En la Cámara de Diputados de La Pampa, se dio un fuerte debate por el proyecto de resolución para repudiar el ingreso de la Policía Federal Argentina, a la sede de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, con motivo de la detención de Aníbal Prina. El legislador Espartaco Marín dijo que fue exagerado el operativo que se montó para detener al profesor
Por mayoría (18 votos positivos, 10 negativos) se aprobó la resolución por la que se expresa repudio por el ingreso de la Policía Federal Argentina, a la sede de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, con motivo de la detención del profesor Aníbal Prina.
El diputado Eduardo Tindiglia argumentó que “el pasado viernes 13 de octubre, se produjo el ingreso de la PFA al predio de agronomía de la UNLPam. Según se pudo saber de fuente fehaciente, los agentes policiales no contaban al momento del ingreso con orden judicial de autoridad competente. Se entrevistaron con el Sr. Decano, Gustavo Fernández, le preguntaron por el profesor Aníbal Prina y le dijeron que necesitaban hablar con él. Fernández los condujo hasta la oficina donde estaba Prina, los dejó unos minutos a solas, y luego salieron los policías con el Sr. Prina en calidad de detenido».
Destacó que “Los policías informaron de manera verbal que el procedimiento estaba a cargo del Juez Federal de Santa Rosa, pero en ningún momento exhibieron ni dejaron copia de orden judicial escrita y fundada. El proceder correcto hubiera sido una comunicación formal y oficial, de autoridad a autoridad, es decir, una orden judicial escrita, fundada y firmada remitida por el Juez Competente al Rector de la UNLPam, sin embargo tal proceder no se cumplió».
“Lo grave, lo alarmante, es que este tipo de conductas están naturalizadas tanto al interior de la propia fuerza policial como, mucho peor, en el ámbito del poder judicial. No es posible entender, de otro modo, que el propio juez de la causa haya avalado tácitamente el procedimiento, más aún luego de que la UNLPam hubiera sacado un comunicado haciendo pública su posición.
“Por lo demás, con relación a la detención del profesor Prina, con una reconocida y dilatada trayectoria docente e investigadora en el ámbito académico nacional, se puede calificar sin dudas de arbitraria. Ello así en función de los parámetros mínimos elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez más desconocidos por el Poder Judicial a la hora de llevar adelante una detención”.
Inmediatamente después el diputado Abel Sabarots propuso una moción para que la iniciativa volviese a comisión porque “Prina está procesado por la Cámara de Bahía Blanca y aún la UNLPam no ha dirimido si el ingreso a su predio fue irregular, sin orden judicial, en ese caso lo vamos a repudiar”. Además dijo que de prosperar el repudio “estaríamos invadiendo desde el Poder Legislativo al Poder Judicial vulnerando el sistema republicano”. Moción que fue rechazada por mayoría.
Tindiglia remarcó, luego, que “la fiscalía no encontró delito alguno porque no encontró elemento fáctico de intimidación pública”, que fue procesado “no por haber arrojado huevos contra el presidente, sino por haber publicado en facebook que lo había hecho”, que “está a disposición del Poder Ejecutivo” y que “el Poder Ejecutivo ejerce presión en tribunales contra la oposición política”.
La legisladora Adriana Leher dijo que “el bloque Cambiemos rechaza el proyecto porque se deben agotar las instancias administrativas y judiciales”, mientras que el diputado Espartaco Marín dijo que “si bien rechazamos el acto intimidatorio de arrojar huevos al presidente” consideró “desproporcionada la actitud del gobierno, sobretodo la llamada de la ministra de seguridad al juez federal Cubas para que detenga a un ciudadano pampeano” y “exagerado el montaje mediático que convirtieron la detención de Prina en un reality show”.
Por su parte el diputado Darío Hernández manifestó su preocupación porque “esta escalada de violencia contra los sectores populares” le hacía recordar al “inicio de la dictadura militar”, lo que provocó que el diputado Ricardo Consiglio le reclamara que “no se podía comparar un momento con otro de la historia, hoy hay división de poderes”.
Para el diputado Daniel Robledo “si se manda detener a quienes manifiestan contra el presidente, tendrán que detener a cientos de miles de argentinos” y la diputada josefina Díaz dijo que “si los pampeanos nos ven siempre repudiando, seguro estarán llorando”.
Fuertes debates anclados en la coyuntura
Antes del debate la sesión comenzó con la aprobación unánime de la ley por la que se conmemora en la provincia de La Pampa el 19 de noviembre de cada año como «Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes», instituido por la organización «Fundación Cumbre Mundial de la Mujer» con sede en Suiza.
Su autora, la diputada Alicia Mayoral, la fundamentó en que “a nivel mundial, UNICEF estima que 1 de cada 10 niñas son víctimas de violencia sexual. La mayoría de los estudios en varios países de la región, indican que alrededor del 70% de las víctimas de abuso sexual son niñas. Además, que en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en las tres cuartas partes de los casos son familiares directos».
Mayoral sostuvo que “En Argentina no existen datos oficiales, pero se estima que también 1 de cada 5 niños/as son abusados por un familiar antes de los 18 años y que la familia es el principal ámbito donde se da la violencia sexual. Al mismo tiempo, es la segunda causa por la que las niñas y niños deben ser protegidos, perdiendo el cuidado parental y separados de su entorno social».
“En la provincia de La Pampa, los datos estadísticos relevados se efectúan en función a las denuncias ante la Justicia, además de solicitudes de intervención interdisciplinaria emanadas de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar del gobierno provincial, como así también del ámbito de la salud pública. De esta manera, queda en evidencia que los abusos, malos tratos y explotación a niños, niñas y adolescentes son un problema alarmante que no distingue país, raza, cultura o condición social; por tal motivo se ha hecho cada vez más indispensable pronunciarse y accionar frente a este tema, tomando medidas oportunas y necesarias a nivel familiar, local, nacional o internacional».
Finalizó indicando que “Amparados en los Artículos 19 y 34 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace necesario que los Gobiernos y las Organizaciones de la Sociedad Civil jueguen un papel importante en la protección contra toda forma de abuso infantil. De allí que a nivel internacional, desde el año 2000 se haya designado el 19 de Noviembre como el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, como un día en el que se pusiera en evidencia el problema de los abusos a la infancia; instando a la puesta en marcha de acciones urgentes, pertinentes y eficaces por parte de los Estados nacionales”.
