Según el diputado provincial sus pares del FrePam incurren en un apriete a la justicia al anunciar una marcha para el 27 de febrero cuando la intendenta radical, Roxana Lercari, enfrente una audiencia por firmar un convenio con Macri sin autorización de provincia y aumentarse el sueldo de manera unilateral y por fuera de los mecanismos establecidos.
“Lercari habla de una disculpa por haber cometido una irregularidad que corresponde a su cargo” pero “esto en cualquier escenario es un disparate porque no existe justificación posible por incumplir una norma que debía conocer”, indicó.
El diputado peronista se refrió al juicio que se le hará a Lercari por celebrar un convenio con la Nación sin la autorización de la provincia y justificó a Verna que “al tomar conocimiento formal de la irregularidad administrativa, dio vista del expediente a Fiscalía porque es lo que corresponde a su función”
“De este mismo modo, Lercari también incumplió con la Ley al no pasar su aumento de sueldo por la esfera Concejo Deliberante, y es evidente que la cúpula de su partido está intentando mezclar los temas para minimizar sus irresponsabilidades ante la comuna”, añadió. La intendenta también deberá responder por el incremento salarial que se otorgó sin aval del legislativo de su pueblo.
“¿No es curioso que el caso de Realicó sea el reclamo visible, cuando tantos intendentes opositores al Gobierno provincial han contado con fondos nacionales sin ningún inconveniente? Además, varios de ellos han agradecido públicamente la celeridad y el diálogo con el gobernador Verna”, afirmó el presidente de la Comisión de Ríos interprovinciales.
“Con la actitud que comunicaron los funcionarios radicales están llevando adelante la partidización de un tema que, visiblemente, debe tratarse en la esfera judicial. Para la Ley, el pedido de perdón no alcanza. Ver la actitud de diputados e intendentes radicales acompañando a la titular del Ejecutivo de Realicó ante la Justicia en movilización de protesta es, cuando menos, un acto de patoterismo institucional”, acusó.
“Parece que los legisladores radicales que se suman a esto se olvidan de su investidura y de su rol, siendo quienes votan en la Cámara la designación de los jueces que hoy pretenden presionar con una marcha corporativa. En este contexto se podría leer hasta una conducta extorsiva de su parte, ya que son responsables de la designación de las autoridades a quienes irán a reclamar”, finalizó Lezcano.
