Foto: Infopico
La intendenta de Realicó, Roxana Lercari, llegó al Palacio de Justicia piquense acompañada de funcionarios y pares radicales.
Juan Carlos Marino, “Poli” Altolaguirre, Guillermo Coppo, “Tito” Pechín, Daniel Kronenberger, entre otros, recibieron a la jefa comunal de Realicó que enfrenta dos causas judiciales: una por supuesto abuso de autoridad y otra por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este martes, unas 40 personas acompañaron a la funcionaria. La jefa comunal fue citada en los Tribunales de General Pico, para dar cuenta sobre una denuncia realizada por el Gobierno provincial y otra por los concejales opositores realiquenses, señala el portal Infopico.
La primera de ellas está vinculada al inicio de convenios firmados con el Gobierno nacional, al margen de la Ley provincial que establece que esos acuerdos deben ser informados previamente al Gobierno Provincial. La otra denuncia fue por haberse aumentado su sueldo y de algunos funcionarios municipales, sin la aprobación del Concejo Deliberante local.
En la mañana de hoy en la presencia de la Jueza, Jimena Cardoso, se les leyó las dos causas por las cuales se le dio curso a la Audiencia de Formalización.
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EL APOYO DE LA UCR
En un documento, la UCR rechazó las acusaciones y manifestó que “la denuncia promovida contra la intendenta Roxana Lercari le reprocha la celebración de convenios con organismos nacionales sin la ‘autorización previa del Poder Ejecutivo Provincial’ que exige el artículo 151 de la Ley de Municipalidades N° 1597″, recuerda. La UCR interpreta que esa ley, o ese artículo, es inconstitucional.
«El requisito de la ‘autorización previa del PEP’” resulta abiertamente inconstitucional toda vez que lesiona antijurídicamente la garantía de la autonomía municipal consagrada por el artículo 123 de la C.N”, agregan desde la UCR.
“Los municipios son entes constitucionales, necesarios, de base territorial, provistos de un conjunto de finalidades y cometidos cuya concreción requiere de medios y facultades suficientes para llevarlos a cabo», dice el documento.
«Es tan irrazonable prohibir a los Municipios celebrar acuerdos con una persona de derecho público nacional, como lo sería restringir la facultad de suscribir convenios con una ONG, con una sociedad anónima o con una institución religiosa», se agrega.
