El Bloque del PJ presentará mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria un proyecto para que sea ingresado sobre tablas en la sesión correspondiente, en el que pide que el Concejo Deliberante exprese su más enérgico respaldo y defensa de la Universidad Pública, gratuita y de calidad entendido como un derecho genuino que el Estado debe garantizar a toda la sociedad argentina.
En el mismo sentido, el proyecto escrito por el concejal Araldo Eleno, pide manifestar su repudio y preocupación ante los permanentes ajustes y atrasos presupuestarios realizados por el Gobierno Nacional en todo el sistema educativo, imposibilitando el financiamiento real de las instituciones públicas, la suspensión de programas, investigaciones y convenios, el congelamiento de los salarios, la paralización de obras, deslegitimación de los reclamos de la comunidad educativa y científica.
Eleno precisó que no se puede ser indiferente ante “la situación que se está viviendo en las Universidades nacionales en donde todavía no han empezado las clases en este segundo cuatrimestre debido al reclamo docente por un salario digno. Creemos que entre todos debemos defenderlas. Muchos de nosotros somos producto de la enseñanza universitaria pública y gratuita y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en la Argentina el acceso a la educación universitaria siga siendo un derecho y que no se convierta en un privilegio”.
Proyecto
Que nuestro país ha sido pionera en garantizar la Educación Pública, laica, gratuita y de calidad como herramienta para generar mayor igualdad de oportunidades. Que en este 2018 se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria en Argentina reivindicando el rol protagónico de la Universidad Pública en nuestra sociedad.
Que nuestras Universidades contribuyen también en la generación de conocimientos, en la investigación y en el estudio de innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
Que el paquete de medidas que viene llevando adelante el Gobierno Nacional, en particular el ajuste fiscal al que se ha comprometido el Presidente ante el FMI, a cambio de un rescate financiero de 50.000 millones de dólares, viene sumergiendo a nuestro país en una crisis socio-económica que afecta a todos los sectores y en articular a la educación.
El recorte presupuestario aplicado a la Universidad Pública pone en riesgo el financiamiento del sistema educativo en su totalidad tanto en infraestructura, investigación como salarios.
Que desde el 6 de agosto de 2018 viene teniendo lugar un paro de los gremios que nuclean a los docentes universitarios en 57 universidades del país y colegios dependientes de Universidades Nacionales ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación de la Nación en cuanto a la negociación salarial para el corriente año, dando lugar a que en muchas no se hayan iniciado los segundos cuatrimestres con el consecuente perjuicio para los y las alumnas que a ellas concurren.
Que resultan preocupantes las declaraciones en medios de comunicación de tirada nacional y de referentes del actual Gobierno Nacional han cuestionado la importancia de la educación pública en Argentina bajo la lógica mercantilista y la educación como un privilegio.
De acuerdo con el informe “El ajuste en las universidades argentinas”, desarrollado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación docente Conadu, las políticas aplicadas por el Gobierno generaron la paralización de programas “necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema universitario”, y redujeron las becas estudiantiles”.
Por ello, El Bloque de Concejalas y Concejales del Partido Justicialista presentan el siguiente
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1: El Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa expresa su más enérgico respaldo y defensa de la Universidad Pública, gratuita y de calidad entendido como un derecho genuino que el Estado debe garantizar a toda la sociedad argentina.
Artículo 2: En el mismo sentido manifiesta su repudio y preocupación ante los permanentes ajustes y atrasos presupuestarios realizados por el Gobierno Nacional en todo el sistema educativo, imposibilitando el financiamiento real de las instituciones públicas, la suspensión de programas, investigaciones y convenios, el congelamiento de los salarios, la paralización de obras, deslegitimación de los reclamos de la comunidad educativa y científica.
