Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio Subzona 14 II. La etapa de alegatos está llegando a su fin y se espera que mañana pidan las condenas para los represores. Para el cierre, Raquel Barabaschi y Juan Carlos Pumilla, víctimas y querellantes en la causa, harán una exposición.
Los abogados querellantes Maximiliano Corroinca, Franco Catalani, Juan Resia y Miguel Villagra, repasaron los más de 230 casos de las víctimas del terrorismo de Estado con las acusaciones correspondientes a los represores. El miércoles 5 de diciembre planean emitir el pedido de condena y se espera una gran convocatoria. El 18 y 19, las dos ultimas audiencias del año, será el turno de la Fiscalía. Para la sentencia habrá que esperar hasta después de la feria judicial.
Hoy finalizó su intervención Corroinca. Como en las lecturas de sus predecesores, el letrado dividió por grupos a las víctimas para ordenar la escucha del Tribunal. En primera instancia repasó el caso de los empresarios vinculados a la construcción y la obra pública de la provincia, a quienes el gobierno de facto les armó causas por «coimas».
El ministro de Obras Públicas de facto, el coronel Enrique Rechi, buscaba hacer negocios con su empresa y mandó a Baraldini, Fioruccio y Constantino a detenerlos sin orden judicial. Fueron interrogados y obligados bajo tortura a decir que fueron parte de un entramado de irregularidades en las contrataciones de la obra pública provincial.
Por estos delitos, el abogado responsabilizó a Baraldini, Greppi, Yorio, Reinhart, Gatica, Pérez Oneto y Reta por los delitos de asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio.
También fueron acusados de «subversión económica» un grupo de comerciantes y corredores de hacienda, que durante el trámite se aportaron los testimonios que demostraban una animosidad manifiesta por parte de los integrantes de la patota militar contra estos, y por lo que también fueron víctimas de una causa armada. Por esto, Baraldini, Greppi, Reta y Cenizo fueron los imputados en relación a estas detenciones ilegales, torturas y genocidio.
Por último, Corrinca repasó dos casos que incluyen delitos sexuales contra la integridad de las vícimas. Así lo manifestó una de las víctimas de la causa, detenida en General Pico y posteriormente trasladada a la Brigada de Investigaciones. La misma reconoció a Fiorucci en el vehículo en el que la trasladaron, sin identificaciones. Fue sometida a interrogatorios y tormentos, mientras era amenazada de muerte. Los cabos Sosa y Brizuela la llevaban de la celda a la habitación donde era sometida a las sesiones de torturas. Durante esos episodios también reconoció a Athos Reta, este la llevó de la Brigada de Investigaciones a la Seccional Primera, y a Reinhart. Este último intentó propasarse al llevarle comida al calabozo, pero quien incitaba permanentemente a tener relaciones sexuales era Fiorucci, según la declaración de la víctima de febrero de 1984.
La querella hizo especial énfasis en la distinción de los delitos sexuales para que se evite la negación de las responsabilidades que le cabe a cada uno de los imputados.
La otra víctima fue detenido en la vía pública por Reinhart y Gualpas, el 9 de julio de 1976. Lo llevaron a la Primera. Lo vendaron y lo golpearon con los puños. Lo esposaron por debajo de una camilla. Lo picanearon y le pusieron una bolsa en la cabeza para el interrogatorio.
Declaró que «Reinhart le pasó su pene por la cara y por la boca». También dijo que tuvo que tomarse su propio pis. En la Primera vio también al médico Pérez Oneto, y más tarde, en otro contexto, a Gauna, quien dijo lo torturaba.
Baraldini, Greppi, autores de asociacion ilítica, secuestro agravado, abuso deshonesto y genocidio. También a Reinhart por abuso deshonesto.
A su turno, Miguel Villagra, comenzó con la lectura de los casos de los detenidos de Alpachiri: Luis Brodsky, Echavarría Arturi, Fogost Favio, Fernández Enrique. Detenidos el 2 de julio de 1977. Y también los de la empresa García Hnos: Hubito Ravanal (fallecido).
Por Brodsky responsabilizaron a Baraldini por asociación ilícita, privación ilegal de libertad, tormentos y genocidio. En tanto, Echavarría Arturo, Fernández Enrique y Fogost Favio, sin responsable penal por que quedaron fuera del juicio.
En el caso de Ravanal responsabilizaron a Baraldini por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y genocidio.
Otro grupo de víctimas es el de los empleados judiciales: Alvarez Ricardo Hernán, Demarco Federico, Nevares Rolando, Villanueva René, Brower de Koning Juan José, Ghigliani Alejandro, Uncal Juan de Dios.
Por todos los casos, salvo el de Hernández, se responsabilizó Baraldini y Greppi por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio. El caso de Hernández quedó sin responsable legal por que quedaron fuera del juicio. También a López por privación ilegal de la libertad.
También leyó el grupo del procedimiento «requisa» que incluye a la familia de los «Beco» Rodríguez: militantes peronistas, trabajadores de la construcción, vivían en el barrio de viviendas sociales que llevaba el nombre por el apodo del padre de la familia Rodríguez. Incluye los casos de Julio Centurion, Garrido Reyes Arturo, Rodriguez Abel, Rodriguez Delfor, Rodríguez Ramón, Coronel de Rodríguez, maría Cristina, Rodríguez de Muñoz, María, Rodríguez Arturo, Rodríguez Inocencio.
Por este, responsabilizaron a Baraldini y Greppi por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, violación de domicilio y genocidio. También a Yorio, Athos Reta, Reinhart, Fiorucci, Cenizo, López, Gatíca, por asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tormentos y genocidio.
Otro grupo es el de los detenidos de Intendente Alvear: Benito Alberto Omar, Elias Ruben Jorge, Julio Alberto, Machado Francisco, Orazola Domingo, Pepa Héctor, Vasallo Nelson, Arena Garibaldi Francisco, Duran Omar, Erquicia José Martín, Kolinas Ismael, Mendiburo Graciano, Pepa Benigno, Seisdedos Pablo.
Acusaron la responsabilidad de Baraldini y Greppi por asociación ilícita, secuestro agravado, violación de domicilio, tormentos y genocidio. De Gatíca y Pérez Oneto por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio. Y por último de Orlando Osmar Pérez, por asociación ilícita, secuestro agravado, violación de domicilio, tormentos y genocidio.
El último grupo que leyó Villagra fue el de los funcionarios y familiares del gobierno: Aye Jesús, Cisneros Hugo Avellino, De Diego Rodolfo, Flores Julián, Gutierrez Emilio, Medina roque, Navarro Nicolás, Regazzoli José Aquiles, Rivero Walter, Bediz Clemente, Cuevas Everto, Emer Walter, Finello Jorge, Martínez Héctor, Molina René, Regazzoli José alberto, Regazzoli Zelmira, Roma Justo, Sanders de Trucci Nery Greta, Vergara Marcelino, Vlasich Victorino Segundo, Vivas de Ojeda Francisca y Zolecio Héctor Manuel.
Se señaló la responsabilidad penal de Baraldini y Greppi por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio. También Reinhart, Yorio, Cenizo por secuestro agravado, tormentos y genocidio. López, Orlando Osmar Pérez, Juan Domingo Gatíca y Perez Oneto, asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio.
El 18 y 19 de diciembre se desarrollarán las últimas audiencias de 2018. Durante esos días, el fiscal Leonel Gómez Barbella cerrará la ronda de alegatos. Se espera que las defensas hagan lo propio, pero será durante los primeros meses de 2019, después de la feria judicial. Tras la finalización de la etapa de los alegatos, el Tribunal emitirá la sentencia.
