El ex jefe de la Policía pampeana presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura a los integrantes del Tribunal Oral Federal que presidirán el juicio en donde el ex represor será juzgado por delitos de lesa humanidad perpetuados durante el gobierno de facto.
Luis Enrique Baraldini será juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cuando se desempeñaba como Jefe de la Policía de La Pampa, por los jueces Jose Luis Tripputi, Marcos Javier Aguerrido, Pablo Díaz Lacava y la secretaria del Tribunal, Alina Trento. El pocos días del inicio del proceso, el represor pidió el juicio político para los magistrados ante el Consejo de la Magistratura, por considerar que «irregular» el procedimiento de extradición de Bolivia, país a donde se había fugado y por lo cual no enfrentó los cargos correspondientes en el primer tramo de los juicios Sub Zona 14, en donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represivas en territorio pampeano.
Baraldini era el responsable del grupo de tareas de la Policía que actuaba en nuestra provincia. Los miembros de aquel escuadrón de tareas fueron condenados con penas de entre 7 y 20 años de prisión en el primer tramo de los juicios de lesa en La Pampa.
El represor acusó que se sintió «victima de un secuestro» durante el proceso de arresto y extradición desde Bolivia en diciembre de 2011. Desde aquel entonces se encuentra en prisión a la espera del inicio de la segunda etapa de los juicios de la Sub Zona 14 II, en donde deberá rendir cuentas finalmente de su accionar en los oscuros años de la dictadura.
En el escrito señala que todo el procedimiento que lo involucra fue «irregular» y que los funcionarios judiciales denunciados han avalado el proceso que incluye negaciones de excarcelación, peticiones de reducción de la prisión preventiva y generaron una idea de que «estaba prófugo de la justicia», dijo Baraldini, quien omitió mencionar que circulaba en Bolivia con una identificación falsa.
Además, acompañó el escrito con una serie actividades «públicas y abiertas» desarrolladas en territorio boliviano y hasta donde fuera reconocido. La situación se asemeja a la de otros ex criminales de guerra y represores que escaparon para evitar el juzgamiento de los tribunales correspondientes, y en donde los testigos desconocían por completo que estaban ante un genocida.
“En todos los juicios, los magistrados siempre han resuelto en perjuicio de mi defendido, dando como fundamento su aparente peligrosidad, entorpecimiento o elusión a la ley que no es ni ha sido tal, porque nunca estuvo prófugo u obstaculizó la acción de la justicia”, reclamó el defensor del represor quien es imputado por haber cometido al menos unos 200 delitos de lesa humanidad.
