El fiscal en la causa Subzona 1.4 segundo tramo que sigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la dictadura, analizó el pedido del represor para no ser juzgado por no estar en condiciones de salud para hacerlo y la estrategia del abogado defensor Hernán Vidal, para aplicar el artículo 77 del Código Procesal Penal que pone en consideración la situación mental del imputado y lo exime del proceso judicial.
«Lo que dice el cuerpo médico forense es que de acuerdo a las conclusiones del cardiólogo el imputado no puede soportar situaciones de estrés, esto nos lleva a lo que también nos habíamos opuesto pero que podríamos conceder que es que no esté presente en el juicio, pero de ninguna manera que se lo excluya, la ley dice que tiene que haber una enfermedad mental sobreviniente y esto no se dice en ningún caso», aclaró el fiscal del Ministerio Publico Fiscal (MPF), Alejandro Cantaro.
También, opinó de forma positiva sobre el desarrollo del juicio, los testimonios aportados por las víctimas, y la línea de juzgamiento para quienes además fueron cómplices civiles de la dictadura, como el caso del ex gremialista y ex dirigente del peronismo pampeano, Carlos Aragones, señalado por los testigos como «buchón de los milicos».
«Así como pudimos cerrar muy bien la hipótesis del MPF respecto de los hechos de Jacinto Aráuz, los testimonios de General Pico aportaron datos que fortalecen la estrategia, que es demostrar que los resultados menos disvaliosos como que en algunos lados de la Argentina no estemos lamentando desapariciones forzadas de personas y homicidios, de ninguna manera le quitan entidad a los testimonios, y en términos normativos se prueba que ha habido un plan sistemático de exterminio», dijo Cantaro y destacó la actitud del presidente del TOF ante la declaración de una testigo en términos «reivindicativos».
En esta etapa del juicio, declaró Rosalin Gancedo, una de las víctimas de secuestros y torturas por parte del grupo de tareas que llevó a cabo el operativo represivo en General Pico y que significó la detención ilegal de una decena de estudiantes de la UTN de General Pico, autoridades académicas y trabajadores de la comunidad. Al finalizar su testimonio recordó a Santiago Maldonado, “vengo del sur, cerca de donde desapareció, quiero exigir justicia por mi, por todos mis compañeros y compañeras, todos los que tuvieron que pasar por las manos de Baraldini y el resto, y pido justicia por Santiago Maldonado”, expresó.
Plan B consulto la visión del fiscal sobre la intervención de Gancedo, «pensemos que desde el 76 al 2008 las víctimas declararon que no hablaban de estos temas, hasta que se reencontraron después de 30 años para rearmar el pasado, y ella aclaró que tenía suerte de que estén sentados en un tribunal como no tuvieron suerte de estarlo y como no lo tuvo Santiago Maldonado, y como no tiene ninguna expresión donde las fuerzas de Seguridad del Estado están conectadas con la muerte de una persona y que después de cuarenta años insumamos tanto tiempo en tener que explicar las idas y vueltas de una persona que objetivamente participaba de una manifestación y aparece muerto en un río», dijo el fiscal y agregó que «cuando uno habla mucho, algo no quiere decir, esto parecen estas cosas».
Cantaro se refirió al testimonio de una de las testigos, que recordó la prohibición que tenían de acercamiento entre ellas y el hostigamiento permanente después de haber estado detenidas ilegalmente. Recién dos años antes del primer histórico juicio de la Subzona 1.4 pudieron reunirse para contarse sus historias.
Para el integrante del MPF después de la dictadura siguió funcionando esa estructura represiva, y que «ha quedado militarizada e instalada en las fuerzas de seguridad. Yo trabajé mucho con León Arslanian en la intervención de la Policía Bonaerense durante los 90 y no se reconocían como civiles con uniforme, cuando hablaban de quienes no eran policías decían los civiles, es decir, se interpretan como militares», contó.
