La referente de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, planteó esta mañana un panorama complejo en el abordaje de la situación del tránsito, la atención a las víctimas, la legislación vigente y expuso que “desde 2015, con el cambio de gestión, no recibimos más ayuda de ningún gobierno”.
Esta mañana contó que el fin de semana pasado volvieron a colocar una estrella Amarilla en la ciudad de Santa Rosa. “Fue por el caso de Lula Magariño, que al margen de ser la esposa de ‘Quique’ Mario, un colega de prensa, amigo, lo recuerdo porque en la cocina de la casa de Lula hice la primera marcha hace 14 años, cuando se juntaron en el río Atuel las marchas por seguridad y por el esclarecimiento del caso de mi hijo”, dijo.
“Volver al barrio y tener que poner esta estrella fue muy duro. A partir de esto salieron los reclamos sobre la cantidad de estrellas que venimos adeudando a la sociedad, ya que el año pasado fue muy especial para mí y no pudimos estar muy activos”, señaló en declaraciones televisivas al programa “La Mañana con Vos” que se emite de lunes a viernes de 8 a 10 por el canal 2 Somos La Pampa de Cablevision.
González recordó que el año pasado fue víctima de un siniestro vial. “Estuve como siete u ocho meses tratando de recuperarme. Ahora el 30 de mayo colocamos tres estrellas más de personas que nos han solicitado y todo este trabajo enorme, con distintos casos que han pasado, nos motivaron a tener reuniones institucionales con el Jefe de Policía y la anterior con Juan Pablo Meaca, titular de la Defensoría de la Niñez”, precisó.
“Esto sucedió por otro caso, de la señora Norma Di Giorgio, que ocurrió un martes 13 de marzo. La señora conducía en moto, despacio y fue embestida por un transporte por una institución con personas con discapacidad y la señora fue despedida brutalmente y a las tres o cuatro horas falleció. El tema es que la familia no fue informada por policía, ni por nada”, indicó.
“Esta señora dejó cinco niños y se le prometieron defensores que nunca tuvieron o atención psciológica que nunca tuvieron”, recordó.
“Nosotros como ONG y organización, instalamos en Salud Pública, en la época del subsecretario Ordoñez, que no había ni ministerio, en el primer gobierno de Verna, se pidió que haya un grupo de psicólogos para atender a un montón de casos en general y se logró que estén nombrados en el Hospital Lucio Molas”, recordó.
“También se logró un equipo especial de psicólogos, pero llegan los hechos y esto no está bien aceitado y las familias quedan expuestas y sin ningún tipo de protección”, añadió.
—¿Hablaron estos temas con la policía?
—Sí. Ellos dicen que tienen un protocolo y el tema sería unificarlo con el de Salud. Nosotros estamos haciendo uno, en la Secretaría de Políticas Criminales de Nación. Estamos yendo una vez por mes a trabajar allá, para todo el país.
Por eso estamos pidiendo algo antes para La Pampa y que esto no suceda. Por ejemplo, Meaca nos prometió que en casos de niños y adolescentes involucrados, que quedan a la buena de Dios, él tiene un equipo terapéutico que nos ayudaría a trabajar con ellos. De hecho, estamos pidiendo asistencia para los niños de la señora Di Giorgio, que deben seguir sus estudios, tramitar becas y un montón de cosas, que hay que hacer”, añadió.
En este sentido, González adelantó que la Fundación Estrellas Amarillas puso un abogado querellante para la familia. “Queremos que se pueda avanzar en el caso y ver qué está pasando. Además, estamos trabajando en casos ocurridos en enero y febrero con pampeanos que perdieron la vida fuera de la provincia. Eso es terrible. Murieron 14 pampeanos desde enero a ahora. La mitad fueron víctimas de conductores alcoholizados y en esas provincias, se han iniciado causas judiciales “, afirmó.
“Son pampeanos que murieron en Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y Misiones. Estamos tratando de conseguirles abogados, ya que solo hay seis meses para presentarte como querellante. Y si no te presentás, actúa la justicia de oficio. Algo terrible también es traer los cuerpos a La Pampa. Son un montón de cosas que solo la gente que lo vive se da cuenta del desamparo total que hay”, explicó González.
