Esta semana los propietarios de inmobiliarias y el Colegio de Martilleros hicieron gestiones para que no se modifique la norma que les permite cobrar comisión a las dos partes: propietarios e inquilinos. La ley corporiza una posición ante la propiedad y deja en claro de qué lado de la cuerda se encuentra cada legislador.
A partir de la lucha del Movimiento de Inquilinos de La Pampa, apuntalados por una reforma en la macrista Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un proyecto que se trata en el Congreso de la Nación, la discusión sobre quién debe pagar la comisión por el alquiler se instaló en la provincia.
En la actualidad lo hacen las dos partes: la ley provincial N° 861 permite que paguen hasta un 3% unos y otros. Pero en los hechos el costo es para el inquilino y la renta para el propietario. Con la modificación se busca que el que saca provecho de la relación le pague al intermediario. Eso tampoco sería una solución plena porque no faltará quien le diga al corredor que pretende que la comisión se incluya en el alquiler y la balanza volverá a inclinarse.
Lo cierto es que en una transacción habitual como esta, los inquilinos corren con la peor parte: si tienen inconvenientes les cuesta encontrar un organismo que los ampare y por lo general, las inmobiliarias hacen de mediadores y no siempre se obtiene el reconocimiento de los derechos de quienes alquilan.
Empero, esa simple modificación sirvió para ver el posicionamiento de los y las diputadas. El proyecto durmió en los cajones del edificio por más de un año y al finalizar 2017 podría ser tratado en la cámara.
En comisión, dónde Pedro Arpigiani, presidente de la Cámara de Inmobiliarias de La Pampa, le reprochó a los inquilinos que lo hacen gastar combustible cuando asisten por un alquiler y “usan nuestro auto para ver 10 propiedades hasta que se decide o incluso, hasta cuando decide no alquilarnos”, una diputada cantó su voto.
Soledad Sciu se presentó como martiellera y corredora de comercio ante sus pares, los martilleros, las inmobiliarias y las organizaciones de inquilinos que seguían la discusión en la sala de comisiones.
La justicialista, que procede del vernismo, es además la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. La misma que en 2017 solo se reunió 3 veces y a la que amenazó públicamente con renunciar pero no lo hizo por pedido del bloque de preside Espartaco Marín.
El debate en el tema de los alquileres fue impulsado por el también vernista Calvo y el kirchnerista Tindiglia. En una parte de 2017 Jorge Lezcano hizo de vocero del PJ pero recién el miércoles pasado se produjo una definición: la modificación de la ley 861 saldrá, o será rechazada, con voto dividido entre los que creen que el derecho a la propiedad es absoluto y entre los que no lo creen.
