El Ministerio Público de la Defensa de La Pampa, expresó su ‘preocupación’ y ‘alerta’ ante los posibles avances del proyecto de decreto que pretende modificar la ley de Salud Mental.
En un comunicado de prensa del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa, dieron a conocer su posición ante la iniciativa de modificar la ley de Salud Mental: “en línea con nuestro compromiso asumido con los DDHH y nuestra militancia por el respeto a las garantías de las personas usuarias de los servicios de Salud Mental de todo el país, manifestamos nuestra preocupación y alerta ante los posibles avances del proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657 (Expte Min. Sal.120020000024933166) que vendría a derogar al Decreto N. 603/13, y que contradice los principios de la mencionada legislación vigente”.
Destacaron que es su obligación informar a la ciudadanía que: “el proyecto de Decreto que se pretende dictar, altera la concepción de la salud mental, entendida como un proceso multideterminado por aspectos históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos propios de cada trayectoria personal. E impone, en franco retroceso con lo previsto en el Derecho Convencional/Constitucional, el tradicional modelo médico de perspectiva biologicista/medicamentoso para el tratamiento de los padecimientos de la salud mental”.
Consideran que se contemplen: “los objetivos de una Ley que vino a terminar con la expropiación de todos los derechos de las personas con padecimientos mentales y que obliga al Estado a pensar, impulsar y garantizar abordajes integrales en clave de DDHH. No vemos cómo la reinstitución de los manicomios, bajo el velo de ‘hospitales especializados en psiquiatría y salud mental’, resulte admisible en un paradigma humano, social y político conteste con nuestra ley”.
“Este decreto propicia los tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas y habilita la internación -encierro- compulsiva, bajo la sola justificación de la ‘peligrosidad’. En ese sentido, reemplaza el requisito de la inminencia de los daños para sí o para terceros y deja librada la decisión a supuestos riesgos potenciales. Una vez más, sostenemos que el aislamiento no es la respuesta a la problemática”, expresaron.
Desde el Ministerio Público de la Defensa de La Pampa agregan que “afecta gravemente el derecho a una defensa técnica eficaz de las personas usuarias, al establecer que debe primar la opinión del equipo tratante en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de los y las usuarias”.
Finalizan manifestando que “el Decreto que pretende dictar desde el Poder Ejecutivo Nacional, impone, nuevamente la lógica del modelo tutelar de sustitución o apropiación de la voluntad de las personas. Esto se evidencia al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz, aun cuando ello resulte contrario a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, los TT y las Convenciones Internacionales comprometidas por nuestro país”.
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