Desde el bloque de legisladores y legisladoras del FrePam, presentaron un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Seguridad de La Pampa, Julio González, debido al estado de la Alcaidía y la reciente muerte de Facundo Pérez, el joven acusado de la muerte de Flavia Fernández.
En el proyecto de resolución, las y los legisladores de la oposición hicieron un repaso de las muertes ocurridas en el sistema carcelario pampeano y pidieron información sobre la muerte de Facundo Pérez y las condiciones de detención en la unidad carcelaria.
Resaltaron el pedido de “solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, conforme lo establece el artículo 68 inc. 8 de la Constitución Provincial, para que por su intermedio se presente el Ministro de Seguridad ante esta Legislatura a fin de ser interpelado sobre:
1) Cómo es la situación carcelaria en la provincia de La Pampa en general: Población carcelaria alojada en establecimientos provinciales; cantidad de detenidos con y sin condena; establecimientos habilitados como centros de detención; capacitación de los agentes policiales para el trato con los detenidos; condiciones de higiene, seguridad e infraestructura en general de las cárceles; criterios para distribución de detenidos en los lugares de detención; capacidad para abordar las problemáticas de salud, adicciones, sociales, psicológicas y demás que sufren los internos; entre otros.
2) Cuál o cuáles han sido los protocolos de actuación policial establecidos para la policial de la provincia de La Pampa con relación a la detención, alojamiento, trato y seguridad de detenidos.
3) Detalles del hecho que desembocó en la muerte del detenido Facundo Nicolas Pérez el día 09 de septiembre de 2018 en la Alcaidía UR I; y medidas adoptadas para preservar la investigación y determinar la existencia o no de responsabilidad del personal policial.
“El presente pedido de interpelación tiene como disparador central el hecho ocurrido el día 9 de septiembre del año en curso que culmino en la muerte del joven Facundo Nicolás Pérez, quien se encontraba detenido con prisión preventiva y alojado en la alcaidía UR I de la ciudad de Santa Rosa”, señalaron.
“Este hecho, no hace más que evidenciar una vez más, las falencias del sistema carcelario provincial, la falta de control y el nulo abordaje que se brinda a los detenidos; violando de manera sistemática los derechos reconocidos por las leyes, la Constitución y los pactos internacionales”, indicaron.
“Esta problemática viene desde hace mucho tiempo y consideramos que es necesario que empecemos a poner en el centro de la escena tal cuestión para poder encontrarle una solución definitiva. Por dicho motivo, entendemos que el primer paso en tal sentido es proceder a la interpelación del Ministro de Seguridad a fin de que se nos brinde información certera sobre lo acontecido y las medidas tomadas”, precisaron.
“Como ya se dijo, la muerte del detenido Facundo Pérez es el disparador que desnuda, una vez más, las falencias en el sistema carcelario provincial, sin embargo, hay que resaltar que era un hecho totalmente evitable y que existen muchísimos antecedentes de muertos en establecimientos carcelarios de nuestra provincia que, desgraciadamente, no sirvieron para mejorar en este aspecto”, resaltaron.
“Corresponde destacar que no es el primer caso de muerte de un detenido en las cárceles pampeanas, existen otros hechos y que sucedieron en un periodo relativamente reciente. En un simple recuento de casos podemos mencionar por lo menos once, ocurridos con anterioridad al homicidio de Pérez”, recordaron desde el bloque, para mencionar el caso Canale en General Acha, “… Canale, de 48 años, había sido ingresado a la alcaidía el 31 de octubre de 2002 por una denuncia por presunto exhibicionismo -algo que nunca se demostró- y quedó demorado junto al resto de los presos, cuando ello estaba expresamente prohibido y así fue reconocido por las propias autoridades policiales durante el primer juicio oral y público. Al jornalero le dieron una feroz paliza hasta dejarlo sin vida, pero nadie vio ni escuchó nada…”
“Otro resonante caso fue el de ‘Chamy’ Fernández que tuvo lugar en noviembre de 2008, a raíz de gravísimas quemaduras que el joven de 17 años sufrió en el interior de la Comisaría Cuarta piquense, en momentos que se encontraba “demorado”. Este caso dio lugar a una larga investigación judicial que hasta el año 2015 no había establecido responsables del hecho: “…A siete años de la muerte del joven Juan Carlos “Chami” Fernández, el Tribunal de Impugnación Penal hizo lugar al recurso de impugnación presentado por la familia de la víctima. Como fuera oportunamente publicado por MaracóDigital.net, en la causa que desde el año 2009 se investiga si el menor fue sometido a maltratos o golpizas en la Comisaría Primera la noche en la que luego se originó un incendio que culminó en la muerte del menor, el Tribunal hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el abogado Ezequiel Marquesoni revocando un auto de sobreseimiento de los imputados (todos policías) dictado por el juez de Instrucción Heber Pregno.En esta causa, en el mes de marzo de 2015, la jueza de Instrucción Jimena Cardoso dispuso archivar las actuaciones por entender que “no había existido delito…”
Luego de enumerar otros casos, desde el bloque de la oposición señalaron que “lo que se pretende haciendo esta breve reseña de casos es que se logre dimensionar el grave problema que tiene esta provincia respecto al sistema carcelario y las condiciones de detención, lo cual merece que como legisladores tengamos la oportunidad de requerir al titular del Ministerio de Seguridad la información certera y completa referida al tema para poder hallar una solución y deslindar responsabilidades políticas o judiciales en el caso que las hubiere.”
