Santiago Abel Corredera denunció al secretario de Hacienda, Luis Evangelista, por proponerle un acuerdo en contra de sus intereses “jurídicos y económicos” y por amenazarlo con quitarle las habilitaciones municipales de sus negocios.
El comerciante aseguró que el funcionario de Cambiemos local le pidió que “le diera conformidad” a la familia Ortiz Cereceda para habilitar el local comercial en conflicto, bajo amenaza de quitarle la habilitación de la joyería, no destrabar el de la confitería La Recova y revocar la de un comercio de ropa.
La supuesta proposición se la habría hecho Luis Evangelista el viernes pasado en la relojería ubicada en la calle Avellaneda. En ese lugar fue registrado el video que aquí se difunde. La grabación fue aportada como prueba en la causa penal y al no tener sonido, solo acredita la presencia de Evangelista en el comercio.
Según la denuncia, Evangelista “me informa que concurría a visitarme por expresa orden del Intendente Municipal Leandro Altolaguirre y que su propósito era llegar a un acuerdo respecto de los expedientes administrativos tramitados ante la Dirección General de Comercio referente a los locales que son parte del inmueble Partida N° 544.414 sito en calle Avellaneda esquina H. Yrigoyen, siendo uno de los locales los que ocupa el suscripto con su negocio de relojería y joyería”.
“Ante tal manifestación le pregunto a qué arreglo pretendía llegar, pues, esta parte no entendía cuál era el cometido de la visita de dicho funcionario; siendo la respuesta del Cr. Luis Evangelista que me venía a proponer que yo y mi familia le prestáramos conformidad a los herederos de Ortiz Cereceda para habilitar comercialmente el local sito en calle H. Yrigoyen 13/15. Respecto de dicha habilitación municipal, cabe señalar, que esta parte ya había presentado formalmente oposición por escrito ante la municipalidad de Santa Rosa en función de que existe una denuncia penal contra los Sres. Elba Liliana, Carlos Daniel y Ángel Guillermo, todos de apellido ORTIZ por el delito de despojo respecto de dicho local comercial (el ubicado en calle H. Yrigoyen N° 13/15), existiendo además varias acciones civiles tendientes a recuperar el local referenciado y que siempre fue usufructuado por mi familia”, se lee en el escrito penal.
“La propuesta del funcionario público, además de llamarme la atención y no entender su cometido, obviamente me exaltó emocionalmente, a lo cual le recriminé como se atrevía a concurrir a mi negocio a plantearme tal cuestión cuando existían reclamos administrativos, penales y civiles contra dichas personas respecto del local referenciado. Ante mi enojo, el funcionario público Cr. Evangelista, me manifiesta, que si yo no accedía a su pedido, me iba a clausurar tanto mi comercio, revocándome la habilitación comercial que poseo, como también iba a clausurar y retirar la habilitación municipal para ejercer el comercio respecto del local de nombre de fantasía “DOCKER” sito en calle Avellaneda 263 que el suscripto le alquila al Sr. G. C.”, afirma el denunciante.
“Ante las amenazas proferidas por el Cr. Luis Evangelista, me sentí presionado y le increpé que no tenía vergüenza en plantearme semejantes cosas, que me explicara cuál era su interés personal en favorecer a la familia Ortiz y si debía clausurar alguno de mis locales comerciales que procediera como lo considerara conveniente; pero que ninguno de los miembros de mi familia prestaría conformidad para habilitar comercialmente a la familia Ortiz, dado que los mismos no poseen ningún derecho respecto al inmueble que es propiedad de la familia del suscripto (Ilda Palacios, Laura Corredera y Santiago Corredera) y de Antonio Corredera”, dice.
“Además, le expresé al funcionario Evangelista, que no sólo no se le reconoce ningún derecho a la familia Ortiz respecto del inmueble sino que: ni yo ni la municipalidad tenían la facultad para poner en posesión del bien a los herederos de Ortiz Cereceda, pues, si ellos se consideran dueños que lo pidan en la justicia. También le recriminé al funcionario, que su actuar no era imparcial, que estaba tratando de beneficiar a los herederos de Ortiz y al abogado patrocinante de aquellos, Dr. Sebastián Torroba, teniendo en cuenta la reconocida relación política y de amistad que existe entre el ex intendente Francisco TORROBA y el funcionario denunciado, quien fue Secretario de Hacienda de TORROBA”, indicó.
“De igual modo, le reproché que: ‘en vez de venir a hacerme dicho planteo, debió excusarse de actuar en los expedientes administrativos ya que entiendo que existe una inhibición moral para actuar (por parte de Evangelista) en virtud de su estrecha relación con la familia TORROBA’ Ante la discusión que generó entre ambos ‘la propuesta” del funcionario municipal, y la negativa firme del suscripto a acceder a la petición de aquél, el mismo (Cr. Evangelista) terminó diciéndome: “entonces, no sólo les vamos a tener que clausurar tu negocio y el de Docker sino que con esta negativa tampoco estás allanando el camino para solucionar el problema de tu tío respecto a la habilitación municipal para abrir La Recova’”, aseguró Corredera en la justicia penal.
“El tema de La Recova generó otro entre dichos, entre ambos; luego se bajó el tono de la conversación y el Cr. Evangelista insistió que si prestábamos nuestra conformidad se podía arreglar todo, a lo que nuevamente no accedí. Por lo tanto, el funcionario, se levanta, y se retira del lugar”, relató.
“Por la conversación entre el funcionario municipal Luis Evangelista y el suscripto, cabe señalar que esta parte se vio presionado o forzado de alguna forma, por el funcionario, a realizar un acto contrario a mis intereses jurídicos y patrimoniales, respecto del cual nunca se estuvo de acuerdo en realizar, ya que ese local (el de H. Yrigoyen 13/15) fue siempre explotado en forma exclusiva por mi familia, mediante alquileres por más de 30 años.La visita del funcionario público referenciado quedó registrada por las cámaras de video que posee mi comercio y la charla que tuvimos en mi oficina fue escuchada tanto por los empleados del negocio, en especial el Sr. Nahuel GONZÁLEZ TORALES, quien estaba sentado en la parte del taller arreglando un reloj y cuya mesa de trabajo se encuentra pegada a la ventana de mi oficina, como también mi Sra. Madre Ilda Palacios quien se encontraba presente en dicha reunión”, finaliza Corredera, quien pidió que se investigue si el radical incurrió en algún delito penal.
