En el Boletín Oficial de hoy dispuso que no se podrá dar empleo en el estado nacional “bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional” a quienes “tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.
El decreto fue anunciado este lunes en el marco de la reducción de gastos en el estado. Macri, en medio del escándalo provocado por la precarización laboral y el maltrato del ministro Jorge Triaca a una empleada, anunció que prohibiría la designación de parientes de funcionaros con rango ministerial.
EL anuncio se oficializó hoy con el decreto 93/2018, que dice:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos del presente se considera Sector Público Nacional el integrado por los entes detallados en el Anexo al presente artículo (IF 2018-05118980-APN-JGM).
ARTÍCULO 3º.- Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.
ARTÍCULO 4°.- Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su dictado.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña.
El anexo extiende a todos los organismos autárquicos y directorios de empresas y entes, en los que el estado tiene participación.
