Los legisladores pampeanos Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger cuestionaron el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 27 publicado ayer en el Boletín Oficial debido a que colisiona fuertemente contra la transparencia y el rol del Congreso. Destacan que atenta “contra los derechos laborales.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el megadecreto que incluye 170 medias, que según el Estado se busca “desburocratizar y simplificar” el funcionamiento del Estado.
Modificarán un centenar de leyes e impulsarán una serie de cambios sensibles en la mayoría de los organismos y oficinas públicas.
Los diputados pampeanos expresaron que “Vamos a buscar todos los consensos posibles para llevar al recinto el debate de todo este Decreto y procuraremos eliminar todo lo sea nocivo para la institucionalidad y la transparencia”, se fijaron como meta no bien comiencen la actividad ordinaria del Congreso, ya que seguramente no será incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de las sesiones extraordinarias durante enero o febrero.
Los integrantes del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados remarcaron que “El Gobierno tiene que respetar el debate parlamentario, no se puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos”, sostuvieron los diputados nacionales.
“Con este mega Decreto en pleno verano el oficialismo pretendió encontrar a los argentinos desprevenidos, si no se analizan con seriedad estos cambios pueden generar resultados muy nocivos para el país”, advirtieron.
Precisaron que “Nada impide que el propio Poder Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias para tratar la materia que hoy legisla via DNU” agregaron.
A modo de ejemplo sobre la gravedad de algunas de las decisiones tomadas por el citado DNU, los diputados justicialistas alertaron en particular sobre los cambios propuestos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. “Los artículos 153 y 154 resultan claramente inconstitucionales, no se acredita ninguna urgencia ni circunstancia excepcional que amerite no cumplir con el trámite parlamentario de la sanción de la norma”, afirmaron.
Asimismo, remarcaron que “estas modificaciones no conducen a un Estado menos burocrático sino que intentan alterar estructuras legales de transparencia y responsabilidad estatal que son elementales”.
En este sentido, explicaron que “por medio del artículo 153 se excluye al FGS del régimen de contratos del Estado, lo que significa que el dinero que se utilice del Fondo ya no tendrá que cumplir con los principios generales de todas las contrataciones públicas. Y a través del artículo 154, que autoriza a ANSES a constituir y/o estructurar fideicomisos, habrá controles muchos más laxos”.
Otro aspecto inentendible es la eliminación de la inembargabilidad de las cuentas sueldos. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) deja a las cuentas sueldo a salvo de cualquier embargo preventivo o ejecutivo, con excepción de las deudas alimentarias. La LCT declara, en su artículo 120, la inembargabilidad del “salario mínimo vital”. Ahora, la norma cambió. El DNU que publicó el Gobierno ayer selló el fin de la inembargabilidad de esa cuenta.
