Los ministros de Hacienda y Finanzas de las 19 provincias no gobernadas por la alianza Cambiemos mantuvieron un encuentro con representantes del Ejecutivo Nacional para negociar el ajuste proyectado por el Gobierno para el año que viene.
Los representantes de las provincias con signo político macrista no acudieron. Por La Pampa concurrió el ministro Ernesto Franco, quien luego de la reunión brindó algunos detalles de la propuesta inicial que quedó plasmada en un documento de 7 requisitos a la gestión del presidente para el cumplimiento de las metas de ajuste del 2019.
Tras la reunión, Franco adelantó el planteo de las provincias al Gobierno Nacional. Según el documento avalado por los ministros hay disposición para «contribuir con un esfuerzo adicional en tanto la reducción del déficit no se concentre solamente en el gasto, sino también en los recursos, mecanismo que permitirá distribuir equitativamente el esfuerzo entre todos los sectores de la sociedad».
El escrito se dio a conocer al término de la reunión en la Casa de Salta con los tres funcionarios nacionales del Ministerio de Interior y de la cartera de Nicolás Dujovne: Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la Nación; Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias.
El titular de la cartera de Hacienda provincial, contó que el planteo de La Pampa a los representantes del Gobierno nacional es «que el ajuste no puede recaer sobre los sectores de menores recursos, frente a una postura dogmática manifestada públicamente de desandar, al menos parcialmente, el camino de rebajas impositivas que beneficiaron en forma directa a las empresas y a quienes detentan una posición económica privilegiada».
En esa linea, recordó que durante la administración del presidente Macri «se redujeron las retenciones a las exportaciones mineras, se disminuyó hasta casi su desaparición el Impuesto a los Bienes Personales, se licuó la base de contribuyentes del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, se redujeron las contribuciones patronales a las grandes empresas, al igual que se incrementó el pago a cuenta que éstas pueden deducir en el Impuesto a las Ganancias».
Otro de los puntos es el rechazo a la decisión unilateral del Gobierno Nacional de eliminar el FOFESO a partir de agosto de 2018, por la afectación al presupuesto en curso de las provincias y municipios.
«Además, se derogó el impuesto a los dividendos para luego restablecerlo parcialmente, pero en el marco de una reducción de la alícuota impositiva que grava la ganancia de las sociedades. Todo en el marco de un contexto de déficit fiscal que derivó en un endeudamiento masivo del sector público en el exterior y que culminó con una devaluación feroz que agravó el impacto regresivo de las reducciones antes señaladas», contó Franco.
«A partir del recálculo del incremento de los recursos se debería calcular el monto global del gasto a reducir, los que no deberían afectar el gasto social, comprometiéndose los representantes del Gobierno nacional en la elaboración de una propuesta definitiva», consideró el titular de Hacienda.
«Esta Provincia manifestó que, entre volver a gravar a las personas que tienen bienes que superan los $10 millones de pesos o bajar los planes alimentarios, se elige volver a imponer el impuesto», sostuvo.
«Entre volver a gravar a las empresas con el 35%, o reducir la inversión educativa en Universidades Públicas, se elige volver a gravar con la misma alícuota que tienen como máximo las personas físicas», manifestó Franco.
Por último, dijo que «el Gobierno nacional habría descartado incidir a través de una afectación específica en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado al enfrentar la inviabilidad política de ese camino, como así el traspaso del Fondo Nacional del Incentivo Docente».
La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, plazo en el cual Pena, Caldarelli y Caballero consultarán con los ministros qué respuestas dar a las provincias.
El documento de los ministros:
