La Agrupación feminista del Partido de los Trabajadores Socialistas cuestionó a la cartera sanitaria por no haber garantizado en todo este tiempo el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, también conocido como aborto legal no punible.
El comunicado, dice:
Desde el Ministerio de Salud a través de medios periodísticos se ha comunicado que se habría modificado el Protocolo Provincial de Interrupción Legal que rige desde la gestión del Gobernador Jorge (2012). Organizaciones como el Foro por el Aborto Legal y Seguro durante años han planteado las restricciones del mencionado Protocolo, que actuaban como obstáculos al acceso adecuado de las mujeres al derecho, solicitando sea modificado.
Según las declaraciones con los cambios realizados todos los Centros de Salud de la Provincia podrían actuar en las interrupciones, ya que en el anterior protocolo solo permitía que trabajen los pertenecientes a Nivel 4 u superior.( poseen quirófano)
El anuncio del Gobierno lo realizan al día siguiente a que por los medios se conoció la presentación de objeción de conciencia de la única profesional médica del Lucio Molas que venía garantizando el derecho en ese Establecimiento. También es necesario mencionar que hasta el año pasado en el Hospital Centeno todos en el Servicio de Tocoginecología eran objetores de conciencia, por lo cual derivaban al Lucio Molas. Que a fines del 2017 un solo médico Director de ese Hospital habría asumido la atención de las interrupciones, ya que se estaba incumpliendo legalmente con el derecho en esa institución.
Las normas vigentes permiten la creación de listas de objetores de conciencia pero no que toda una institución sea “objetora”.
A partir de capacitaciones realizadas durante años anteriores impulsadas por el Foro Pampeano equipos profesionales accedieron al conocimiento necesario para el trabajo en interrupción legal.
Por ello desde Pan y Rosas queremos remarcar el esfuerzo, voluntad, compromiso humano y profesional de las/os trabajadoras/os de salud para dar cumplimiento al derecho de las jóvenes y mujeres que por diferentes circunstancias, muchas veces ajenas a ellas mismas deben tomar la decisión de una interrupción.
Conocemos del “desgaste” de muchas trabajadoras de la salud por liberar barreras que el propio Sistema de Salud Pública de la Provincia ha puesto durante años, también de la violencia y la expulsión de mujeres para alcanzar el derecho a una interrupción segura para su salud y sus vidas.
Estos últimos meses a partir de una “crisis” que se presentó en el Hospital Lucio Molas se da un retroceso importante. También hay que decir que ya otros Centros de Atención Primaria u Hospitales de menor Complejidad se encuentran trabajando en ILE, pese a las restricciones del Protocolo.
El Gobierno se tomó cuatro meses para modificar una norma, que en realidad no brinda solución al conflicto de los objetores de conciencia, y no dice como se solucionará el tema de embarazos avanzados. Hoy como reconoce el Ministro en declaraciones públicas no habría garantías de que en Hospital Lucio Molas se pueda concretar una ILE, ya que son todos objetores.
Durante meses se fue agravando la situación en el Hospital de Mayor Complejidad, producto de asesoramientos legales anti-derechos, desvalorizando el trabajo en equipos que trabajan en el tema, juzga miento de causales por las que las mujeres solicitaban interrupción, etc.
Además en nota periodística del 30/5 el Ministro de Salud menciona en cuanto a las modificaciones realizadas en protocolo: “que se incluye a todos los actores, como es el caso de Atención Primaria, tanto público como privado, es decir una verdadera apertura”. Nos preguntamos y alertamos con estas palabras ¿Estaría la posibilidad que las interrupciones sean derivadas al Privado?
Es necesario diferenciar entre el rol de las trabajadoras que por decisiones propias asumieron el deber de brindar el acceso al derecho, y el Estado como principal responsable de la promoción, capacitación, ejecución del cumplimiento de las políticas públicas para garantizar que las mujeres y jóvenes vulnerables/pobres puedan acceder a una interrupción legal por las causales mencionadas en el Código Penal Art. 21. inc. 1 y 2
Responsabilizamos al Ministerio de Salud y al Estado Provincial de no haber arbitrado durante años medidas de acompañamiento, recursos y herramientas que podrían haber fortalecido el accionar profesional de aquellas trabajadoras que cumplen con la implementación de las ILE, como así también haber impulsado que otros equipos de salud cumplan con asegurar el acceso al derecho.
Reclamamos que todos los Centros de Salud de la Provincia trabajen en Salud sexual y reproductiva con acceso a métodos elegidos en forma autónoma por las mujeres, campañas de difusión del derecho al ILE, decimos NO a las diferentes violencias que sufrimos no solo en los ámbitos familiares sino también institucionales. Decimos basta de complicaciones graves en la salud y muertes de mujeres por abortos clandestinos.
Por último nos manifestamos como lo venimos haciendo en cada acción en las calles por el Proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Por la separación del Estado y la Iglesia.
