Pasadas las 10,30 comenzaron los alegatos de las querellas en el juicio de la Subzona 14 II, luego del cuarto intermedio por el faltazo del represor Luis Baraldini a la audiencia en la que las querellas iniciaron la lectura de los alegatos.
Los abogados querellantes Franco Catalani, Maximiliano Corroinca y Miguel Villagra, y Juan Resia se turnaron para acusar a los imputados en el segundo juicio a los represores pampeanos.
A las 12:10 el TOF fue notificado por la familia de Baraldini de que seguía internado en el Hospital con atención médica por problemas de presión. Mañana comienza la lectura de las acusaciones y no se sabe si el represor estará presente.
La lectura de las acusaciones fueron repartidas en partes iguales entre los abogados querellantes. El encargado de abrir la ronda fue el abogado Franco Catalani. Para comenzar hizo referencia a las declaraciones de los testigos y las acusaciones de los represores, apuntó a Reinhart quien señaló que “la denuncia presentada por las víctimas en la CIDH no tenía ningún valor”, y desmintió los dichos del represor.
Además, resaltó que todos los imputados argumentaron que “no tuvieron nada que ver” o que “cumplían funciones accesorias”.
Catalani señaló que Baraldini “había elegido especialmente a Yorio por sus cualidades para llevar adelante lo que él entendía como las funciones especiales para las cuales había sido designado en el cargo” y que no era “un simple mandadero”.
“Hace falta decir que el aparato de terror implementado por la Subzona 14, se preocupó especialmente en que los ejecutores del genocidio no fueran vistos y registrados. Parte de eso fue la eliminación de pruebas” y remarcó las torturas cometidas contra las víctimas que llevaban maniatadas y con vendas en los ojos, práctica que hacía imposible el reconocimiento de la cara del victimario..
Catalani recordó los argumentos de algunos de los imputados que señalaban que “fueron imputados siendo simplemente oficiales que cumplían órdenes y no a otros que no fueron incluidos en el juicio”, a lo que planteó que “eso no le resta responsabilidad”, y manifestó que “habrá que hacer otro juicio donde se los incluya”.
También cuestionó la idea de que “La Pampa fue una isla” durante el terrorismo de Estado, haciendo alusión a lo declarado por Baraldini quien había dicho que “no hubo muertos ni desaparecidos mientras él estuvo al mando de la Policía” y recordó a las víctimas desaparecidas y asesinadas pampeanas.
“Todos hicieron alusión a la obediencia debida. Otra cuestión que está completamente zanjada. Esto no le excluye la responsabilidad por las acciones cometidas”, remarcó.
El abogado echó por tierra las versiones de los represores que señalaron que las víctimas buscan “revancha” y que “hacen negocio de los derechos humanos” y recordó que el Estado ya reconoció los crímenes que se están juzgando en el juicio.
CONTEXTO
En segundo lugar, el abogado Miguel Villagra, se encargó de contextualizar la represión ilegal de durante la dictadura en nuestra provincia.
“El plan económico de esta última dictadura, fue el verdadero objetivo de la junta. Esto se basaba en una estatización de una deuda privada de más de 20 mil millones de dólares”, dijo al explicar por qué hubo un objetivo para llevar a cabo los crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía, y agregó números para graficar el tenor de ese plan.
Seguidamente expuso los argumentos para desmentir porque “La Pampa no fue una isla”, y recordó que formó parte del engranaje del Plan Condor que incluye no solo a nuestro país sino en otros países como Brasil, Chile y Paraguay. “No fuimos un caso aislado como país, ni tampoco estuvimos disociados de lo que paso en la provincia con respecto a la Nación”, remarcó.
“Ha quedado demostrado a través de los traslados y la comunicación entre los diferentes distritos del país, y como muchas veces se implementó el modus operandi de aniquilar personas en un lugar y plantar el cuerpo en otra provincia. Nada de lo ocurrido en La Pampa se produjo de manera aislada”, sostuvo.
Continuando con la construcción de ese contexto en el que se desenvolvió dicho plan en nuestra provincia, recordó la orden por el cual las fuerzas policiales quedaban bajo el mando de las fuerzas armadas. A eso, agregó la complicidad civil en lo que la junta llamó la “lucha contra la subversión”, y que durante el juicio fue mencionada como “la comunidad informativa”.
Retomó lo dicho por Catalani sobre la imposibilidad de las víctimas de ver a sus torturadores por tener los ojos vendados y recordó que la documentación que el grupo de tareas de la policía pampeana tenía sobre la represión ilegal fue incinerada por orden de las fuerzas militares.
Villagra además recordó que la represión ilegal en nuestra provincia comenzó antes del golpe de Estado del 76, como ocurrió con la Triple A. Dijo que “no se empezó a trabajar a partir del 24 de marzo del 76 la lucha para la eliminación de la subversión”, sino que “esa fue la fecha de la concreción de lo que ya venía ocurriendo”.
Centros clandestinos de detención y tortura. El abogado recordó la ilegalidad de los procedimientos, que al final de las torturas, y en muchos casos la violación sexual, como se comprobará en el próximo juicio, esto venía acompañado de la firma de un acta a punta de pistola.
Además, dijo que la Justicia también fue parte de todo el terror, ya que “intentaban hacer pasar” los procedimientos ilegales encubriéndolos.
