En vez de cláusula gatillo, implementarían una cláusula de revisión para compensar la inflación, buscando que los acuerdos contengan un compromiso de reabrir la paritaria en caso de ser necesario.
Las negociaciones paritarias apenas están comenzando a negociarse en los distintos ámbitos, pero el esquema salarial para 2018 que se proponía alcanzar el Gobierno de Mauricio Macri parece haberse repensado.
Todo parecía indicar que la Casa Rosada avanzaría con un modelo de incrementos salariales del 15% sin revisiones, pero ahora, de la mano de la alta inflación que terminó arrojando el 2017, se impulsan cierres paritarios oficiales del 15%, pero con revisión.
Pero esa revisión no consistiría en una cláusula gatillo, como la que incluyeron en las paritarias 2017, sino que significaría apenas un compromiso de ambas partes para volver a negociar en caso de que la inflación supere el incremento salarial.
La cláusula gatillo que se aplicó el año pasado establecía que si el índice de precios al consumidor superaba el cierre paritario, el sector patronal debía incrementar la diferencia de manera automática.
Según el Gobierno, una paritaria con cláusula gatillo alentaría a los empresarios a subir los precios de sus actividades por encima de la paritaria «para cubrirse». Según su punto de vista, con el esquema de revisión eso no sucedería.
En el Ministerio de Trabajo afirman que tres gremios están discutiendo sus paritarias con este sistema en la actualidad: Comercio, UATRE y UOCRA. Este último sindicato, sin embargo, advierte que aún no se sentó en la mesa y que recién en marzo estará dispuesto a abrir la negociación. «Habrá que ver cómo está la economía en ese momento y ahí veremos si nos plegamos a ese esquema», avisó ayer uno de los jefes del gremio de la construcción en un contacto con este diario.
Otros tres ministerios, Energía, Transporte y Producción, están conversando sobre este esquema con los sindicatos con los que tienen relación directa, dijeron las fuentes consultadas al diario Clarín.
Para el Gobierno, sería un triunfo que Comercio, UOCRA y UATRE -entre los tres representan a casi dos millones de trabajadores- firmen por un 15% con compromiso de revisión si la inflación supera esa cifra. La esperanza oficial es que gremios grandes marquen el camino y después los demás se sumen a este esquema.
«Estamos trabajando en esta línea, pero ya se verá si se puede, o no, cerrar las paritarias en este rumbo», dijeron fuentes oficiales
La meta es que cada acuerdo detalle en su cláusula cuál sería el instrumento que se aplicará en caso de que las partes vuelvan a sentarse. Podría ser desde un bono que compense la perdida de poder adquisitivo. También una o más subas porcentuales que equiparen el índice de inflación.
Además del 15% como tope con cláusula de revisión, lo otro que quiere el Gobierno es que los acuerdos salariales sigan siendo anuales. Como hasta ahora también, podrán ser en uno o más tramos.
Según funcionarios, si el incremento se otorga en una sola cuota -como le ofrece en estos días el sector financiero al gremio bancario- un acuerdo salarial inferior al 15% sería «un buen arreglo porque de entrada el trabajador le gana varios meses a la inflación».
Pero en la Casa Rosada admiten que pocas actividades estarían en condiciones de dar todo el aumento de un saque.
En principio asoma complicado que los sindicatos acepten sin chistar este esquema, más cuando la inflación esperada para todo este año es del 19,4%, es decir casi 5 puntos por encima de la meta oficial.
El esquema de 15% más revisión podría ser más arriesgado para los gremios débiles que los fuertes. Un gremio como Camioneros está en mejores condiciones de forzar a sentarse a los empresarios de la actividad a rediscutir la suba salarial que, pongámosle, los fosforeros de Villa
Otro factor es que no todas las actividades llegarían al umbral del 15% en sus ofertas salariales. Uno sería el sector público nacional, que en medio del ajuste en el Estado que impulsa el
En París, hace unos días. Macri dio una pista concreta. «La gente no puede pagar más impuestos y, además, nosotros nos comprometimos a bajarlos. Cada ciudad, provincia y Nación tendrán que pagar los salarios que le permitan los impuestos que recaudan. No hay otra manera. Hay que ser austeros”, dijo.
El horizonte asoma oscuro para los trabajadores estatales de las provincias, sobre todo los de las jurisdicciones con las cuentas más complicadas. Las provincias, además, por el Pacto Fiscal que firmaron el año pasado con el Gobierno Nacional se comprometieron a bajar el gasto público.
«El gran quilombo va a estar en las provincias, sobre todo en las patagónicas», observan en el Gobierno.
