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Campaña electoral: los partidos podrían pagar multas que van de 90 mil a 150 mil pesos por infracción

3 diciembre, 2018
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Con el afán de preservar la limpieza de la ciudad y engordar las arcas municipales, la gestión de Leandro Altolaguirre notificó a los partidos políticos que deben colocar publicidad en los lugares permitidos, previa autorización. Y que terminado el proceso, electoral, deben sacar los carteles que pusieron.




La comuna local les informó a los partidos políticos y/o alianzas electorales “que la sanciones establecidas por la ordenanza número 5839/2018, por falta de notificación por escrito, para la fijación de cartelería colgante y/o adherida de carácter temporal, con fines propagandísticos, ascienden hasta 3000 unidades fijas (3000 UF)”. La UF (Unidad Fiscal) equivale al precios de listo de nafta premium al momento de la infracción.

“La sanciones previstas son aplicables solidariamente a quienes infrinjan  la misma y a las personas humanas o jurídicas mencionadas en la cartelería”, indican. Traducido, paga el partido y paga el que hace la pegatina.

Además, por falta de limpieza o remoción total de la propaganda “corresponderá una sanción de hasta 5000 U fijas (5000 UF) para las personas humanas o jurídicas que hayan  realizado la acción, siendo solidariamente responsables las personas humanas o jurídicas mencionadas en la cartelería”.

Segundo intento. El gobierno del radical Leandro Altolaguirre quiso aplicar una ordenanza similar para las legislativas de 2017 pero la unión de las fuerzas políticas se lo impidió.

Es que pretendía cobrar la sanción por adelantado: quienes pegaran cartelería política tenían que abonar un «seguro de caución» equivalente a 3 sueldos categoría 16 de la ley 643. Cuando lo discutieron, equivalían a unos 45 mil pesos.

Ante la reacción de las fuerzas minoritarias, que no podían pagarlo, los concejales revieron la normativa. Se trataba de una legislación que apuntaba a la concentración en los partidos con poder económico y a eliminar de la competencia a expresiones minoritarias o con escaso poder para financiarse.

Esa ordenanza fue revisada y quedó la que rige hoy: no hay seguro de caución, pero la sanción es durísima para aquellos que no cumplan.

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