El 8 de marzo se vivió en Santa Rosa el Paro Internacional de mujeres, donde lesbianas, travestis y trans volvieron a poner su voz en la arena política. El cese de los femicidios, travesticidios, las violencias económicas, el trabajo, y la responsabilidad del Estado entre las principales exigencias.
Más de mil personas integrantes de organizaciones sociales, feministas y de la disidencia sexual marcharon por las calles, ocupando a lo largo y a lo ancho, 7 cuadras de la céntrica Av. San Martín.
Posterior a la jornada histórica que se vivió en la capital pampeana, la activista trans, Angeles Zuñiga, dialogó con Plan B, y señaló que desde la aprobación del cupo laboral trans, la Municipalidad sigue sin reglamentarlo. La sitauación se replica en el plano provincial y a nivel país.
«Fue aprobada el 19 de junio de 2017, estamos a marzo y todavía no la reglamenta. Tendrían que contratar una persona por año y no lo cumplen», señaló.
La normativa establece que la Municipalidad deberá prever en cada incorporación anual de personal, la reserva de una proporción no inferior al 1% para personas travestis, transexuales y transgénero, garantizando al menos la incorporación de una persona en igual periodo. Pero todavía no fue reglamentada y no hubo ingresos.
El día del Paro Internacional de la Mujer, Zuñiga tomó la palabra en la banca del vecino, en el Consejo Deliberante, para reclamar por la ordenanza.
«Exigimos que se reglamente la ordenanza. Son vidas de las compañeras que se juegan en las calles. Nosotras estamos en paro desde que decidimos no mentirnos a nosotras mismas. Porque la sociedad te excluye, te segrega, y el Estado te criminaliza y te persigue», expresó.
La situación de las travestis y trans es de completa vulnerabilidad y emergencia. El registro de violencia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años o menos. La mayoría muere asesinada.
«Enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, destacó el organismo.
Zuñiga es además militante del Colectivo abolicionista «Todas Somos Andrea». Sobre la temática trabajo sexual, en la que trabaja en territorio, planteó que «todas están cansadas, podrídas de estar paradas, aguantando que las roben, las violen, que las golpeen, que abusen, noches de frío, por ningún motivo lo consideran un trabajo, pero no hay oportunidades ni políticas concretas para el colectivo trans, es un medio de sobrevivir a este sistema que oprime y criminaliza nuestras identidades».
«Nosotras no estamos pidiendo que creen un marco normativo especial para las travestas, pedimos por un derecho tan fundamental como el trabajo que es normal para todos, pero para nosotras es una utopía conseguir un trabajo. En mi caso tengo un trabajo, estudio en la Universidad, pero no me lo dan porque cuando voy ven que soy una trans», expresó.
Para lograr conquistar esos derechos, Zuñiga sostuvo que «se revierte con militancia y empoderando a las compañeras» y citó a la referente Lohana Berkins «al calabozo no volvemos más».
«La Constitución, las normas y los tratados de rango internacional, toda persona necesita un trabajo para cubrir sus necesidades básicas», indicó.
Por último, planteó que «tiene que haber políticas que apunten al acceso al trabajo» y que para eso «se tiene que hacer efectiva la ley de identidad de género que habla de respeto y trato digno, mira que tan arcaico somos como seres humanos que hay que crear una norma que diga que hay que respetar a otro ser humano».
«El Estado tiene que dar el ejemplo, legislar para todes, pareciera que las vidas de las trans no valen nada. Hay que hacer valer las leyes que ya están y educar a la sociedad para la diversidad», manifestó Zuñiga.
