En la previa del inicio del juicio por la subzona 14 II, funcionarios del gobierno de La Pampa como José Pablo Bensusán y Antonio Curciarello destacaron la importancia de la realización del proceso judicial.
Distintas personalidades políticas y sociales se manifestaron a favor del inicio de la segunda etapa del juicio conocido como Sub Zona 14 II. Momentos antes, del inicio del juicio, el rector de la Universidad de La Pampa, Sergio Baudino, manifestó que “la Universidad de La Pampa es querellante en esta segunda instancia del juicio y venimos a acompañar el inicio del juicio. El abogado patrocinante de la Universidad es Franco Catalani, y estamos con la expectativa del inicio de este proceso que se lleva adelante en el país,”, dijo a Plan B.
“Esto es muy importante para trabajar por la búsqueda de la verdad y la justicia, para la construcción de la memoria y su traslado a los jóvenes y al sistema educativa, para que entiendan qué nos pasó, para llegar al extremos de las torturas, secuestros y desaparición de personas y tráfico de niños, de alguna manera”, señaló.
“Es necesario entender que hay responsables, que hubo un plan sistemático llevado adelante desde las más altas estructuras del Estado, para que Nunca Más nos vuelva a suceder, sobre todo en este momento, en que algunas instancias se ponen en dudas este proceso y es necesario construir memoria, mediante la justicia para que no nos vuelva a suceder esto”, agregó.
Por su parte, Víctor Giavedoni del Movimiento por los Derechos Humanos, expresó que “el juicio implica una parte de la historia de La Pampa y es la oportunidad de escribirla con la voz de los sobrevivientes que sufrieron la represión y tortura y poder enjuiciar a los responsables de este genocidio en la última dictadura”, dijo.
“En este contexto nacional de negacionismo de la Dictadura Militar, las organizaciones sociales reiteramos que fueron 30.000 desaparecidos, que fue un genocidio organizado por el Estado terrorista y pedir justicia es llegar a los juicios, poder decirlo y juzgarlos. Y si la justicia no les da la cárcel común, resistiremos esa decisión, porque tienen que estar en cárcel común, como venía sucediendo.
Quien también habló, previo a su ingreso al juicio fue el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, quien resaltó la importancia de comienzo del juicio oral. “Desde el gobierno de La Pampa de Derechos Humanos estamos con los servicios técnicos a disposición, para lo que se requiera”, dijo a Plan B.
Consultado sobre la destitución de la Policía de La Pampa del Comisario Mayor de Policía Antonio Oscar Yorio y Comisario Mayor (R) Carlos Alberto Reinhart, Bensusán explicó que se cumplió un trámite administrativo. “Finalmente el lunes el Gobernador dio de baja a los dos ex policías, eran expedientes que venían tramitándose desde el gobierno anterior”, aclaró.
Otro de los funcionarios provinciales presentes en representación del gobierno de La Pampa, fue el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, quien resaltó el inicio del segundo juicio contra represores de la Dictadura Militar. “Ahora empezó la etapa del debate oral. Hay una gran cantidad de víctimas y hechos que se investigan y se logró llegara esta instancia”, dijo.
“Es un juicio emblemático y que forma identidad para La Pampa. Ya quedó demostrado que la provincia no fue una isla en la dictadura militar y el juicio anterior así lo demostró. Ahora esperamos también condenas ejemplares en un juicio ajustado a derecho, algo que los genocidas no hicieron mientras actuaron en nombre del Estado”, agregó.
—¿Qué significa para la democracia que hablemos de terrorismo de estado y hace casi un mes que se busca a Santiago Maldonado?
—Son las deudas pendientes que tiene nuestra democracia. Estamos hablando de una desaparición forzada, donde la mayoría de los testigos aseguran que fue detenido por Gendarmería, que como fuerza del estado, tiene el poder de policía y la potestad del uso de la fuerza para garantizar el ejercicio de un derecho y hoy está sospechada de ser la responsabilidad de que no esté Santiago. Es lamentable, si se comprueba que esto es así.
Curciarello agregó: “la justicia ya cambió la carátula a desaparición forzada y un juez ordenó un desalojo, pero eso no ordena que se desaparezca a una persona. La sociedad está empujando para que haya una resolución de este caso y claramente, habrá connotaciones políticas”, cerró.
