Varias víctimas atestiguaron que Miguel Ángel Aragón, Héctor Savioli, Máximo Pérez Oneto y Atilio Cornachione, les brindaban atención y recomendaban quien podía seguir siendo sometido a tormentos. Sin embargo, uno solo de ellos está sentado entre los acusados.
El paso del tiempo jugó a favor de la impunidad de los acusados de ser parte del terrorismo de estado en todo el país. Y La Pampa no fue la excepción. En el primer juicio un informe del ejército salvó al médico Miguel ángel Aragón, mencionado por varias víctimas como el que las revisaba para determinar su estado de salud y suspender o no las sesiones de tormentos.
Los testimonios que acreditan la participación de los profesionales de la salud en la asistencia a los prisioneros torturados fue publicada por primera vez en el libro «La Dictadura Militar y su incidencia en La Pampa», escrito por el militante comunista y ex dirigente de ATE, Marcelino Decoroso Acosta, en su trabajo «Historia y Memoria». La publicación se originó luego de una selección de textos en el marco del Certamen de Literatura Vivir en Democracia con Justicia Social de 1998, editado por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa.
Uno de los testimonios que señaló a Aragón es el de Hermelinda Gándara, celadora en el centro clandestino de detención que funcionó en la Seccional Primera, que fue el edificio de la Unidad Regional durante la dictadura.
Precisamente, Gándara indicó que Aragón asistió durante los días de tortura a María Zulema Arizu.
Arizu era una maestra de la Escuela Hogar de Paso de los Algarrobos secuestrada por un grupo de tareas que integró el ex comisario Roberto Fiorucci y el oficial Hugo Roberto Marenchino. María Zulema Arizu tenía un embarazo de unos seis meses al momento de ser sometida a las torturas.
“Esta víctima era asistida aún de noche por los médicos represores Miguel Aragón y (Atilio) Cornachione, pertenecientes al Regimiento 101 de Toay, quienes indicaban el tratamiento y dieta de la misma”, así lo describe Marcelino Acosta en su libro “La dictadura militar y su incidencia en La Pampa”, investigación realizada en base a los testimonios del sumario y publicada por la Secretaría de Cultura de la Provincia.
Otra detenida que pasó por la Seccional Primera es Ana María Martínez, una embarazada que llegó trasladada por un militar de Buenos Aires. La mujer fue internada en la maternidad del Molas. La celadora Nilda Ester Stork -en el sumario administrativo- relató que Martínez tenía marcas de aplicación de picana en los pezones. El médico Miguel Aragón junto a Juan Savioli y Atilio Cornachione eran los responsables de hacer el seguimiento de la mujer.
Raquel Barabaschi -estudiante de la UTN de General Pico-, también fue atendida por el médico Miguel Aragón, junto a Savioli, Cornachione y Pérez Oneto.
En la actualidad, el único médico que está sentado en el banquillo de los acusados es Máximo Pérez Oneto, de quien el fiscal dijo que “tenía contacto frecuente con los detenidos a disposición de la Subzona 1.4, respecto de quienes, lejos de honrar los mandamientos que juro defender a la hora de asumir su profesión de médico y, al menos, de intentar aliviar las consecuencias sufridas en las sesiones de tortura, mantenía o agravaba esas condiciones con su accionar u omitiendo realizar las curaciones o indicar los tratamientos correspodientes, tal como lo sostuviera oportunamente el juzgado federal santarroseño “…coadyuvó a las condiciones inhumanas de detención a las que fueron sometidas las víctimas…”.
La investigación de Decoroso Acosta llegó a transformase en 2016 en una denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) ante el Colegio Médico. Incluso, en el primer juicio realizado en 2010, se desligó a Aragón por un informe del Ejército Argentino y se mandó a investigar a Pérez Onetto.
Tras la destacable labor de Carina Salvay en el histórico juico a los represores, en 2015 la LADH designó a un nuevo abogado, para la segunda etapa, pero por cuestiones organizativas no forma parte de las querellas que impulsan las acusaciones desde el 29 de agosto y la investigación de Acosta puede quedar trunca si el Partido Comunista, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de la Pampa, Roberto Quartucci, Juan Carlos Pumilla o Raquel Barabaschi, no hacen el planteo en el Colegio de Abogados donde se lleva a cabo el nuevo proceso judicial.
