El fiscal Alejandro Cantaro negó que Baraldini sea víctima de un juicio político, como plantea la defensa y dijo que tiene todas las garantías para su defensa. Recordó que el proceso judicial se lleva a cabo en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado. “Todavía se discute si una persona se está ocultando por su propia voluntad”, criticó.
En uno de los intervalos de la segunda jornada por el juicio por la Sub Zona 14 II, Plan B Noticias dialogó con el fiscal Alejandro Cantaro quien reflexionó sobre el contexto actual del juicio.
“Esto coincide dolorosamente con el período de desaparición y no aparición con vida de Santiago Maldonado y que no indica sobre los riesgos de creer que estos periodos tremendos en la Argentina, han terminado definitivamente y como ha quedado inserto en el tejido social esta cuestión donde puede discutirse todavía si una persona se está ocultando por su propia voluntad”, precisó.
“No puedo evitar conectar esto, luego de escuchar la lectura de los hechos y las responsabilidades penales, con localidades pequeñas con 12 o 15 personas apremiadas ilegalmente por la ley de subversión económica y con 20 días de privación ilegal de la libertad y tormentos, porque prestaban dinero. Digo, esta cuestión donde, además de todo lo que escuchamos, tenía esta cosa de saneamiento moral”, explicó.
Cantaro agregó que desde hace un año y medio está preparando este juicio. No voy a pretender que sienta lo que sienten los pampeanos con esto, pero he logrado comprometerme y consustanciarme con estos hechos graves en La Pampa y en todo el país”, agregó.
—¿Qué espera que ocurra en este juicio?
—Como final esperamos que quien ha estado prófugo en el primer juicio y ahora enfrenta las acusaciones más graves, que es Baraldini y el resto de los militares y policías que hicieron un alarde de su bestialidad, tengan las condenas, ya que demostraban en sus pretensiones de ascenso y se dirigían a sus superiores, relatando todos su éxitos en la lucha llamada antisubversiva.
Cantaro agregó: “creo que con esta lectura vamos viendo como demostraban toda su ferocidad. Algunos de los militares fueron figuras carapintadas en levantamientos militares contra Alfonsín y quedará demostrado a lo largo del juicio las responsabilidades penales que pretendemos y esperamos que se nos haga lugar a las condenas que vamos a solicitar”, dijo.
—¿Cree que los imputados mostrarán arrepentimiento?
—Los ha visto. Cuando el tribunal daba sus apellidos, se paraban en forma militar, casi estoica, lejos de un arrepentimiento. Mi intuición es que se advierte de una actitud soberbia y de altanería, como sintiéndose víctima de una persecución que el Estado de Derecho contra ellos. Al leer el documento final de la Dictadura Cívico Militar, decía haber conseguido el logro de haber reencausado ética y moralmente a la sociedad argentina.
—¿Le da otro marco que los acusados lleguen el libertad al juicio?
—Sí le da otro marco, le hemos solicitado al tribunal que disponga otra medida, una separación con los querellantes. Pumilla me dijo ayer que estaba al lado de Baraldini, yendo al baño. Para la persona que ha sido privada de su libertad y tiene secuelas de aquello, estar al lado de quien ha tenido esta violencia contra él es una situación terrible.
—El abogado de Baraldini dijo que el juicio es político y que faltaría juzgar a todos los civiles, para que el juicio sea completo.
—No voy a compartir en absoluto de que sea un preso político. Baraldini ha gozado de todas las ventajas que concede el Estado de Derecho. Hoy se describe la actitud feroz de Baraldini y él puede plantear todas las garantías constitucionales que el estado de derecho le da. Esto es lo más lejos de un juicio político. Y sí, el paso siguiente y ojalá que Argentina pueda darlos, son las responsabilidades judiciales y políticas de los civiles, por eso se llama una dictadura cívico militar.
—¿Los políticos se salvan, al juzgarse hecho civiles enmarcados en un decreto de Isabel Martínez de Perón o se cuestiona ese decreto?
—Ya ha quedado claro que ese doble juego de aparente legalidad y verdadera efectividad de los decretos, no dieron la aparente legalidad y pusieron en resalto que todo lo perseguido era esto. Yo intentaba entender cuál era la razón de los secuestros y torturas de las autoridades de la Escuela Hogar y al caminar por Santa Rosa, veo que eso ahora es del Ejército. ¿Qué puede salvar o sanear un decreto que manda a exterminar un fenómeno de guerrilla urbana o rural y que termina interviniendo en la detención y tormentos a una persona que en la justicia provincial estaba acusada de haber matado a su esposa, y como no se había esclarecido, a esto se extendía el pretendido saneamiento moral de Argentina. Creo que no hay ninguna liberación que haya normas jurídicas.
En este sentido, Cantaro agregó: “también el nazismo tuvo normas jurídicas y esto es lo que los juristas vamos a tener que replantearnos en algún momento, esto de vigencias de normas jurídicas que contravienen elementales Derechos Humanos que están consagrados y que Argentina está obligada a respetar y legislar bajo estas reglas y principios de Derecho Internacional”, dijo.
—Laura Armaño, defensora de algunos de los acusados dijo en febrero que podría volver a citar al ex gobernador Rubén Marín, ¿se conoce si será citado?
—No lo sabemos. Nosotros dividimos los casos en 24 grupos y hay uno de ellos, llamado Marín y Aragonés que lo presentamos. Sabemos que en el juicio uno, la querella no quiso tenerlo a Aragonés como víctima, sino que era una coraza para denunciar a personas detenidas. El Ministerio Público Fiscal insistió con que Marín y Aragonés, que aparecen como víctimas, sean citados como testigos y dependerá, como con todos los testigos.
—¿No pueden pasar a ser acusados?
—No ocurrió en el juicio uno y no hemos querido que tuviera una variación en el juicio dos.
—¿Cómo describe el actual contexto social para el juicio?
—Claramente, quienes han seguido las instancias del juicio uno, se puede advertir la menor presencia de gente siguiendo el juicio y este juicio se da en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado y en un cambio relevante, cuando el Ejecutivo ha manifestado, cuantas veces ha podido el número de desaparecidos o si había ocurrido esta fractura del tejido social. El contexto incide en la realización del juicio y esto cambia.
—¿Con este contexto y la edad de los acusados, la cárcel común es una quimera?
—No es una quimera ni una utopía y nosotros vamos a insistir con esto. Yo he visto a los imputados hoy y ninguno pareciera que por su edad, que tuviera una limitación física para completar su condena en la cárcel y vamos a insistir con eso.
