El juez federal Claudio Bonadio publicó un sorpresivo informe sobre la investigación en la agencia de información de la Corte Suprema (CIJ) y adelantó que su línea es un calco de la hipótesis inicial y determinó comenzar en el año 2008, lo que deja afuera las obras de la familia presidencial.
Ttampoco profundizará las contradicciones que surgieron con la postura que adoptó el Grupo Techint, que quedó en offside con respecto a las supuestas motivaciones de los pagos a funcionarios K que reconoció ante la Justicia. Incluso no le dio relevancia a la impactante declaración de Carlos Wagner, sobre las empresas que integraban la «Camarita» y se cartelizaban desde 2004- para ganar obra pública vial a cambio de coimas.
Al cercenar el punto de origen de la causa, también destartaló uno de los esquemas sobre la presunta recolección de sobornos que eran los corredores viales, admitidos por el propio Claudio Uberti, eyectado como funcionario en 2007. Tácitamente, otro de los beneficiarios del bisturí del juez termina siendo Aldo Roggio, cuyo arrepentimiento implicó reconocer que había pagado al secretario de Transporte el 5% de los subsidios recibidos – detalla el diario Ámbito Financiero.
El informe de Bonadío, publicado en el sitio cij.gob.ar, desalienta cualquier expectativa de una réplica local de un proceso anticorrupción como el de Brasil, con una investigación profunda tanto en el sector público como en el privado. Allí se ve poco y nada (hasta ahora) de la ruta del dinero de los presuntos sobornos descriptos en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno; hubo chequeo de coincidencias espacio temporales con los escritos; y también profusas declaraciones de 15 «imputados colaboradores», pese a que la Ley del Arrepentido exige verificación de los dichos con prueba independiente.
Para el juez toda la maniobra de la asociación ilícita descripta como eje de la acusación comenzó para esta investigación recién en 2008, casi 5 años después de que Néstor Kirchner llegara al poder y ya en la presidencia de Cristina de Kirchner. Y tres años después de que, por idénticos motivos, Elisa Carrió hiciera su denuncia original (en 2005) que versaba sobre delitos cometidos entre funcionarios y empresarios. Ya es un detalle que no se describan los roles de la asociación ilícita salvo en jefes y miembros.
Además no hay intenciones de incluir en la pesquisa a Franco Macri, quien se deshizo en los papeles- de la constructora IECSA en 2007, para dejarla en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Wagner, en su declaración, había arrastrado a la compañía a los presuntos «inicios» de la cartelización, cuando describió que Julio De Vido lo encaramó en 2004 al frente de la Cámara Argentina de la Construcción para que organizara el reparto de licitaciones entre las firmas competidoras y asegurara que se pagaran los retornos con los adelantos de obra. En ese entonces, el patriarca de los Macri controlaba la constructora a través Sideco Americana. Los balances de IECSA eran firmados hasta ese momento por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica, en nombre de SOCMA que ostentaba el 95.25% de las acciones. Con el desembarco de Mauricio Macri en el Gobierno porteño, la familia se desprendió de esa firma y de Creaurban haciendo un traspaso accionario que implicaría pagos escalonados de Calcaterra hasta su cancelación recién en 2015. El extitular de IECSA se apurará esta semana a ampliar sus dichos, desactualizados de los iniciales «aportes de campaña» que reconoció, en vista de lo que declararon sus pares sobre coimas.
El corte temporal de la investigación “deja pedaleando a Uberti”, quien confesó que era enviado por Kirchner para recolectar sobornos mensuales de u$s 150 mil de los concesionarios viales, por su rol en el OCCOVI. Su papel abría el esquema de recaudación por esa vía que entre otras firmas también incluía a la empresa que explotaba el Acceso Norte, Autopistas del Sol (consorcio entre Dragado y Construcciones, Impregilo y Sideco Americana, de Macri); y el Acceso Oeste (Roggio, Odebrecht y Grupo Mexicano de Desarrollo); entre otros muchos peajes concesionados. Pero también su confesión generaba roces con el N°2 de Techint, Luis Betnaza. El exfuncionario aseguró que durante 2005 y 2006 cobró 6 veces del holding de manos del ladero de Paolo Rocca, quien sólo había argumentado una cuestión humanitaria por la nacionalización de Sidor, en Venezuela, recién en 2008. Uberti aseguró que el dinero que le entregaba antes Betnaza en sus oficinas iba dirigido a Néstor Kirchner.
Roggio admitió pago de retornos a cambio de subsidios a Ricardo Jaime y tácitamente a su sucesor desde el comienzo del kirchnerismo hasta 2011. Con su bisturí, Bonadio atenuó el impacto en la ventana temporal, algo que podría dejarlo mejor parado al auto-apartado directivo en la puja de la empresa por renovar la concesión del subte porteño por otros 12 años.
Fuente: Ámbito Financiero.
LA CAUSA. La causa N° 9.608/2018 caratulada “Fernandez Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita” del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Claudio Bonadio, se inicia a raíz de la información aportada en el marco de la causa nº 10.456/2014 de esa misma Secretaría, por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional.-
A partir de estas circunstancias, se realizaron distintas medidas probatorias tendientes a establecer la verosimilitud de la información plasmada en tales registros. En ese sentido, se realizaron tareas de inteligencia, se recabaron informes, y se procedió a la intervención de ciertos abonados telefónicos.-
Por consiguiente, se obtuvieron indicios que “prima facie” permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho (8) años –cuanto menos–, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma “Energía Argentina S.A. –“ENARSA”–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno.-
A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido.-
En el citado expediente, el cual cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos, se han practicado 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.-
Además se secuestraron más de doscientos cincuenta (250) obras pictóricas en posesión de dos imputados por aprox. pesos treinta y siete millones ($ 37.000.000,00) y pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000,00).-
Como consecuencia de ello se han secuestrado aproximadamente, más de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos ($ 6.350.000,00), más de un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 1.245.000,00), más de doscientos treinta y cinco mil euros (€ 235.000,00), como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, nueve (9) armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.-
En total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura.-
Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento, se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva.-
En alusión a las resoluciones dispuestas en el marco de la presente investigación, se puede mencionar que se ha rechazado un planteo de nulidad y tres recusaciones presentadas contra el Juez de la causa y una restante, contra el Representante del Ministerio Público Fiscal.-
Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 (Actualizado al viernes 24 de agosto de 2018)
