Las trabajadoras del Programa Médicos Comunitarios reclaman el blanqueo y el cobro de sus salarios. Les pagan, cuando les pagan, “una beca” mensual por realizar tareas de Atención Primaria de la Salud en el sistema pampeano. Les adeudan dos meses de sueldo.
“Anoche participamos de la toma de la universidad en defensa de la educación pública y aprovechamos la medida para seguir visibilizando nuestra terrible situación. Le agradecemos a todes les estudiantes, a la comunidad educativa en general y a las personas de la comunidad por haberse solidarizado con nuestra lucha”, señalaron integrantes del PMC.
“Entendemos que el único modo de resistir los embates del ajuste y modificar nuestra situación, es de manera colectiva. A la fecha nos adeudan dos meses de salario y no tenemos ninguna certeza con respecto a la continuidad laboral luego de diciembre”, agregaron.
“Nosotras somos parte del brutal ajuste que realiza Macri en salud pública y el mismo afectará la salud de los pampeanos que utilicen el sistema de salud público de la provincia. Esta es la razón por la que solicitamos al gobernador Carlos Verna que no nos dé la espalda, que no ajuste también en la salud de los pampeanos, que nos saque de la situación de precariedad laboral y nos dé estabilidad”, señalaron las trabajadoras que prestan el servicio en salud pública de La Pampa y por ello reclaman el blanqueo en la provincia.
El Programa Médicos Comunitarios fue creado por la administración nacional durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para que trabajadores y trabajadoras de la salud (en el caso de La Pampa son todas mujeres) se desempeñen en Atención Primaria de la Salud. Las incorporaron como becarias pero llevan trabajando, con horarios y exigencias de prestación de servicios, varios años por un ingreso de pobreza.
La gestión de Mauricio Macri anunció a fines de 2017 que iba a cerrar el programa, pero por el reclamo de las provincias, que se ven beneficiadas con el trabajo de quienes se desempeñan en el PMC, lo extendieron hasta junio de este año. Antes de llegar a la mitad de 2018, les informaron que seguirían hasta fin de año.
En definitiva, las mantienen precarizadas y en medio de la incertidumbre. Por la cantidad de años que llevan en el servicio, todas las leyes laborales establecen que deberían estar en planta permanente.