—¿Cómo se hace? Todo esto genera mucho gasto…
—Nosotros no ponemos nada. La Fundación hace tres años que no recibe aportes de ningún estamento del gobierno, ni de Nación, ni de Provincia, ni del municipio y nuestra situación es por demás crítica. Por eso solicitamos socios y no tenemos como financiarnos.
Tenemos el local de la cooperativa, pero nos habían cortado el teléfono y la cuenta en el banco. Esto funciona porque ponemos todos plata, hacemos las cosas porque hemos vivido estas situaciones angustiantes y terribles. Es abrumador por donde lo mires.
—¿Cómo siguen su vida las personas heridas o que sobreviven a siniestros de tránsito?
—Por cada muerto que perece hay víctimas de segundo grado. Son todos los familiares que quedan trastornados por esa muerte. Algunos pierden su trabajo, tienen largos tratamientos psicológicos y hacemos lo que podemos.
Por eso este casi grito que hacemos. La Fundación es una punta de lanza para que se activen las cosas. La intención es dejar de hacer esto y dedicar nuestra vida a otra cosa, porque estábamos convencidos que cuando se creó la Agencia de Seguridad Vial y otros organismos, íbamos a tener un descanso, pero lamentablemente, no es lo que vemos.
Tenemos que estar todo el tiempo punzando para que hagan lo que deben hacer, exigiendo y por eso pedimos un protocolo para siniestros viales. Si se logra, los responsables, pueden ser sancionados.
– ¿Hoy que pasa con ese incumplimiento?
– Ahora, como no existe una norma, nadie es sancionado. Me refiero a los policías que no informan, a los médicos de salud que no convocan para contener a esas personas, a la oficina de Atención a la Víctima que también hicimos poner en la Procuración, está colapsada por violaciones y abusos sexuales.
Es la misma oficina para todos los casos y la demanda se vuelca a la víctima que está viva. Todo lo que es tránsito no es atendido. El año pasado hubo 66 casos de víctimas fatales en La Pampa y la oficina había atendido a uno y el hospital, ninguno.
—¿Los siniestros viales llevan los mayores grados de tragedia?
—Sí, de tragedias, de gastos económicos. Lula tuvo que ser trasladada a Pico porque no había camas en el Molas y Quique tuvo que viajar durante 15 días para ir a verla y esa situación se repite diariamente acá con gente de otras localidades con víctimas siniestradas y en varias oportunidades nos llevamos esa gente a nuestros hogares.
Nos dicen que somos una organización que hace escraches, pero nosotros hacemos estas cosas porque somos una organización que lucha contra la desidia.
—¿Se avanzó en la condena al victimario?
—Se ha avanzado. De hecho envían a algunos acusados a hacer cursos con nosotros, pero no hemos podido arrancar el curso, porque no tenemos a quién los financie. Si bien el gobernador nos banca el resto de los capacitadores como sociólogos, médicos foreneses, la parte de la psicología no se ha conseguido y eso que lo hemos pedido a Nación y a la Agencia de Seguridad Vial, y no hemos podido avanzar.
Y este curso sería muy importante. Sería un antes y un después ya que los victimarios de tránsito no son conscientes y no asumen su responsabilidad, porque para ellos fue un accidente. Nuestra función es demostrarle con una capacitación de 30 horas que lo que provocaron no fue un accidente y era evitable.
—Por eso nos enseñaron a los medios a hablar de siniestros y no de accidentes…
—Sí, por eso debemos luchar también con la visión de la justicia y fiscales, por el tema de la velocidad. Hay varios casos que se los atropelló a 45 kilómetros, y dicen que no era tanto, pero se trata de una esquina. En las esquinas son 20, porque ahí confluyen los peatones. De diez personas que son atropelladas a 40 kilómetros de velocidad, 4 pueden morir. A 50, son diez kilómetros más, todas perecen. Un cuerpo humano no está preparado para un impacto de 50 kilómetros por hora, algún órgano va a colapsar y tarde o temprano, morís.
—¿La falta de ayuda económica es a partir de esta gestión nacional o venía pasando de antes?
—Esto ocurrió desde que comenzaron las nuevas gestiones de gobierno. Incluso en el municipio quedamos excluidas ya que el otro día se les dio a 13 organizaciones que trabajan con discapacidad una suma de $200.000 y nos dejaron afuera, porque dicen que no tenemos discapacitados. Es vergonzante que nos excluyan de esto.
