A partir del decreto 268/18 todas las personas que reciben una pensión deberán justificar su situación personal para seguir cobrándola. Afirman que la puesta en marcha del sistema de control “no implica la baja de ningún beneficio” pero cada uno deberá presentarse a cumplimentar los trámites para no perderla.
El gobierno nacional aprobó ayer “el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades “por el cual se puede llegar a la “suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez” (siga este enlace para acceder al decreto y su anexo).
En el informe oficial se aclara que “esta resolución no implica ninguna baja en las pensiones, sino que desde agencia se les está solicitando a los beneficiarios que reciban la notificación en sus domicilios que presenten la documentación correspondiente para poder verificar la situación de cada pensionado en los que se registran incompatibilidades”.
El decreto fue firmado el 20 de septiembre pero lo publicaron en el Boletín Oficial el 26 de septiembre.
No, pero el que no justifique, sí. Las organizaciones sociales del sector temen que varias pensiones se caigan por las restricciones que imponen el gobierno y no solo porque existan casos de personas que no tengan discapacidad alguna. En la embestida anterior, que luego fue dada marcha atrás, se tomaba en cuenta la calidad de la vivienda, el tipo de vehículo que se tenía y no la condición de discapacitado.
En la actualidad existen 1.048.000 personas que perciben una pensión mensual de 6.045 pesos. El procedimiento administrativo se puso en marcha porque el gobierno afirma que encontró varias irregularidades.
Entre las incompatibilidades que surgen de los cruces de información encontraron personas que “residirían en el extranjero y cobran la pensión por invalidez laboral, otras que no se han presentado a cobrar su pensión durante tres meses consecutivos, y también otros beneficiarios que tendrían trabajo registrado y/o recibirían otra prestación no contributiva por parte del Estado Nacional”, detallaron.
En 2017 tuvo que dar marcha atrás con el ajuste en medio del escándalo y merced del rechazo de la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social. El gobierno de Mauricio Macri había intentado llevar su ajuste a las pensiones por discapacidad y había dejado sin prestación alguna a más de 170 mil personas.
En febrero de 2018 el ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley volvió a la carga contra las pensiones por discapacidad a los menores de edad bajo el pretexto de que “no tienen incapacidad laboral”. En ese caso puso bajo la lupa a 20 mil menores. La reacción de las y los perjudicados hizo que volvieran a frenar el ajuste.
Ahora, con el fin de avanzar en su convicción de que existen pensiones truchas, establecieron un mecanismo administrativo con el cual intentarán justificar el recorte que quieren hacer desde hace más de un año.
