El Ministerio de Agroindustria relanzó el programa «Cambio Rural», que tiene más de 20 años asistiendo a grupos de pequeños agricultores, pero en la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial del 6 de septiembre, excluye a miles de familias productoras de origen de países limítrofes, que día a día garantizan la producción de hortalizas en muchas provincias. Por esto, Buryaile fue denunciado ante el INADI.
Como parte de las políticas públicas orientadas hacia el sector, se facilita la asesoría de un especialista a los grupos de productores asociados, algo necesario para llevar a cabo la actividad, en el que el Estado se hace cargo de pagar la mitad del salario y los agricultores familiares se responsabilizan por la parte restante.
El cambio que introduce Buryaile a partir del relanzamiento de Cambio Rural, se inscribe en la linea de recorte y achicamiento que se viene llevando adelante desde que asumió Cambiemos. Tal es el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, que se encuentra completamente desfinanciada, «en general trabando las pocas herramientas que tiene como el Monotributo Social Agropecuario y el RENAF, herramientas por la cuales miles de pequeños productores acceden a derechos básicos como jubilación y obra social», denunció la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Hace un mes aproximadamente se dieron de baja 780 grupos de este programa en el país. Para peor, con esta nueva resolución, el Ministerio de Agroindustria establece que para ser parte del programa Cambio Rural, se debe «ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo», lo que claramente excluye a miles de productores de la agricultura familiar de origen de países limítrofes.
«Sólo basta con dar una vuelta por las zonas quinteras para darse cuenta que la sociedad consume verduras diariamente gracias a esas manos, que en gran parte no nacieron en este país. Familias que en algunos casos hace más de 30 años que están produciendo alimentos, aportando a la construcción de esta patria, que son ciudadanos y aportan trabajo y riqueza. Además recordemos que la horticultura en la Argentina siempre fue llevada adelante por manos migrantes, antes italianos y portugueses, ahora de nacionalidad boliviana en su mayoría. Es inaudito que se segregue de una política púbica de esta manera», reclamó la CTEP.
«En los últimos tiempos, mediante los “Verdurazos” hemos dado a conocer la realidad de miles y miles de familias quinteras; realizamos muchas propuestas para lograr mejores condiciones de vida, y en vez de dar respuesta a esto, el Ministerio de Agroindustria lanza políticas discriminatorias. Le preguntamos al Ministro Buryaile si cuando come verduras se pregunta quién la produjo, si es consciente de que en su diagrama de políticas para el sector excluye de manera discriminatoria expresamente a quienes dan de comer a la sociedad», reprochó la organización de trabajadores de la economía popular.
«Todo este entramado es parte de un proceso más amplio de profundización del odio, la xenofobia y la estigmatización negativa de los sectores populares que luchan por sus derechos, como lo está sufriendo el pueblo mapuche. Escondiendo detrás los verdaderos protagonistas de esta cuestión, el gran negocio de la extranjerización de la tierra en manos de los Lewis, Los Benetton y las empresas multinacionales que se están quedando con nuestros recursos», denunció CTEP.
«¡Por políticas públicas para el conjunto del pueblo trabajador! ¡Basta de discriminar y perseguir a nuestros pueblos originarios!», consigna el comunicado.
