La gobernador María Eugenia Vial demandó en la Corte Suprema que se modifique el Fondo del Conurbano Bonaerense, lo que perjudicará al resto de las provincias argentinas. La Pampa se verá afectada en más de 750 millones de pesos. Carlos Verna rechazará el reclamo de la gobernadora de Buenos Aires.
El gobernador de La Pampa fue invitado para participar, el 3 de agosto, de la reunión de un grupo de gobernadores en la Casa de Entre Ríos, en Capital Federal, para tratar la demanda de la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia en la que solicita que se declare inconstitucional el inciso “b” de la Ley 24.621 del Impuesto a las Ganancias, conocido hoy como “Fondo del Conurbano Bonaerense”. A través de este ítem, el 10% del impuesto en cuestión se distribuía en territorio de la provincia de Buenos Aires y, a partir del 96 cambió, Buenos Aires se queda con un monto fijo de 650 millones y el excedente del 10% se reparte al resto de provincias.
El Gobierno bonaerense también va por la inconstitucionalidad del inciso “d” de la ley 24.621 del Impuesto a las Ganancias, este indica que la distribución del 4% de ese gravamen se reparta entre las provincias excluyendo a Buenos Aires; y el distribución se programa en función del Índice de «Necesidades Insatisfechas» a partir de la medición de la pobreza de cada provincia. En esta lista, la administración de las gestiones políticas de La Pampa la dejan con el menor indicador en la escala de pobreza.
El impacto negativo para nuestra Provincia supera los $750 millones de pesos anuales en función de ese 10%, según el ingreso previsto en el corriente año (2017). Y afecta a todas las provincias en distinta forma, resultando la provincia de Buenos Aires como única beneficiada.
El gobernador Verna propondrá un explícito rechazo político a esta posición, porque el centralismo que proponen los funcionarios bonaerenses, y que se explica por consonancia en el desprecio del federalismo que manifiesta a cada paso el Gobierno nacional, vuelve a poner a La Pampa en una encrucijada jurídica para defender sus recursos, si fuera necesario, a través de la solución jurídica que representa una nueva demanda. Con fundamentos sobrados para integrar la masa coparticipable del 10% de Ganancias y la del 4% que se distribuye por el índice de pobreza, sumándose además, ahora sí, al reparto del 2% de los ATN y al 20% que se destina a la ANSES.
