El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a declaración indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su ex segundo Roberto Baratta y a otros ex funcionarios además de empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.
El magistrado citó a 49 imputados, en un listado que incluye a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, sindicado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas, según la resolución a la que accedió Télam.
Las pruebas en la causa, sostuvo el juez, «permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas» a entonces funcionarios públicos, según el fallo.
Martínez De Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Baratta, el también detenido ex secretario de Obras Publicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime (también preso) y Juan Pablo Schiavi, entre otros.
En cuanto a los empresarios, citó a indagatoria a integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, del consorcio que se adjudicó las obras.
Entre los citados están Ángel Antonio Calcaterra y Santiago Altieri (IECSA SA); Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA); Ignacio Soba Rojo (CAESA SA).
La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado ‘Corcho’ Rodríguez, imputado como supuesto «intermediario» entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.
«Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular» de la licitación, remarcó el juez en la resolución.
En este sentido, advirtió que «se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore».
Las 49 citaciones abarcan a los exfuncionarios que «formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal» u otras reparticiones que intervinieron «de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio» y, además, a los «apoderados de las empresas privadas adjudicatarias» y sus responsables.
