En otra ronda de declaraciones en la segunda etapa del juicio Subzona 1.4, en el que se juzgan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los grupos de tareas de la policía y el ejército en nuestra provincia, la primer víctima en brindar su testimonio fue la docente y militante feminista María Cristina Ercoli, detenida ilegalmente en noviembre de 1975.
A diferencia de otras víctimas que declararon en el primer histórico juicio, esta es su primer vez en declarar en el juicio a los genocidas, puesto que en la primera etapa se juzgaban hechos comprendidos a partir de 1976.
«Algunas cosas son difíciles de recordar, se van borrando, pero todos en La Pampa vivimos cosas que no debían ser», dijo hoy al declarar, a 40 años de aquellos hechos.
Repasó su militancia en la juventud peronista y como trabajadora de la educación durante aquellos años, ayudando en la UNLPam y en el instituto secundario Nuestra Sra. del Rosario de Trenque Lauquen, en donde ella había cursado sus estudios de nivel medio.
En Santa Rosa realizaban trabajos sociales en Villa Parque, algo que resaltó realizaban «con mucho orgullo» porque «lo hacíamos para mejorar la situación del pueblo».
Además, militaba en la Juventud Universitaria Católica. «El 75 fue un año particular, porque se empezó a perseguir a las personas con citaciones, hasta que se comienza a privar de la libertad a docentes de la Universidad, como fue mi caso el 19 de noviembre, cuando caminaba por la Av. San Martín Oeste (en aquel momento Roca), en donde vivía en una casa que alquilaba, me acompañaba quien hoy es mi esposo, Osmar Atilio Sombra, cuando ibamos a ingresar dos personas de civil nos dicen que las teníamos que acompañar, nos llevaron a un auto grande, viéndolo desde ahora yo no me subiría, pero en aquel momento no les pedimos identificación», explicó hoy la testigo.
Como la mayoría de los privados de la libertad, fueron llevados a la Seccional Primera, en donde algunos residían por un tiempo y eran trasladados a otros centros de detención. Ercoli aclaró que «fue secuestrada», porque «no estaba anotada en ninguna institución. Me llamaron y me dijeron que no estaba registrada. Toda persona que ingresa al Estado tiene que ser registrada, esa es la situación en un Estado de Derecho, hoy en día sería imposible que me volviera a pasar lo mismo», resaltó y agregó que «me gustaría que el Tribunal ratifique aquello, y fue antes del golpe del 24 de marzo de 1976, a 200 metros del gobernador elegido por el pueblo José Aquiles Regazzoli, a metros de la Legislatura Provincial. No voy a hablar del juez del Superior Tribunal porque lo llevaron preso. Esto se puede certificar».
«Recuperé mi libertad en la cárcel de Devoto, no recuerdo si fue entre el 3 o 5 de diciembre, y quienes estaban ahí me decían que tenía que pedir información por nota para saber en que situación estaba, allí me avisan que estoy a disposición del PEN. El 24 de diciembre del 77, nuevamente me llevan a la Policía Federal, y me sueltan en 24 hs», contó la testigo.
En la Seccional Primera fue llevada al primer piso para ser interrogatorios, «no me vendaron los ojos, yo veía donde estaba y ahí me interrogaron. Era evidente que buscaban a otra persona. Buscaban a una compañera que vivía conmigo, Ana Gisper».
«El contexto político en La Pampa se empezó a visualizar en el 75, hubo algunas escaramuzas, empezaron a manifestarse persecuciones del activismo político, la gente que pintaba era perseguida, nos fue a ver la Policía Federal a nuestra casa, a Ana la interrogaron en nuestra propia casa unos meses antes. Algo pasaba, La Pampa era una estancia, nos conocíamos todos y hasta sabíamos quienes eran los patrones» reflexionó y contó que en aquel entonces le dijeron a Gisper «tenes que irte».
«Ana logra irse de La Pampa a Buenos Aires ayudada por gente que vencía el miedo y que podía trasladarla, se fue en colectivo hasta Paraguay, de ahí a Bolivia y luego a Perú, y hoy en día es una catedrática de la Universidad de San Marcos y del seminario católico de Lima», contó Cristina Ercoli.
«Nuestra actividad era pública, vivíamos en Estado de Derecho, cuando llegue a Devoto me preguntaban las que estaban privadas de la libertad, les cuento que me sentí como amenazada con la parrilla, me decían que si no decía algo me llevaban ahí, la parrilla era un lugar de tortura de distintas formas, aplicación de energía eléctrica, esa fue la situación dentro de ese lugar de detención ilegal», señaló sobre su paso por la Seccional Primera.
Desde que la detuvieron le prohibieron ver a su familia, que le llevaba comida, ropa y artículos de limpieza, «un día pense que me iban a liberar, pero me llevaron al aeropuerto en un auto, había un avión del SPF, una mujer me acompaña y arriba me encuentro con «Raulito» Datri, había otros profesores y gente que traían del penal de Rawson, ahí dijimos «perdimos», porque nos llevan de La Pampa, llegamos a Bs.As y de ahí a Devoto, rejas tras rejas hasta llegara los pabellones, siempre detenidos ahí, hasta que en un momento nos pasaron a celdas más pequeñas, de 3 x 2, hasta que salí. Cuando llegué estaba Adriana Culzoni, a ella ya se la habían llevado antes», recordó la docente.
También relató que no fue trasladada con Sombra, en aquel entonces su novio, «nunca lo dejaron verme, una noche gritó y supe que se iba», relató Ercoli.
«Yo tengo una carta firmada por el nefasto genocida Suarez Mason», contó cuando se refirió a su liberación y agregó que «quien dio la orden de su libertad fue «quien estaba a cargo del regimiento de Toay».
