El oficialismo firmó un dictamen donde propone reducir el impuesto a la mitad para usuarios residenciales, con un costo fiscal compartido entre la Nación y las provincias. El peronismo, en cambio, avanzó con el proyecto aprobado en Diputados. La votación será la semana próxima.
En un giro de último momento, el interbloque Cambiemos dio lugar a la propuesta de los gobernadores justicialistas y aceptó rebajar el IVA a la mitad para las tarifas de usuarios residenciales. Para frenar la avanzada de la oposición, el oficialismo firmó un dictamen alternativo y abrió así una nueva fase de negociaciones hasta el miércoles 30, cuando se produzca la votación en el recinto del Senado.
“No hace falta llegar al veto. Es posible llegar a acuerdos serios”, consideró el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y agregó: “Queremos hacer un esfuerzo para ver si es posible encontrar un camino para que el alza tarifaria sea más asimilable por la población, dar señales claras de inversión y que la Argentina pueda llegar al autoabastecimiento energético”.
La nueva iniciativa de Cambiemos “va en sintonía con la propuesta de Miguel Pichetto y de los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba)”, destacó ante la prensa el jefe del interbloque oficialista, Luis Naidenoff, al término del plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Energía y Minería.
Según puntualizó el radical, la rebaja del IVA para los servicios de luz, gas y agua, con vigencia por un año, alcanzaría a usuarios residenciales -con una alícuota del 10,5%- y pymes -alícuota del 21%-. El Ejecutivo además queda facultado para prorrogar este régimen especial si la situación económica y social lo amerita. El costo fiscal -que sería compartido entre Nación y provincias- oscila entre los “20 y 25 mil millones de pesos”.
El oficialismo anunció su propuesta cuando el plenario de comisiones estaba a punto de finalizar. Para ese entonces, a instancias de Miguel Pichetto, el interbloque Argentina Federal y el Frente para la Victoria-PJ ya habían firmado dictamen favorable sobre el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.
Originalmente, ese texto incluía la rebaja del IVA, pero dado que se trata de un impuesto coparticipable, los gobernadores habían encendido luces de alarma, y el peronismo “dialoguista” había aceptado eliminar esa modificación.
El senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño, fue el último en firmar el dictamen de su bloque, y lo hizo con disidencias, al igual que el jujeño Guillermo Snopek, el catamarqueño Dalmacio Mera y el correntino Carlos “Camau” Espinola.
Los mandatarios provinciales fueron los grandes ausentes de la jornada de este martes, donde expusieron el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron; y representantes de ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y otras compañías distribuidoras.
El dato saliente fue la presencia -por primera vez en una reunión de comisión- de la expresidenta Cristina Kirchner, quien ingresó al Salón Illia para estampar su rúbrica y se retiró sin tomar la palabra.
Por el Frente para la Victoria-PJ, María de los Ángeles Sacnun advirtió que “Argentina es el país de la región donde el aumento de tarifas tuvo más impacto en el salario”, ya que “en diciembre de 2015, el porcentaje del salario destinado a tarifas era del 6%, y a la fecha, antes de la devaluación, era del 21%”, y “ahora, con tarifas dolarizadas, el impacto va a ser aún mayor”.
La radical Silvia Elías de Pérez defendió hacia el final la nueva iniciativa de Cambiemos, al señalar que “disminuir las alícuotas del IVA sí es potestad del Congreso”. “No estamos dispuestos a acompañar un proyecto que solo busca un veto, que es inconstitucional, y que va en contra de las potestades jurisdiccionales de nuestras provincias”, advirtió la senadora tucumana.
DICTAMEN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGULACIÓN DE TARIFAS
Durante el plenario de las comisiones de Derechos y Garantías; Minería, Energía y Combustibles; y Presupuesto y Hacienda, los senadores integrantes de dichas comisiones, firmaron los dictámenes del proyecto de ley sobre regulación de tarifas en horas de la tarde.
También se dio lectura de los escritos enviados por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna; y su par de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; a continuación de lo cual, expuso el presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andres Chambouleyron.
Al respecto, el titular del ENRE afirmó que «hemos enfocado nuestra política tarifaria en defender a los más vulnerables» y advirtió que muchas familias que hoy reciben la tarifa social «no serían atendidas en este proyecto de ley», el cual además «no aplica para las provincias» ya que apunta a CABA y la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, informó que este proyecto de ley implicaría un costo de 43.000 millones de pesos y una reducción de 14.000 millones de pesos en la inversión programada para los próximos dos años, teniendo en cuenta que «la tarifa va junto con la inversión y la calidad» del servicio.
Por último, Chambouleyron informó que, según la Encuesta Permanente de Hogares, en el año 2000 las familias destinaban el 8,2 por ciento de sus ingresos al pago de los servicios de electricidad y gas, mientras que hoy gastan un 4,1 porciento.
A continuación, el Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), Juan Carlos Trotta, resumió tanto el estado de deuda como de cobranzas de las provincias, jurisdicciones y municipios.
«CAMMESA sufre el aumento del dólar y el costo del combustible no lo traslada inmediatamente», afirmó durante su exposición en el Senado al tiempo que detalló que «hay muchas variables que afectan el precio». «El costo de generación aumenta permanentemente, pero no es lo que se traslada al precio», remarcó.
Luego fue el turno del presidente del directorio del Ente Nacional Regulador del GAS (ENARGAS), Mauricio Roitman, quien destacó que «Argentina tiene uno de los sistemas de transporte de gas más grandes de Latinoamérica, con obligaciones de inversión anual para las licenciatarias» y sostuvo que «el esfuerzo que se le pide a los usuarios va de la mano de las inversiones».
También expusieron ante los legisladores: María Tettamanti por la Asociación Distribuidora de Gas Argentina; Horacio Nadra por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA); el jefe de gabinete de de la provincia de Salta, Fernando Yarade junto al presidente de la empresa de Energía y Minería Salta, Armando Isasmendi; Fernando Antognazza por la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina; y Carlos García Pereyra por la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina.
