Será este martes en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación General, según confirmó su titular, Daniel Lipovetzky, tras el pedido del presidente Mauricio Macri el viernes pasado.
El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Daniel Lipovetzky, anticipó que este martes intentarán emitir dictamen del proyecto de ley de alquileres, tomando como base el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, con vistas a tratar de convertirlo en ley antes de fin de año.
El diputado del Pro señaló por radio Mitre que “vamos a avanzar con el proyecto para obtener dictamen este martes”, luego de que el presidente Mauricio Macri solicitara el viernes una nueva ley de alquileres y que el Congreso “avance pronto” en su aprobación.
Ya ese día, según contó parlamentario.com, se anticipó que eso no significaba que el Ejecutivo fuera a girar una propuesta, sino que Cambiemos reimpulsaría el debate en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Lipovetzky contó que “estamos tomando como base un proyecto con media sanción en el Senado y un nuevo proyecto que creemos que empieza a resolver los problemas de los inquilinos en la Argentina”.
Lipoveztky destacó que el problema afecta a “más de siete millones de argentinos que alquilan y que no tenían una ley”. Agregó que “la idea es explicarle a los senadores las modificaciones que creemos mejoran mucho el proyecto que enviaron”.
La reunión de la Comisión de Legislación General está prevista para este martes a las 14 en el Anexo C, 2do piso de Diputados.
Cabe recordar que la ley que cuenta con media sanción del Senado es resistida por distintos agentes del mercado inmobiliario. Representantes del sector pidieron ser convocados a una mesa de diálogo y consideraron que si se aprueba el proyecto los propietarios que tienen unidades en alquiler preferirán venderlas, bajará la oferta de locaciones disponibles y aumentarán los precios de los alquileres frente a una demanda creciente. Sin embargo, en el oficialismo negaron esta posibilidad.
Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), solicitó la convocatoria por parte del Gobierno para tratar la ley en una mesa sectorial. «El punto que más nos preocupa es que no nos hayan llamado para hacer nuestros aportes en Diputados», manifestó al diario La Nación.
El presidente de la CIA puso en duda algunos puntos del proyecto: en primer lugar, plantea que la actualización de los contratos no se haga a través de un promedio de índices, como prevé el proyecto -propone un promedio entre la variación de los precios y la de los salarios que informa el Indec-, sino que se tome una variable que, según su parecer, debería ser el coeficiente de variación salarial (CVS) o un ajuste en la UVA.
En igual sentido, José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario, explicó que, si bien se podría actualizar por un promedio entre precios y salarios, esas estadísticas se conocen con atraso. De hecho, el último CVS que informó el Indec corresponde a julio.
Sobre las garantías, Bennazar cree que deberían tomarse medidas más seguras. «No podemos aceptar una garantía con solo presentar un recibo de sueldo», dijo, y añadió: «Va a producir una retracción del mercado».
El abogado del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), Jorge Martínez Irigoyen, en coincidencia, argumentó que se deberían ofrecer más opciones que validen la situación de los inquilinos.
«El proyecto obliga al propietario a aceptar la garantía que quiera el inquilino. Se debería corregir que el inquilino pueda entregar un seguro de caución, un aval bancario o recibo de sueldo y que el propietario elija. Si se obliga al locador a aceptar las garantías del inquilino, muchos se van a retirar y se volcarán a la venta de su vivienda», continuó.
Otro de los aspectos de la ley que generaron disidencia entre los operadores fue la eliminación de las comisiones para los inquilinos. «No se puede quitar el pago de un honorario por una ley, ya que el inquilino tiene que tener la opción de elegir si quiere contratar ese servicio o no», analizó Bennazar.
Por su parte, José Rozados anticipó que la ley generará un traslado de los costos de los propietarios a los precios del alquiler y, ante una caída de la rentabilidad, bajaría la oferta de los departamentos disponibles para alquilar.
«El propietario va a trasladar el mayor costo a precio, y si no le cierra va a sacar su propiedad de la oferta de alquiler. Además, puede haber un desincentivo a la inversión porque se reduce mucho más la rentabilidad, que actualmente ronda el 3% bruto», sostuvo Rozados.
Por su parte, Lipovetzky defendió el proyecto y dijo que «no hay pruebas de retracción de oferta» en el mercado porteño, donde una ley similar rige desde el año pasado. «Intentamos hacer una ley equilibrada para todos los sectores; por supuesto que busca proteger al más vulnerable, que es el inquilino. Esta ley no regula precios y pensamos en una actualización semestral por el contexto inflacionario», explicó.
Los puntos centrales de la ley
Comisión
El proyecto propone que «las sumas que corresponden a comisiones u honorarios por los servicios prestados [de inmobiliarias u otros] deberán ser soportadas por el propietario y no podrán superar los máximos establecidos en cada jurisdicción. Si no los hubiere, no podrán ser mayores a un mes de alquiler»
Duración
La duración mínima de los contratos de alquiler pasará de dos a tres años «si carece de plazo expreso y determinado mayor… en locaciones destinadas a vivienda», dice el proyecto. Según los autores de la iniciativa, el objetivo es brindar mayor previsibilidad en el vínculo entre los propietarios y los inquilinos
Ajuste de precios
Para la actualización de los contratos se aplicará un índice que combinará el IPC (inflación) y el CVS (variación de salarios del Indec). Según el proyecto, el precio del alquiler deberá fijarse como un valor único y se podrán acordar ajustes de forma semestral que surgirán de un promedio entre esos indicadores.