«Había un Estado de Derecho formal, las autoridades no hicieron nada, por eso siempre me refiero a la complicidad civil, no puedo presentar ninguna prueba, pero por omisión, no hicieron», reflexionó.
Ercoli tuvo un abogado al que recurrieron sus padres cuando estuvo secuestrada, «mis padres llegan al Dr. Otto Elizaldo, porque recurren al intendente de Rivadavia, en donde yo había nacido, le dicen que situación estaban pasando y él les da el nombre del abogado, cuando yo llego a Devoto me puedo comunicar por carta, y ellos van a ver al abogado para que ponga un habeas corpus para ver en que situación estaban, ese recurso me va ayudando a un proceso que en realidad mi caso llega hasta la Suprema Corte, que dice que me tienen que dar la libertad porque no tengo causa, en el medio ocurre el golpe de Estado, cuando uno está a disposición del PEN tiene la garantía constitucional de irte del país, si no me equivoco art. 23 de la Constitución», contó.
Tras el golpe todas las garantías constitucionales quedan restringidas. Cuando llega el habeas corpus a la Suprema Corte de Justicia, reglamentan la salida del país, «así es como el poder de la junta militar solucionan esta garantía constitucional, yo la pedí y me la negaron siempre, hasta que termino con mi libertad y siempre me quedé en mi país», relató la docente.
«Es difícil ver a las persona después de 40 años, era gente de treintaypico de años, siempre había varias personas, podrían decir quienes estaban, la verdad es esa, si mi situación es legal debe haber un registro de las personas que estaban», dijo y añadió que no fue revisada por ningún médico.
Durante su vida de militancia y trabajo, realizaba tareas en centros de alfabetización para adultos, «la idea era instalarlo en iglesias, en casa de familia, a veces en alguna escuela, en Colonia Escalante, donde trabajábamos, ahí había un señor, Atonio, que era Policía, y nos dijo que tengamos cuidado porque nos vigilaban, es decir, el trabajo de inteligencia sobre el activismo político fue desde antes del golpe», declaró.
«Este juicio en el que yo no puedo aportar acusaciones sobre estas personas, que seguramente eran institucionalizadas, quiero aportar a las futuras generaciones de la situación que vivimos, la violencia extrema de perder la libertad, por una situación totalmente arbitraria de personas que en aquel momento eran jefes de alguna institución del Estado», expresó hoy ante los jueces.
«Nos plantebamos que nos podían abrir causas para plantear el terror, el miedo es una situación terrible, la situación ahí era olvidarse de nombres por si te preguntaban vos no te acordabas de nada», dijo.
Sobre los interrogatorios, recordó que una vez en Devoto, «un jefe del ejército me avisa que me van a dar la libertad, me dice que va a hacer ud. yo le dije que era profesora y que iba a volver a dar clases, cuando me liberan nos casamos con mi novio y nos fuimos a vivir a Fortín Olavarría, donde vivían mis padres, elegí una Escuela Rural cerca de la estación del ferrocarril, de 8 a 15 días llega al campo la policía del pueblo y me dicen que debo renunciar si no quería que pasara otra vez lo mismo, y renuncié, porque mi papa me dijo «Cristina acá es mejor andar de crota que presa, de alguna forma nos vamos a arreglar».
«Todo esto fue en el 78, mientras se jugaba el mundial, esto era sangre, fuego, tortura, desapariciones, y yo no estaba tan al tanto de todo eso», relató.
Posterior a eso, ses viene a vivir a Santa Rosa, «me quede en casa cuidando mis hijos, limpiando, cocinando, que también es un trabajo, y mi esposo era el sustento, en el año 81 llega como ministro de Educación del gobierno de La Pampa, designado por los militares, el Dr. Otto Elizalde, él era de Lonquimay, unos compañeros me dicen porque no lo voy a ver para saber si puedo trabajar, nos rencontramos y me averigua en que condiciones estaba y a los seis meses me llama y me dice anotate como si te hubieras recibido. Mi primer trabajo fue como preceptora en el 81 y después como maestra en el 82», agregó.
«Me gustaría afirmar que todo esto que ocurrió fue un proceso planificado, mucho antes del golpe del 76, fue un proceso con método», sostuvo.
Como militante de la Juventud Católica Universitaria, se refirió a la relación con la Iglesia. Planteó que hubo un giro desde la llegada del obispo Arana «no estaba de acuerdo con todo el trabajo social de base» que venían realizando desde las organizaciones en los barrios.
La Querella solicitó que se de lectura a la declaración que realizó la testigo ante la jueza de instrucción Iara Silvestre, en donde se mencionan algunos nombres que podrían echar luz al proceso de la búsqueda de verdad, la Defensa planteó la oposición al recurso y el TOF hizo lugar al pedido de la Querella.
La víctima había asociado en aquella declaración que quienes participaron de su interrogatorio durante su detención en la Seccional Primera eran «Yorio, la otra persona pudo haber sido Fiorucci», aunque aclaró que «no podía» afirmarlo con seguridad.
«Yo tengo la visión de que estaba sentada y que había gente al rededor, pero no la cara, no los había visto nunca, fueron las fotos que vi, pero no puedo asegurarlo, nadie se identificó, mi memoria a cuarenta y pico de años no puede recordar, puede ser que lo del primer juicio sea influyente en mi memoria, pero no lo se», explicó Ercoli.
«Lo que dije del Estado de Derecho es porque no está todo dicho para siempre, agradezco al Tribunal por este juicio para llegar a saber la verdad, pero toda la ciudadanía debe trabajar para mantener el Estado de Derecho», dijo al finalizar su declaración.
