Autoridades de Vialidad Provincial y el titular de la Administración Provincial de Energía, Miguel Marcos, concurrieron a la comisión de Hacienda y Presupuesto, por el incremento de partidas presupuestarias en sus organismos.
Este miércoles autoridades de Vialidad Provincial asistieron a la comisión de Hacienda y Presupuesto para explicar un proyecto que envió el Ejecutivo sobre el incremento de partidas presupuestarias de un total de 112 millones 28 mil pesos, por el retraso de obras que generaron superávit. Se sacó despacho favorable por unanimidad.
Las autoridades indicaron que durante el año pasado “Vialidad inició contrataciones que, al momento de enviar el proyecto de Presupuesto, se presumía se iban a ejecutar, y por diferentes circunstancias no se logró concretar. Como resultado, hubo una menor ejecución del Presupuesto 2016, originando un excedente de superávit de ejercicios anteriores superior al informado en el proyecto del Presupuesto 2017”, explicaron ante los diputados.
Posteriormente, ingresó a la comisión el titular de la Administración Provincial de Energía, Miguel Marcos, para fundamentar, también, los incrementos presupuestarios que ascienden a 400 millones de pesos destinados a su organismo. Dicho proyecto, que fue enviado por el gobierno provincial, tuvo el aval de todos los bloques.
“Esta necesidad se da como resultado de los incrementos en el costo mayorista de la energía eléctrica que está enfrentando la Administración Provincial de Energía (APE) desde los primeros meses del año y que fueran determinados por el Estado Nacional, y no contemplados en el Presupuesto 2017”, argumentó.
Por otro lado, se sacaron despachos favorables por unanimidad a tres proyectos que anteriormente habían sido dictaminados en otras comisiones. Primero, al convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y de Provincia, por el que Nación otorga la suma de 1 millón 700 mil pesos para paliar las zonas afectas por los sucesos climáticos del segundo semestre del año pasado.
Segundo, al proyecto por el que declara la Emergencia en el manejo de los residuos patológicos. Y por último, a la iniciativa por la que se autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar obras en las distintas jurisdicciones dentro de la provincia.
Legisladores de plenario conformes con policía científica
Se constituyó un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, y emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto que envió el Poder Ejecutivo donde propone la creación de agencias de investigación Científica como organismos del Poder Judicial, en la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.
El diputado del FrePam, Abel Sabarots manifestó que “es un avance especializar un órgano de estas características. Por otro lado, quedamos rengos porque en Victorica, es decir la Cuarta Circunscripción provincial, queda pendiente de esto. Sin embargo el ministro ya adelantó que tenían la intención de incluir hasta a la Quinta Circunscripción, así que estamos de acuerdo”, concluyó.
Según señala la iniciativa, “contribuirá al fortalecimiento institucional de los distintos poderes del Estados”. En este sentido, advierte que “una policía criminal inteligente debe jerarquizar el análisis científico y especializado de las pruebas, posibilitando así la persecución del delito organizado”. Por esto, se permitirá que el titular del Ministerio Público “reoriente sus recursos humanos a la investigación de aquellos hecho complejos y graves”
Las Agencias Científicas, que dependerán de la Procuración General y cuyos integrantes estarán comprendidos en el régimen aplicable del Poder Judicial, actuarán bajo la órbita de los Fiscales Generales, Fiscales, Fiscales Adjuntos, del Ministerio Público de Defensa y de los Jueves Provinciales. Tendrán como función principal participar en la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos de prueba, así como en la asistencia técnica y científica para el desarrollo de las investigaciones.
Otro de los puntos que se destacan entre sus funciones, es la de “intervenir en la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad”. Además, según prevé el proyecto, “contribuirá en la elaboración de los diseños de política criminal que efectúe la Procuración General mediante la generación de datos estadísticos”.
