juicio por trata de personas que se le sigue al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Además del jefe comunal, están acusados el subcomisario Carlos Alanis como partícipe necesario, el dueño del cabaré Good Night, Carlos Fernández, como autor principal, y su hermano Eduardo y Brian Saxs, como partícipes secundarios, al ser los encargados del lugar.
El fiscal Jorge Bonvehí pidió 5 años de prisión para Carlos Fernández, como autor, y la misma pena para Rogers y Alanis, como partícipes necesarios. Para Eduardo Fernández y para Saxs pidió 2 años de prisión, como partícipes secundarios.
Por otra parte, las defensas plantearon varias nulidades y solicitaron que todos los acusados sean absueltos.
Los alegatos se postergaron hasta hoy porque el fiscal Jorge Bonvehí amplió la acusación -añadió tres víctimas a las seis originales- y Alanis y Fernández pidieron declarar en indagatoria. El dueño del local intentó desligarse de la actividad que había en el lugar y sostuvo que “los pases” los manejaban las coperas y que si había prostitución eso sucedía cuando él cerraba, sin su consentimiento.
Los abogados defensores de los acusados son Sebastián País Rojo, que defiende a Rogers; Juan Carlos de la Vega, a Fernández -que declaró desoyendo el consejo del letrado-, y Boris Vlasich al policía Alanis.
La causa llegó hasta el juicio con seis víctimas documentadas. Durante el debate solo declararon tres y otras tres no pudieron ser ubicadas. Pero el fiscal consideró que aparecieron pruebas de que también fueron víctimas en el relato de tres testigos. Inclusive en uno de los casos, de una versión distinta del delito de trata, captación (la acusación original es por acogimiento) para sostener una casa de tolerancia, ya que la mujer contó que le hicieron una oferta laboral engañosa.
El delito por el cual se los acusa prevé penas de cuatro años de prisión como mínimo y de doce como máximo, según la legislación en la que está encuadrado el delito de trata de personas. Como los hechos que se juzgan ocurrieron durante 2009, se aplica en este caso la anterior redacción del Código Penal. En 2012 se introdujeron modificaciones a las normas, a través del Congreso Nacional, y a partir de ese momento el delito de trata prevé penas de ocho años de cárcel como mínimo.
Como se recordará, el cabaré fue habilitado en 2001 como salón de baile. Pero en 2009, después de dos denuncias, hubo un allanamiento policial y se inició una causa de alto impacto social. Rogers salió en ese momento a defender la actividad del cabaré porque el lugar ofrecía “contención” a camioneros y otras personas.
Sin embargo, la investigación judicial, después de idas y vueltas, derivó en un procesamiento por trata de personas vulnerables, a las que se explotaba sexualmente, con la colaboración del jefe policial y el intendente, que garantizaban la habilitación y otorgaban libretas sanitarias a las coperas.
