
Para los representantes de ambas cámaras se debe hacer cumplir la actual Ley. Reconocieron que puede haber algún caso de abuso pero pidieron que los inquilinos hagan las denuncias en las Cámaras.
Pedro Arpigiani, presidente de la Cámara Inmobiliaria y Horacio González, del Colegio de Martilleros, estuvieron en la Legislatura, en el marco del tratamiento de la ley de modificación de alquileres que pretende consensuar intereses entre las partes.
Para Arpigiani y González, si bien puede haber situaciones abusivas, se puede lograr un acuerdo que beneficie a todas las partes.
Las diferencias se dieron con varias denuncias de inquilinos por cobros abusivos de comisiones por parte de inmobiliarias locales, que derivó incluso en reclamos en Defensa del Consumidor, con acuerdos favorables para las y los inquilinos.
“En principio, hay un proyecto de ley que está plantando la modificación de la Ley de Martilleros y Corredores y estamos acá presentes para interiorizarnos de qué trata el proyecto y aportar desde nuestra posición, los puntos de vista correspondiente”, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Pedro Arpigiani, a Plan B Noticias.
Por su parte, Horacio González presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de La Pampa, explicó que “lo que se está sacando por sobre todas las cosas es el tema de la comisión que se cobra al alquilar. Tenemos nuestras dudas que eso pueda resolver el problema habitacional de Santa Rosa y del interior. Para nosotros, la ley que nos avala, la 861, es una muy buena ley que contempla los pagos de los inquilinos y propietarios y lo que habría que hacer, es cumplirla.
“La realidad es que todo lo que esté a nuestro alcance, tanto la Cámara como el Colegio, debemos buscarle la vuelta y encontrar una solución”, agregó.
—¿Qué parte no se cumple?
—La ley es muy buena. Abarca al inquilino que paga ese 3% y al propietario que también lo paga, del valor total del alquiler. En distintas situaciones e interpretaciones, se puede cobrar ese 3% al propietario, que después te da la administración y el 3% u el valor del mes de alquiler al inquilino.
González agregó: “esa es la variante en la que se puede iniciar la cuestión, pero creo que la problemática está desfigurada. En general, quien es del interior, llega a la ciudad a estudiar y tu familia te paga el alquiler. Si anduviste bien y te recibiste, pasás a ser un inquilino vos y en dos o tres años, llegás a comprarte un terreno. Esa sería una situación que en 15 0 18 años, podés tener tu propiedad, pero si eso se corta y no hay crédito o casas, o trabajo, sos un inquilino crónico y eso generalmente distorsiona esta situación”, dijo.
—¿Quién es el cliente de la inmobiliaria, el propietario o el inquilino?
—Los dos son clientes. El propietario viene y te golpea la puerta, para que alquiles o vendas tal propiedad. Pero el inquilino también pasa por la puerta, toca timbre y ‘anda en busca de’. Los dos son los que requieren nuestro servicio, que es acercar las partes.
—Los inquilinos hablan de una situación abusiva, con reclamos en Defensa del Consumidor, con inmobiliarias que han tenido que devolver parte de la comisión…
—Sí. Es cierto. Yo doy un ejemplo muy práctico, cuando alguien tiene un accidente. Si ocurre, en tres o cuatro meses, te devuelven el vehículo y volvés a la normalidad. El Colegio de Martilleros tiene un protocolo que no es de ahora, para atender denuncias de abusos. Pero hay que hacerlas.
Por su parte Arpigiani negó que hubo fallos en contra de Defensa del Consumidor. “Sí hubo acuerdos, que, cuando se trata de no mucho dinero, ahorra tiempo al profesional, que no se va a poner en un problema de judicializar $1500 o $2000. De alguna manera esos acuerdos fueron por conveniencia y no por razonabilidad por parte del inquilino sobre que hubo abusos”, afirmó.
—En este razonamiento, el Estado actúa mal? Porque si interviene Defensa del Consumidor y los obliga a hacer un acuerdo…
—El Estado no emitió un dictamen diciendo que está mal. Hubo un acuerdo, en el marco de la Oficina de Defensa del Consumidor, por lo tanto no decimos que el Estado actuó mal o bien. En ese marco, hubo un acuerdo entre un particular y otro, donde se consensuó un acuerdo. No hubo una resolución del órgano gubernativo que diga que una parte tiene razón
—¿Se calcula bien la comisión?
—La comisión, de acuerdo a la ley 861 es el 3% a cada parte y se puede trasladar, de acuerdo al artículo 90, trasladar el 3% de una de las partes a cargo de la otra. Podría haber un cobro de hasta el 6%. Si se unifica con el criterio nacional, que plantea que se cobra un mes de alquiler de comisión, no estaríamos ni en situación abusiva, ni fuera de la ley, al cobrar ese mes de comisión que sería menos del 6%, que permitiría la ley 861.
Arpigiani agregó: “por eso hoy estamos tratando de resolver de alguna manera esta cuestión que se tilda de abusiva, pero que está dentro del marco de la ley. En ningún momento está fuera de las cuestiones legales”, dijo.
—¿Ustedes quieren que se mantenga eso?
—Pretendemos que si hay algo que consensuar, charlarlo en el marco de lo que corresponde, no, por situaciones que se consideren abusivas en un sentido, trasladarlas a un abuso en otro.
Por otra parte, Horacio González dijo que “en todo ámbito hay inquilinos buenos y otros no tan buenos. Pero hay diferencia. Cuando una propiedad queda en mal estado, no se da a conocer. El martillero trata de recuperar la propiedad y se arregla, con un alto costo, pero sí se tiene en cuenta que en esta situación en inquilino está en una situación inferior y se tiende a solucionarle el problema”, dijo.
“Siempre desde el Colegio de Martilleros se ha tenido la postura de ayudar. No se pide que el mes de depósito sea todo de contado, puede ser en dos, tres veces, siempre hay buena voluntad y predisposición. Ya hemos venido a la Cámara tres o cuatro veces. Lo que queremos hacer ver es que el punto de vista que se toca, no soluciona el problema”, dijo.
—La buena voluntad está, pero es para que paguen algo que se considera que no debe pagarse, según lo que se pretende modificar con la ley…
—Estoy de acuerdo que hay martilleros buenos y con errores y para eso tenemos un Tribunal de ética.
—¿Pero la ley no debería ser más clara y contar con un organismo independiente de ética? El tribunal de ética es de ustedes…
—De hecho, la legislación contempla que lo que se cobra está en los marcos legales, por lo que no existirían abusos. Lo que se puede consensuar, si los dos son clientes y deben pagar, sería el traslado del 3% que se le hace al inquilino, que pudiera ser no trasladable a esa parte.