«Este es el trabajo más profundo que debe hacerse, celebro hoy ver como la sala estaba llena de estudiantes secundarios, porque es algo absolutamente relevante, por lo que además somos conocidos en el mundo, por que la solución elegida para los crímenes de Estado en Argentina es la única solución posible, se toleran el perdón, el arrepentimiento, Sudáfrica, Chile, pero la única resolución en términos del derecho internacional de los derechos humanos es el juicio, y también por que somos reconocidos en el mundo por el término desaparecidos, es la única palabra que en el idioma que se hable se dice en español, sobre estos dos extremos tenemos que trabajar profundamente», destacó Alejandro Cantaro.
Consultado sobre los pasos a seguir en relación al pedido del represor Roberto Fiorucci de quedar fuera del proceso judicial tras alegar «cuestiones de salud», mostró disidencia con la postura de la Querella, «no creemos que del informe médico deba leerse que Fiorucci no puede estar en juicio, hay informes de 3 meses atrás hechos por el mismo cuerpo médico forense y con la participación de nuestros peritos, los Dres. Villegas y Abudara, con conclusiones diferentes», argumentó.
«Luego de esos informes el abogado Vidal (defensor de Fiorucci) pidió que este no asistiera a las audiencias, y ahora lo que dice el cuerpo médico forense es que de acuerdo a las conclusiones del cardiólogo el imputado no puede soportar situaciones de estrés, esto nos lleva a lo que también nos habíamos opuesto pero que podríamos conceder que es que no esté presente en el juicio, pero de ninguna manera que se lo excluya, la ley dice que tiene que haber una enfermedad mental sobreviniente y esto no se dice en ningún caso», remarcó.
Cantaro adelantó que responderán al pedido de la Defensa por escrito que «lo único que se sigue del informe, eventualmente, es que Fiorucci no concurra a la audiencia, pero no que no pueda ser juzgado, esto no lo dice en ningún lugar, cuando dice que no pueda estar en juicio está hablando de no estar en el debate, es una similitud terminológica».
El fiscal además se refirió al ex dirigente gremial Carlos Aragonés, señalado como «buchón de los milicos» durante la dictadura en La Pampa y su situación como testigo en la causa.
«Para nosotros Aragones sigue siendo un testigo porque en la instrucción hemos establecido una linea de juzgamiento de que quienes han tenido una actividad relevante y han sido privados de su libertad, deben ser considerados víctimas» dijo Cantaro, aunque dejó en claro que «si surgiese el debate de que su rol era de entregador, aún dentro de la detención, porque testigos dicen que no había que hablar con él, por supuesto que no habría ninguna duda de modificar ese criterio, pero de momento mantenemos esta línea».
«Se está trabajando esta línea el área de crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría General de la Nación y ya ha habido manifestaciones de esto en el sentido de persecuciones de jueces y funcionarios civiles con éxitos diversos, como el Ingenio Ledesma por ejemplo, nosotros no pensamos que esto pueda dejarse de lado y que no son incumplimientos de deberes de funcionarios públicos sino participaciones en crímenes de lesa humanidad», se explayó el fiscal.
Del 8 al 15 de noviembre se cerrará la ronda de declaraciones por los sucesos pertenecientes a General Pico para continuar con los episodios de Santa Rosa.
En las jornadas de esta semana declararon Rosalin Gancedo, Zelma Rivoira, Juan Alberto Reucci y Alberto Enrique Gancedo. Además se desistió con el testimonio de Elsa Ester Flach.
Sobre esto último, el abogado querellante Franco Catalani, solicitó reproducir el registro audiovisual del testimonio que brindó en el juicio de 2010.
El informe de salud del cuerpo médico forense realizado a Fiorucci fue incorporado al expediente principal, y las partes prodran peticionar previo a la decisión del judicial.
En relación a esto, la querella planteó que como «llamativo» que el exámen médico que se realizó el viernes de la semana pasada presente «tantas diferencias con el que se hizo previo al juicio, hace dos meses estaba plenamente apto», sostuvo.
También, aclaró que no fue posible poner un médico de parte «para analizar el examen de salud que se dio, pedimos una prorroga y no fue concedida», dijo Catalani y requirió que se otorgue el derecho de proponer un profesional para examinar la salud del imputado.
En el caso de que el examen tenga recepción en el Tribunal, la pidió que Fiorucci «no esté en la sala pero que no se lo aparte del proceso judicial».
