La Cámara de Casación rechazó la negativa al pedido de prisión domiciliaria y le dio la razón al planteo del jefe de la Policía pampeana durante la dictadura, procesado por delitos de lesa humanidad. El represor dejará la cárcel y volverá a su domicilio.
Los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma, de la Sala I, de Casación Penal, rechazaron la denegatoria al pedido de prisión domiciliaria que había formulado Baraldini. De esta manera, el represor dejará la cárcel y se irá a su casa.
Casación resolvió en un expediente que había elevado la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca con el recurso de casación presentado por el represor Luis Enrique Baraldini, exjefe de la Policía de La Pampa durante la última dictadura militar, que reclamó que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y a problemas de salud.
La cámara bahinese ya había rechazado el pedido que hizo Baraldini a través del defensor oficial Federico Miller. Sin embargo, la defensa del represor, que está procesado y a la espera de que se fije fecha para el juicio oral y público de la causa denominada Subzona 14 II, interpuso un recurso de casación contra esa resolución. El 11 de noviembre de 2015 la cámara lo concedió y recién ahora la Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión que favorece al represor.
«La Amalia», lugar de detención de Baraldini, en la Colonia Penal de Santa Rosa
El pedido de prisión domiciliaria había sido rechazado en primera instancia por la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre. Pero esa resolución fue apelada por el defensor oficial, con el argumento de que no existía riesgo de que el represor se fugase. Sin embargo, el rechazo quedó ratificado por la Cámara bahiense.
La defensa de Baraldini adujo que el ámbito penitenciario tiene falencias para concretar un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardíaca y cerebrovascular que padece el imputado. “El área de salud no ofrece las garantías de salubridad adecuadas para tratar el copioso cuadro, impidiendo, en todos los casos, una recuperación apropiada”, alegó el defensor.
En julio de 2015 el fiscal federal Juan José Baric solicitó la elevación a juicio oral de una parte de la causa Subzona 14 II, en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que quedaron afuera del primer juicio. Están imputados los represores que ya fueron condenados y un militar, un médico y siete policías. Uno de los principales acusados es Baraldini, que no estuvo en el banquillo durante el primer juicio, la segunda mitad del año 2010, porque permanecía prófugo, oculto en Bolivia.
A Baraldini, procesado por delitos de lesa humanidad, ya le habían denegado tres veces los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud.
Las condiciones de detención del represor ya se habían aliviado cuando el Servicio Penitenciario Federal dispuso que dejara el pabellón que ocupaba en la Colonia Penal 4, para alojarlo en el complejo La Amalia, un régimen de detención semiabierto, creado para ubicar a los presos que están próximos a recuperar su libertad.
En diciembre del 2016, los jueces Pablo Candisano Mera y Mirta Susana Filipuzzi firmaron la resolución ratificando el rechazo del Juzgado Federal de Santa Rosa al habeas corpus que había presentado Sandra Mabel Baraldini. Argumentaron que ese tipo de presentación no puede hacerse, es improcedente, cuando el acto cuestionado “tiene su origen en una autoridad judicial” y no en una acción de la Policía.
Aquella vez, los magistrados recordaron que Baraldini está procesado en principio por delitos de lesa humanidad y que el 7 de julio de 2016, fue procesado además en el Juzgado Federal de Santa Rosa por delitos sexuales cometidos contra mujeres secuestradas en la provincia durante la dictadura. Además está procesado por otros 193 casos de delitos de lesa humanidad: asociación ilícita, secuestros, torturas.
Baraldini estuvo prófugo desde 2003, cuando se reabrió la causa de la Subzona 14, y fue capturado el 24 de diciembre de 2011 en Bolivia y extraditado a nuestro país.
Según el procesamiento, el represor fue jefe de la Sección Inteligencia del Destacamento 101 de Toay e integrante del Estado Mayor del Comando de la Subzona 14 primero y como Jefe de la Policía de La Pampa tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Se consideró que tuvo un rol “central” en el andamiaje del terrorismo de estado en la provincia.
