La concejala del Frepam, Claudia Giorgis, informó a través de un comunicado de prensa sus gestiones en Buenos Aires sobre la obra de Cloacas en el Butaló ante la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso.
La edil manifestó que la empresa Jubete, encargada de realizar la obra del Butaló, debería devolver a la comuna unos 50 millones de pesos. “La empresa Jubete debería aportar por lo menos 50 millones de pesos a la ciudad, dado que la ciudad necesita obras en varias zonas nos parece lógico que si el Estado asume estos gastos cuando en realidad deberían pagarla los que la hicieron mal, por lo menos 50.000.000 de pesos deberían ser devueltos por la empresa Jubete para destinarlos a otras emergencias de la ciudad que tanto se necesita y de alguna manera compensar los gastos de la obra nueva como así también todo lo gastado por el Municipio en estos 2 años, más los perjuicios causados a la Municipalidad y a los vecinos tanto en lo económico como en lo ambiental y sanitario”, señaló.
Haciendo un repaso de las gestiones, Giorgis recodó que “sobre fines de la semana pasada estuvimos en la Oficina Anticorrupción en la ciudad de Buenos Aires donde tuvimos una entrevista con las personas a cargo de la causa que el ENOHSA derivó a ese organismo el año pasado por las cloacas del Butalo”, señaló.
“Recordemos que el Informe de la Auditoría que realizaron los técnicos del ENOHSA fue lapidario consignando las irregularidades y las consecuencias de las mismas sobre el barrio. En efecto tras la verificación de la ejecución del proyecto financiado en el Barrio Butaló de nuestra ciudad el mismo fue contundente en sus exposiciones”, agregó.
“Así el Ente halló, en referencia a la ejecución de los trabajos de renovación de red cloacal que se debían realizar en el barrio, que: ‘la obra no fue ejecutada en su totalidad, por lo cual se certificaron y pagaron trabajos no realizados. Además, que la falta de completamiento de la obra, en conjunto con su irregular puesta en servicio, sería el origen de anomalías tales como, trastornos en el funcionamiento de instalaciones domiciliarias internas, que fueron desvinculadas de la red para su posterior reconexión. Deterioros en aceras y calzadas consistentes en hundimientos producto de la presencia indebida de fluidos provenientes de pérdidas de la red y compactación defectuosa. Acumulación de aguas servidas que ascienden a la superficie asfáltica desde el terreno saturado mediante las fisuras ocurridas luego de los hundimientos. Por último, bocas de registro con carga estática y cañerías, materialmente colapsadas’”, indicó.
En referencia a las actividades de control el Informe del ENHOSA decía : “ no se evidencian, sobre la ejecución de los trabajos acordados y por tanto no se garantizó la exactitud y validez de la información remitida por la municipalidad en su momento (gestión Larrañaga) respecto de la realización en tiempo y forma de las actividades para su desarrollo, permitiendo la certificación y pago por trabajos no realizados.”
Continuaba el informe del ENOHSA: “De la evaluación que se realizó mediante auditoría interna, se pudo concluir que surgieron deficiencias de gestión y control que impactaron fuertemente en el logro de los objetivos esperados “y, agregamos nosotros, en los habitantes del barrio Butaló y en la ciudad en general”, indicó.
“En la entrevista del día jueves se pudieron verificar los avances en la investigación que ha realizado la Oficina Anticorrupción, entre ellos nuevos requerimientos que han realizado ante el ENOHSA y otras constataciones llevadas adelante desde ese ámbito. De nuestra parte expusimos actualizando algunas situaciones que fueron de interés de ese organismo motivo por el cual se nos requirió desde dicha Oficina documentación que vamos a aportar a la investigación”, afirmó.
“El tema resulta muy oportuno ya que hay en este momento dos vías de seguimiento de esta causa de “mala praxis”, por un lado la que lleva adelante la Justicia Federal en nuestra provincia y por el otro la de la Oficina Anticorrupción que también tiene la mirada puesta sobre las irregularidades cometidas y las responsabilidades correspondientes”, agregó Giorgis.
“Como decíamos el 9 de julio al cumplirse 2 años de haber detectado desde la actual gestión municipal esa obra mal hecha “La empresa Jubete debería aportar por lo menos 50 millones de pesos a la ciudad”, dado que la ciudad necesita obras en varias zonas nos parece lógico que si el Estado asume estos gastos cuando en realidad deberían pagarla los que la hicieron mal, por lo menos 50.000.000 de pesos deberían ser devueltos por la empresa Jubete para destinarlos a otras emergencias de la ciudad que tanto se necesita y de alguna manera compensar los gastos de la obra nueva como así también todo lo gastado por el Municipio en estos 2 años, más los perjuicios causados a la Municipalidad y a los vecinos tanto en lo económico como en lo ambiental y sanitario”, señaló.
“En estos momentos tan difíciles para las finanzas de la Municipalidad, con tantos inconvenientes para juntar peso a peso, sacrificando poder hacer cuestiones mínimas, nos parece más que relevante que quienes se beneficiaron llevaron adelante estas malas prácticas en la obra pública hoy sean los que devuelvan a las arcas del estado aliviando el sacrificio de los vecinos y las vecinas de la ciudad”, agregó.
“Es nuestra preocupación que actúen rápidamente quienes tienen responsabilidades al respecto para que Santa Rosa reciba los dineros que se pagaron por obras no realizadas. Ello se debe a que hay sectores de la ciudad que evidentemente necesitan de esos recursos para solucionar los graves problemas que ocasiona el funcionamiento deficiente de servicios en varios barrios como por ejemplo Atuel”, cerró la concejala.
