La Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó este viernes la prisión domiciliaria de la dirigente social Milagro Sala, a pedido del Ministerio Público de la Acusación jujeño.
La líder de la Tupac Amaru acusó al gobernador Morales de manejar a la Justicia y de intentar ponerle “una mordaza”. Además, lo responsabilizó “por cualquier cosa que pase”. La defensa anunció que apelará la medida, lo que suspenderá la orden de reingresar a la diputada del Parlasur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero.
“Esto es para tapar las atrocidades que está haciendo Gerardo Morales en mi provincia. Morales me quiere poner una mordaza”, alertó anoche Sala.
«Esta es una jugarreta muy sucia de este Gobierno. Tengo claro que esto es político y que Morales me tiene miedo y me quiere tener callada y lo lamento porque me da vergüenza ajena de los sectores políticos que conduce él», señaló en declaraciones al canal C5N.
La dirigente aseguró que «cumplirá» con el fallo de la Cámara de Apelaciones y que se encuentra en su inmueble del barrio El Carmen «esperando que vengan» para trasladarla al penal de Alto Comedero, pero remarcó «que quede claro que están incumpliendo la resolución de la CIDH», expresó.
El 28 de julio, la CIDH había resuelto que el Estado nacional, por ser parte del sistema interamericano, debía cumplir con la libertad inmediata solicitada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas o, en su defecto, concederle la detención domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos. Sala debía ser trasladada de manera inmediata pero los magistrados se tomaron un mes y buscaban trasladarla a una vivienda sin electricidad, sin ventanas ni puertas, agua y sanitarios. Se le ordenó a la defensa la refacción de esa casa ubicada en el departamento de El Carmen, a la que finalmente fue trasladada el 31 de agosto.
Los abogados recurrirán la resolución de la Cámara de Casación y de hacerse efectiva la misma, «el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país, añadieron.
«Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH», señalaron desde la Tupac Amaru al respecto.
