Varios de los 14 acusados por el delito de sedición, luego de la asonada policial del 2013, no se presentaron y fueron declarados en rebeldía. La justicia les pidió la detención. Hoy declararon el resto de los imputados.
Esta mañana en el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, se dio inicio al juicio oral y público contra 14 policías por el delito de sedición. El 13 de diciembre de 2013, luego de una movilización a la plaza San Martín y a Casa de Gobierno, tomaron las comisarías de Santa Rosa, la Jefatura de la Policía y varios destacamentos del interior, en el marco de una asonada policial que se dio en todo el país contra las políticas del gobierno nacional de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los imputados son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. Además, a éstos dos últimos se los acusa también de daño y coacción.
Para este miércoles se preveía la declaración de los 14 imputados en la asonada policial que tuvo en vilo a la sociedad santarroseña, pero varios de ellos no se presentaron a declarar.
Parte de los imputados antes del comienzo de la primera audiencia
Se trata de Luis Rodrigo Wiggenhauser, Pablo Orlando Monte, que no se hicieron presentes en la primera audiencia, que fueron declarados en rebeldía y la justicia pidió su detención.
Otro de los imputados, Silvio Rojas, se encuentra fuera de la provincia y declarará el viernes, mientras que Martín Salvatierra todavía no se había presentado e iban a esperar hasta el cierre de la jornada de hoy para declararlo en rebeldía y pedir su detención.
El tribunal que juzga a los policías está compuesto por Carlos Besi, como presidente, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín.
Fiscal. El hecho central, de acuerdo a la fiscalía, fue la toma de la Jefatura, el edificio contiguo donde funcionaba el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) –allí se atendían las llamadas de emergencia a la línea 101– y la Dirección de Comunicaciones, que funcionaba en el Instituto Policial, sobre la avenida Belgrano.
“Ese accionar violento tuvo como objetivo arrancarle al PEP la concesión de una serie de exigencias que habían sido planteadas en un petitorio” a las autoridades del Ministerio de Gobierno. Esos reclamos incluían el apartamiento del jefe y el subjefe de la fuerza, cuestiones vinculadas a los adicionales y a las situaciones de pasiva y una mejora salarial, indicó Sancho en su alegato de apertura. Ese último punto fue atendido por el gobierno.
El fiscal indicó que “durante la toma, la ciudad de Santa Rosa estuvo absolutamente desprotegida” y agregó que “una de las cosas más graves fue que se obligó a los operadores de la línea 101 a no recibir más llamadas, por lo que la sociedad no tuvo posibilidades de comunicarse por los canales oficiales y quedó echada a su suerte”. Y añadió que ello se produjo en un contexto nacional de protestas similares en otras provincias.
“Hubo violencia y hostigamiento por parte de los autoacuartelados –remarcó–. Acá no vamos a discutir si el reclamo salarial era legítimo o no y tampoco si los policías estaban bien o mal pagos, sino que algunos integrantes de la fuerza cometieron hechos gravísimos que afectaron a instituciones de la República”. Y acotó que en el banquillo “debería haber mas funcionarios sentados, pero no todos los participantes pudieron ser identificados”.
Con respecto a Montes y Rojas, el fiscal general indicó que, con intimidación, fueron a la estación de servicio de Vialidad Provincial y que el primero rompió un portón para ingresar y cargar combustible en un vehículo oficial.
El tribunal que juzga a los ex policías está compuesto por Carlos Besi, como presidente, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín. A excepción de Rojas, todos los imputados están representados por los defensores oficiales Martín García Ongaro y Paula Arrigone.
La defensa. García Ongaro, en su alegato de apertura, adelantó que pedirá que sean absueltos, ya que adujo que “no hubo desprotección a la comunidad ni trastornos en el servicio de emergencia del 101” e incluso afirmó que “existió cobertura de seguridad” en Santa Rosa y que algunos de los acusados intervino en la prevención de hechos de inseguridad durante esas horas. “Fue una protesta social donde no se cometieron delitos”, remarcó. También dijo que Mora y Daniel López no estaban en la ciudad.
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