Villagra planteó a su vez que la idea del “adversario, la subversión” fue una “construcción ficcional”. Y recordó que en La Pampa no existió tal “enemigo” y mencionó el atentando con la bomba que se hizo explotar en ATE y que quisieron hacerlo pasar como un acto del terrorismo subversivo.
“En nuestra provincia se construyó algo que nunca existió. Pretendieron cumplir mandatos que de manera orgánica y estructurada bajaban de Buenos Aires”, indicó.
Responsabilidad del Gobierno de La Pampa. Otro aspecto que señaló, fue la “constante intención de disociar lo que desde el Gobierno se emanaba y lo que concretamente se ejecutaba desde las fuerzas policiales”.
“La gravedad de las aberraciones que se concretaron en la Seccional Primera y en los otros centros tiene una estrecha relación con el accionar del Gobierno de La Pampa”, reforzó.
“¿Quién pagaba los viáticos?, ¿quién proveía las armas y los automóviles cuando iban a secuestrar a las víctimas que declararon en este juicio?”, se preguntó y recordó las intervenciones de las estructuras institucionales de la provincia.
Por otro lado apuntó a la complicidad civil en las acciones concretadas por quienes estuvieron al frente de la represión, y señaló que “hubo muchos actores que no solo dieron el visto bueno a estos hechos sino que también participaron de los mismos”.
Además de mencionar el rol de las instituciones promoviendo el proceso, también se refirió a los grupos de personas que fueron informantes en Santa Rosa, General Pico y Jacinto Arauz.
Mencionóo a todas las víctimas pampeanas del terrorismo de Estado, entre los cuales mencionó a los caídos en la guerra de Malvinas. También recordó a la nieta recuperada, hija de Lucía Tartaglia.
Por último, recordó que se está en un momento oportuno para obtener “Memoria, Verdad y Justicia”.
A su turno, Juan Recia, querellante por Raquel Barabaschi, víctima de la represión ilegal, adelantó lo que luego será la explicación del orden de responsabilidades en los crímenes cometidos.
“Entendemos que hay responsables que cumplían funciones superiores en la policía y en el ejército y emitían las órdenes para que se llevara la represión ilegal e inconstitucional” y mencionó en primer lugar al ex secretario de la gobernación, Omar Greppi y el ex jefe de la Policía, Luis Enrique Baraldini.
Explicó que uno actuaba ordenando, denominado “autor mediato” y el otro ejecutando, ambos a través del aparato organizado de poder como lo es la Subzona 14.
“Lo sucedido es que hubo un aparato que se apropió del Estado, creó su propio derecho, dictó distintas normas, y que es la creación del derecho penal del enemigo (teoría de la criminología crítica)”, dijo.
A su vez se refirió a la “acción psicológica” sobre los autores directos y sobre la población civil para que el plan sistemático se llevara a cabo.
Otro tema que tomó Recia fue la mención sobre los dichos que apuntan a la “extinción de los delitos” y advirtió sobre de la “imprescriptibilidad” de los mismos.
GENOCIDIO
Catalani retomó la voz para argumentar porque lo que se juzga en este proceso se califica como “genocidio”.
El abogado recordó que “14 tribunales de todo el país han recogido la calificación de genocidio” y mencionó algunos de los cuales fundamentan porque lo que cometieron las fuerzas armadas contra el pueblo fue un genocidio.
Apuntó a la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de un delito penal internacional que rige pese a la falta de una interpretación nacional que termine de completar las letras de un delito internacional establecido.
A su vez repasó el manual de prácticas en el que se basó la aplicación de ese plan sistemático de extermino que se llevó a cabo durante la dictadura por las fuerzas armadas. El aparato de terror.
“Todo esto se logró, y tiene efectos hasta el día de hoy. Lo que se hizo al 76 fue acudir a la solución final, la eliminación de las personas y la desaparición física de los cuerpos”, expresó.
“El delito es internacional. Debe haber una sentencia que adecue esos tipos legales internacionales a los nacionales. Y que el Estado Nacional no haya elaborado el delito, no invalida a que los tribunales puedan aplicarlo”, remarcó.
Con respecto al lapso temporal sobre la instalación del genocidio en nuestro país hay varios fallos que dan fechas previas al golpe de estado del 73 calificados como genocidio, como lo es el caso conocido como la masacre de Trelew del 72.
El mando establecía cuales eran los grupos a eliminar en el país y nuestra provincia. En su mayoría trabajadores, estudiantes, y militantes sociales y políticos, señalados a partir del comienzo del proceso de reorganización nacional.
La Pampa no fue una isla. “Quedó demostrado que esto no fue así. Que hubo secuestrados pampeanos en otras provincias, o viceversa y también quienes fueron trasladados a otras jurisdicciones. Todo esto ilustra la conexión acabada en todo el país para la implementación de la represión y la eliminación de un grupo nacional”, explicó Catalani.
El abogado recordó que “las personas eran secuestradas pasando por alto toda legalidad con un objetivo específico, que era asumir determinada pertenencia política, dar información, favores sexuales” y que por eso no se sostiene que se constituye como un acto simple de “privación de la libertad”, porque “no se saltearon un procedimiento legal, no fue para nada normal”.
También se refirió a los tormentos y que estos “no constituyen únicamente los físicos sino también los psíquicos”, el allanamiento “que servía para plantar cosas en las casas y en la construcción de ese supuesto enemigo”, la asociación ilícita, entre otras acusaciones.
