Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud y de la Asociación de Trabajadores del Estado manifestaron predisposición para incluir a los “becados” del Programa Médicos Comunitarios en el régimen especial de horario y salario reducido, con pobreza garantizada por ley.
Por muy poco tiempo la ley 2871 pudo haber significado un avance para quienes eran contratados por el estado como monotributistas hasta noviembre de 2015. El régimen especial laboral, redactado por el ex ministro de Hacienda y actual diputado nacional Ariel Rauschenberger, fue admitido por la Mesa Intersindical y se lo consideró de manera positiva porque comenzaban a tener aportes previsionales y obra social.
A poco de andar, los y las trabajadoras incluidas en esa ley comprobaron que habían avanzado un escalón pero que se le parecía bastante a la precarización laboral. Desde entonces existen trabajadores de primera, de segunda ay de tercera: los que están incluidos en la ley 643 o 1279, en la de ex monotributistas y por último, los nuevos contratados bajo la obligación de presentar una factura mes a mes.
Es que la 2871 venía a terminar con la precarización y la contratación irregular, pero el actual gobierno la siguió implementando como método de incorporación laboral sin estabilidad y a bajo costo.
El régimen especial establece una jornada reducida de 5 horas a cambio de un salario proporcional a los que perciben quienes están en la ley administrativa o en la de salud. Esa proporción garantiza por ley un salario de pobreza: en la actualidad cobran 11 mil pesos por mes y tienen las mismas obligaciones que sus pares de leyes estables y completas, con ingresos que son desde un 60 a un 100% más bajos.
Una nueva vuelta de tuerca. El anuncio del gobierno nacional sobre la eliminación del programa Médicos Comunitarios le tiró al gobierno de Carlos Verna un nuevo problema con sectores de trabajadores postergados en salarios y derechos.
A los 1.300 ex monotributistas se le suman los trabajadores que integran el programa de salud de atención primaria y que desde hace varios años forman parte del sistema de Salud Integral que la cartera asegura implementar en todo el territorio pampeano.
Para los primeros dice que no tiene capacidad económica para admitirlos en las leyes específicas y propuso destinar un porcentaje, que no se sabe cuál es, de las vacantes que se van generando para que los ex monotributistas alcancen el plano de plenos derechos laborales y salariales.
Para los últimos, todavía no hay ninguna propuesta concreta, pero preocupa el rol de dos de los sindicatos importantes de la Mesa Intersindical. Abiertamente a los medios, o en sugerencias particulares a los afectados, el SITRASAP y ATE admitieron que una posibilidad es la de incorporarlos a la ley 2.871.
Ese pasaje les daría categoría de trabajadores porque en lugar de una beca recibirían un salario, estabilidad laboral y aportes previsionales, pero en la práctica serán monotributistas legalizados sin capacidad de resolver su vida cotidiana con 11 mil pesos por mes. Eso sí, les podrán demandar las mismas tareas y endilgarles las mismas responsabilidades, a menor costo.
Llama la atención el rol pasivo de los gremios estatales cuando los trabajadores y trabajadoras de la ley 2.871 se manifiestan para demandar equiparación de derechos. No hay que ir muy lejos, basta mirar la manifestación de ayer de los empleados de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Social, impulsada por delegados de ATE, donde no se dio una vuelta ninguno de los secretarios generales que el jueves pasado firmaron sin demoras un 3% de recomposición salarial para diciembre y un bono de 6 mil pesos a cobrar en enero y febrero del próximo año.
Fueron a pedir el pase a planta y se enteraron de que no tienen garantizado el trabajo
