El intendente Leandro Altolaguirre criticó la derogación de la ordenanza de las antenas y afirmó que se juntará con los concejales para analizar los pasos a seguir. Criticó a la CPE a la que acusó de hacer lobby y dijo que algunos medios maltrataron a las y los ediles.
Un día después que las y los ediles dieran marcha atrás con la polémica ordenanza que permitía la instalación de antenas para comunicación en espacios públicos, el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre afirmó en declaraciones radiales que se juntará con los concejales y volvió a criticar a la Cooperativa Popular de Electricidad, a la que acusó de hacer lobby.
“Creo que los concejales se sintieron ofendidos por las declaraciones de algunos dirigentes y algunos medios, que los trataron de tener actitudes sospechosas y decidieron volver para atrás con el tema de la ordenanza aprobada y promovieron la derogación de la misma”, dijo a Gastón Borasio, periodista de LU 33 Emisora Pampeana.
“Ahora voy a hablar con ellos a ver cómo hacemos para ofrecer el servicio en la ciudad. Porque eso mismo que acá no permite la cooperativa, en la localidad de Toay y en otras que es proveedora, no tuvo inconveniente”, criticó.
“Cada actividad debe cumplir con todos los requisitos y si hay algo que no se cumple, no se puede permitir la instalación de la antena. Fue una cuestión que se habló con los concejales, que aprobaron una norma y luego se derogó para dejar claridad de que no había nada sospechoso, ni nada. La idea es hablar con ellos a ver cómo procedemos, porque es algo que necesitamos imperiosamente, que son las inversiones en telecomunicaciones”, dijo.
—¿Se va a vetar la ordenanza que se aprobó ayer?
—La idea es ver cómo procedemos ahora con los concejales con este tema. Santa Rosa es una ciudad de servicios, necesita comunicaciones y si no tenés comunicaciones, no podés tener servicios y eso atenta con la posibilidad de sostener la economía en la ciudad.
—En Toay hay antenas en espacios públicos y no se escucharon voces de reclamos. ¿Los de acá, tenían un trasfondo político?
—De eso no tengo dudas. La misma conducción que en Toay no planteó nada y que allá tienen un terreno propio con una antena de una empresa de comunicaciones, acá viene con un discurso completamente distinto. Eso deja muchas sospechas.
Altolaguirre criticó la decisión de la cooperativa de resistirse a la ordenanza que ahora fue derogada. “Ellos en un momento pidieron un canal de diálogo, se les envía la nota para participar y luego desisten porque no quieren que se haga nada. Esto tiene que ver con tener un protagonismo político partidario que trabajando en lo que tiene que trabajar la cooperativa, que es una cooperativa de servicios y es nuestra cooperativa, la de todos”, dijo.
—¿Cómo califica la actitud de los concejales que primero aprobaron la norma y luego la derogaron?
—Se sintieron presionados por los medios porque fueron muy maltratados y en algunos casos, teniendo la conciencia clara y con una posición a favor o en contra, decidieron volver para atrás. Hoy por ejemplo, no sería posible que me hicieras esta nota. Vos estás trabajando con telefonía celular que no es cooperativa y la misma CPE hace las notas, el diario La Arena, usa telefonía celular. Las antenas 4G son importantes para transmitir los datos y para poder tener ese servicio que tenemos todos. Y para eso se necesitan inversiones y que el municipio y vecinos de la ciudad puedan recuperar de dichas empresas tasas para poder invertir en espacios públicos, bienes de capital.
—Los concejales oficialistas denunciaron que se colocaron antenas en tierras del gobierno provincial, ¿van a hacer algo en ese sentido?
—Eso tiene que ver con otras cuestiones. Hay sectores empresariales que no quieren que la municipalidad pueda ofrecer espacios propios en donde colocar antenas porque consideran que es una competencia con el sector privado y a la vez no quieren tributar por las antenas que tienen en sus propiedades.
—El argumento era tributar, pero se conoció que Telecom debía 5 millones de pesos, ¿por qué no se les ha cobrado?
—Sí se les ha estado cobrando. Eso se está judicializando. Las empresas y los vecinos tienen que pagar, como hizo Cablevisión en su momento.
—La sospecha de que hubo negociado detrás, un grado de connivencia, te puso en una situación incómoda?
—Los que hablan de sospecha, te diría que son los corruptos número uno de la sociedad. Son dueños de medios que han vivido de los recursos del estado y de los privados, trabajando en fuerza de lobby y hoy es una fuerza de lobby más. Las presiones vinieron de un lugar político partidario y también de un sector empresarial, porque la cooperativa es una empresa, pero no de los asociados.
Vino de un directorio que tiene su fuerza de lobby, que maneja y direcciona junto con medios escritos ciertos negocios y eso sí tiene que ver con la fuerza de lobby de una empresa local. En esto de que se volvió para atrás, no hay arreglos, sí un sector empresarial que no representa a los vecinos y sí a un sector exclusivo y muchos para hablar y como hablan en ciertos medios, cobran para hablar de esa manera, porque es la línea editorial que le bajan en base a quién le pone la plata.
Los concejales no dieron marcha atrás, derogaron porque los trataron de tal manera que se sintieron incómodos. No hay nada para ocultar. La idea es ver para ver cómo avanzamos nuevamente, porque se necesitan inversiones. Si querés, podemos vivir en Santa Rosa con la telefonía fija de la cooperativa y ver si estamos de acuerdo, volvemos a la Edad de Piedra, no hay problema, la telefonía fija está desapareciendo en el mundo.
