La Directora de Ejecución de Políticas de Género, Carolina Barone opinó que los funcionarios condenados por casos de trata no deberían seguir en sus cargos. “Por acción y omisión hubo actores del Estado que donde tenían que mirar, no estaban mirando”, criticó. El 50% de las víctimas rescatadas, son de explotación laboral.
Carolina Barone, Directora de Ejecución de Políticas de Género, dialogó con Plan B, momentos previos al inicio de la capacitación “Se trata de Vos”, que se desarrolló en la UNLPAm.
“El objetivo es trae esta capacitación que se llama ‘Se trata de Vos’, con herramientas para tratar posibles situaciones de trata en diferentes ámbitos. Por eso es una capacitación interdisciplinaria que está dictada por profesionales de materia de género, funcionarios de delegaciones de ministerios públicos fiscales y analistas de criminalística de las fuerzas federales”, dijo.
“Es un espacio de aprendizaje, pero por sobre todo de interacción e intercambio de experiencia. Está destinado a un público en donde conviven las fuerzas policiales, los bomberos voluntarios, operadores de sistema de asistencia a víctimas. Es un espacio de encuentro, de interacción, intercambio y aprendizaje”, agregó.
“Tiene que ver con esto de convocar en un único lugar a todos los actores involucrados, en las diferentes etapas, de detección a la asistencia y recuperación de una víctima de trata”, dijo.
—¿La trata en sentido amplio? Uno piensa en fines sexuales, pero también hay trata con fines laborales…
—Sí, a esta capacitación también viene una funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación que hará especial hincapié en la diferencia entre trata, trabajo forzoso y la explotación laboral, que no siempre se habla, y se incluye y tiene que ver con uno de los grandes flagelos que hay.
Barone agregó: “en las cifras que tenemos en Argentina de víctimas de trata, un poco más del 50% de las víctimas de trata rescatada, son víctimas de la explotación laboral. Si bien cada perfil de víctima tiene una realidad diferente, esta capacitación comprende a ambas finalidades: trata con fin sexual y laboral”, dijo.
—¿Cómo se resuelve el después del rescate? En el caso de la trata laboral, por ejemplo…
—Es muy difícil en la trata de explotación laboral, donde viene de situaciones más perversas y vulnerables de su lugar de origen, para entenderse como víctima. Ése es el rol del Estado, que debe acompañar ese proceso de lo emocional, lo psicológico y el acompañamiento con apoyo económico y de capacitación, para poder empoderar a esa víctima, para que salga de esa situación.
Barone dijo que en el caso de víctimas de trata con fines sexuales, se cuenta con la Oficina de Rescate para tratar estos casos específicos. “Se las acompaña desde el allanamiento y el rescate hasta su declaración, para que luego sean las provincias quienes acompañen a cada víctima en su recuperación”, agregó.
—¿Hay acompañamiento económico? Suelen ser los reclamos de las organizaciones civiles, que denuncian que a veces son abandonadas las víctimas y vuelven a caer en lo mismo…
—Es fundamental el acompañamiento desde lo económico para que puedan salir. A nivel nacional, se formó el Comité Ejecutivo de Víctimas contra la Trata, conformado por cuatro ministerios nacionales: el de Seguridad, Trabajo, Justicia y Desarrollo Social, quienes estamos finalizando la Elaboración de Plan Nacional, que será puesto a consideración del Consejo Federal de Trata que se constituyó el año pasado, que era una gran deuda de aquella ley. Esto comprende las diferentes instancias y apoyos para las víctimas.
—¿Cuál es el rol del Estado? En La Pampa hay dos intendentes condenados por trata con fines sexuales. ¿Cuándo el estado es parte es más difícil?
—Siempre los funcionarios del Estado son parte cuando hay delitos de esta naturaleza. Es imposible un delito sin la complicidad de aquellos que son los responsables de la erradicación del mismo. Ya sea por omisión o por acción, hubo actores del Estado que donde tenían que mirar, no estaban mirando.
Barone agregó: “tenemos una legislación muy nueva y muchos están aprendiendo. Ahí está el gran desafío de este tipo de capacitación, para dar herramientas, poder detectar e identificar y saber que hoy hay un Estado que tiene canales confiables para denunciar a través de la línea 145, que es gratuita, nacional y anónima, atendida por profesionales como psicólogas y asistentes sociales”, dijo.
“Además, está la línea del ministerio de Seguridad de la Nación, atendida por civiles, que es el 0-8005555065. Esta línea también permite denunciar mal desempeño policial o corrupción policial en casos de trata, con policías u oficiales que van a whiskerías o lugares donde se sospecha que hay víctimas de trata”, dijo.
“Este número nos permite tomar conocimiento y poder avanzar en la correspondiente judicialización e investigación. Es un canal institucional que tiene el ministerio de Seguridad para denunciar la corrupción policial”, explicó.
—Acá los intendentes están condenados pero siguen en sus cargos, ¿habría que sacar alguna ley para que eso no ocurra?
—Es una cuestión ética. Una persona que tiene una condena a cinco años de prisión por partícipe necesario en delitos que vulneran los Derechos Humanos, deberían renunciar o contar con un mecanismo institucional para poder removerlo mínimamente para garantizar la institucionalidad de un municipio. Hay un principio de inocencia, pero también una condena como responsable. Hay diferentes formas, como una intervención al municipio, habría que transmitirle tranquilidad a los ciudadanos para que puedan saber que continúa la administración del municipio, más allá de este proceso que debería apartarlo.
