Los sectores conservadores, los distintos credos y algunos medios tradicionales, celebran en los últimos días que 37 de los 72 senadores se manifestaron en contra del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo que les giró la Cámara de Diputados con media sanción.
(Por Redacción de Plan B) El próximo miércoles 8 de agosto el debate baja a recinto y luego de una sesión maratónica habrá una definición: rechazo, aprobación con modificaciones o sanción de la ley de Interrupción Legal del embarazo (ILE).
Hoy se supo que la senadora kirchnerista de Río Negro, Silvina García Larraburu, se sumó a María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz), el chaqueño Ángel Rozas (UCR), la catamarqueña Inés Blas (justicialista) y el salteño Juan Carlos Romero (justicialista), quienes se manifestaron contra el proyecto de legalización y le dan, hasta el momento, 37 votos a la negativa. Entre ellos se encuentra el pampeano y radical Juan Carlos Marino.
Este domingo la diputada de Cambiemos, Brenda Austin, que levantó la mano para que haya media sanción, afirmó a La Nación que “estuvimos codo a codo con los senadores que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo realizando aportes y despejando dudas que ellos tenían. Y nos comprometimos a respetar los cambios que le introduzcan al texto si el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados», adelantó.
Por esas conversaciones se explica que el miércoles pasado Laura Rodríguez Machado (Pro-Cambiemos) presentó el proyecto de dictamen con modificaciones a la media sanción sin alcanzar las 27 firmas (llegó a 26), pero de todas maneras será tratado este 8 de agosto porque la sesión se hará sin dictámenes de mayoría, lo que implica que se votará por si o por no a diputados; o por no o por si a las modificaciones; para girarla luego a la cámara de origen.
Y eso pasa porque los que se oponen a la legalización del aborto obtuvieron menos votos en el pleno de comisiones: recogieron 23 firmas. Es decir, a medida que exponga cada senador, se irá argumentando por alguna de las opciones y luego se votará.
Las modificaciones. Para que la ILE no caiga propusieron que se baje el límite de 14 a 12 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo; se contempla el derecho a la objeción de conciencia institucional (lo que permitiría a clínicas y sanatorios que pertenezcan a un determinado culto religioso rechazar la realización de esa práctica en sus instalaciones); se eliminan las penas para médicos que se rehúsen a practicar un aborto y; se habilita la producción pública de misoprostol, el medicamento utilizado para interrumpir embarazos.
La última carta. En caso de que el 8 de agosto los sectores que pretenden conservar la prohibición y penar a las mujeres que se practican abortos, ya sea con un proceso judicial o condenándolas al aborto clandestino e inseguro, el tema político de mayor movilización y sensibilización social de los últimos años volverá al centro de la agnea pública cuando se trate el proyecto legislativo que se ha elaborado para la reforma del Código Penal *.
En ese debate irán por la eliminación lisa y llana del artículo 85 al 88 del código, lo que terminaría con la concepción del aborto como delito o, de mínima, introducirán el fallo FAL de la Corte Suprema por el cual se terminó con las interpretaciones legales y quedó establecido que una mujer violada o con discapacidad, pude interrumpir el embarazo de manera legal y sin trámite judicial: “no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a un trámite judicial”, dice el fallo en el que se basan los protocolos hospitalarios de aborto legal no punible, vigentes en algunas provincias, como es en el caso de La Pampa.
* Art.85.- El que causare un aborto será reprimido:
1) con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;
2) con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevara a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
Art.86.- Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
Art.87.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.
Art.88.- Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.
